Fueron días de balaceras, de quema de casas, de comercios y de autos. Finalmente, más de cuatro mil pobladores del ejido de Tila, al norte de Chiapas, tuvieron que dejar sus hogares en un éxodo dramático: tras la llegada del Ejército y de la Guardia Nacional salieron del lugar llevando en brazos a niños y adultos mayores, y cargando bolsas, mochilas, maletas con lo poco que pudieron sacar.

“Tuvimos que salir de Tila porque la verdad ya no era vida… Todos estábamos encerrados adentro de las casas, esperando a ver a qué horas nos iba a tocar a nosotros… Salimos sin nada, sin las ropas, con los brazos vacíos, porque ya no podíamos estar… Ya dejamos nuestras mascotas, nuestros animalitos, ya de plano estamos en la calle… La gente estuvo pidiendo auxilio desde hace años, que esa delincuencia no creciera, sin embargo, nunca fuimos escuchados… Toda esa masacre se pudo haber evitado”, informó una mujer en un testimonio recogido por el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa Chiapas.

Cuando el Ejército entró, había gente escondida hasta debajo de las camas. Se habían quedado sin luz, sin señal de internet, sin agua y sin comida. Los Autónomos, un grupo de ejidatarios que alegan ser propietarios de las tierras donde se alza el Ayuntamiento y se extiende el casco de la población, habían sitiado las entradas y salidas de Tila y anunciado una limpia “casa por casa” para desterrar a los avecindados, quienes se llaman a sí mismos Los Legales (porque afirman poseer documentos que los acreditan como propietarios de sus tierras), y enfrentar a una organización criminal conocida como Grupo Karma.

Un total de 17 inmuebles fueron quemados y más de 21 vehículos vandalizados. Dentro de las ruinas de uno de los domicilios el Ejército encontró los cuerpos calcinados de dos personas.

En las calles, mientras tanto, privaban la histeria y el horror. Gente llorando, gritando y pidiendo ayuda, se acercaba a los uniformados para que los sacaran del pueblo.

De acuerdo con Luis Abarca, coordinador del Comité Digna Ochoa Chiapas, lo que hace medio siglo comenzó como un conflicto político y agrario, terminó convirtiéndose en una disputa detrás de la cual se encuentran los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación: se trata una pugna por el control de rutas, del tráfico de drogas y de personas, de extorsiones al transporte, y del cobro piso a locatarios y comerciantes, quienes han denunciado cobros de entre 50 mil y 70 mil pesos mensuales.

En octubre de 2020, el enfrentamiento entre ambos grupos dejó varios muertos: el Digna Ochoa habla de cuatro ejecutados y dos desollados. Desde meses antes se había pedido la ayuda del gobierno estatal y federal, pero no hubo respuesta.

La tensión siguió creciendo a lo largo de cuatro años, “con la omisión y la complicidad del gobierno”, afirma Abarca.

El presidente López Obrador acaba de decir en la “mañanera” que los desplazados “son pocos”, que su número “no es significativo”.

Para Luis Abarca, sin embargo, los más de cuatro mil desplazados que reporta Protección Civil pertenecen solo al ejido de Tila, y no a los ocho anexos que lo componen: la población de Cantioc, por ejemplo, “ya se fue completa”, y no hay registro de los pobladores que en la sierra se desplazan “de manera silenciosa”. En Chicomuselo, por ejemplo, han sido desplazadas de manera forzosa, 3,700 personas. Abarca calcula que el número total de desplazados puede llegar a 12 mil.

Desde mayo pasado Los Autónomos habían anunciado que entrarían a Tila para hacer justicia casa por casa. “El gobierno fue avisado y no intervino. El Ejército tampoco. Dejaron a la gente abandonada y se cumplió la amenaza. Cuando el presidente dice que se trata del pleito entre un pueblo, sus palabras son encubridoras de los cárteles: su guion es el mismo, negar la realidad. En esta inmensa tragedia hay plena responsabilidad del presidente y del gobernador”, declara Abarca.

Pobladores de Tila afirman que el viejo conflicto agrario cambió de perfil claramente en los últimos cuatro años, cuando se hizo inocultable la aparición de vehículos blindados y armamento de alto poder. Hoy, hacinados en albergues de Petalcingo y Yajalón, miles de habitantes de ese ejido han entendido que no podrán volver: saben que si regresan, los van a masacrar.