Desde su anuncio, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha plantado cara a la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que volvió al centro del debate luego de la intención presidencial de aprobarla en septiembre próximo, tras el contundente triunfo de Morena el 2 de junio.

En diversos foros y espacios, realizados desde noviembre pasado a la fecha, los ministros centraron su rechazo al plan de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo de la ciudadanía, al considerar que esta medida rompería con la colaboración entre poderes y la estabilidad en el cargo de los juzgadores.

Uno de los más férreos críticos a la propuesta, que fue abierta al diálogo nacional por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en abril pasado advirtió de una regresión a la época cardenista si se modifica la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Modificar la estructura de la Corte para pensar en una nueva recomposición, como lo hizo el general Cárdenas en su momento dado, es para que estén en la Corte únicamente y exclusivamente los que tengan esa visión electoral, entonces eso sí me preocupa”, expuso durante un foro organizado en abril por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, afirmó que la propuesta representa un experimento que no ha tenido buenos resultados en otras latitudes.

“Se nos dice que la elección popular no implica la adscripción partidista, pero no queda claro cómo puede extraerse la elección de la marea de retórica que envuelve a esta última; se nos pide abandonar el progreso de décadas por la incertidumbre de un experimento cuyos resultados en otras latitudes no ha sido, desde mi punto de vista, particularmente afortunado”, criticó

Incluso fue más allá al manifestar que “hay que estudiar lo que pasó en la Alemania nazi para entender lo que puede pasar si no se respeta la democracia, si no se respeta a los poderes judiciales y la posibilidad de lo que se construyó en 30 años quede para la historia”.

Antes, en el marco del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, celebrado el 5 de febrero en Querétaro, el ministro Alberto Pérez Dayán dejó en claro que “el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, citando las palabras del constituyente Paulino Machorro y Narváez.

En noviembre del año pasado, durante la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propuesta para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los abogados que necesita la Corte tienen un perfil específico que no se alcanza en las urnas.

En el mismo foro, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, señaló que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe estar integrado de manera distinta a los representantes populares.

“El Poder Judicial tiene una confirmación y debe ser integrado de manera distinta: a través de los representantes populares, con garantías, colaboración de poderes y demás. Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos?

“Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”, subrayó.

A diferencia de la mayoría del pleno, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama solamente se han pronunciado sobre la urgencia de una reforma estructural al Poder Judicial de la Federación, pero nada respecto a la elección de jueces.

“Hoy la sociedad desconfía de la justicia y ante este diagnóstico es necesario reflexionar sobre la pertinencia y la urgencia de una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales, para, así, asumir con el texto constitucional y servir mejor a nuestro país en una sociedad”, consideró Batres Guadarrama.

Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que el Máximo Tribunal no cederá “ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial”.

Para el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la “función judicial implica decidir interpretando la Constitución de lo que corresponde en derecho y en justicia, lo justo, y no necesariamente la decisión más popular ni la más política. De ahí la naturaleza del Poder Judicial como árbitro, contrapeso y como órgano contramayoritario”.

“Yo creo que nadie quiere regresar al régimen de 70 años de hegemonía de un partido único que controlaba a los demás poderes”, expuso por su lado el ministro Javier Laynez Potisek.