Como sucede hasta en las mejores familias, con la muerte de un ser querido siempre salen a relucir no solo los sentimientos que los familiares y amigos le profesaban al difunto, sino que también los resentimientos, las reyertas o hasta los pleitos afloran entre los deudos. Y si a todo eso se le suman los asuntos de los dineros, ya sea que haya alguna herencia o incluso que ya no quede nada que cobrar, entonces con el sepelio aflorarán también las divisiones, los enfrentamientos y las acusaciones mutuas.

Todo eso está empezando a suceder con la pérdida del registro que se le aplicará al Partido de la Revolución Democrática, por no haber alcanzado, en las pasadas elecciones federales del 2 de junio, el 3% de la votación nacional que establece la Ley electoral para que pueda ser reconocido legal y oficialmente un partido político.

La fuerza política que después de haber jugado un papel fundamental e histórico en el avance de la transición democrática en México, abanderando lo mismo a la izquierda histórica en el país, heredera del Partido Comunista, de las guerrillas de los años 70 y de las luchas por las libertados y contra la represión y la censura del régimen cerrado y de Partido de Estado que empezaron los movimientos estudiantiles del 68 y el 71, desaparecerá al no tener ya el registro oficial, porque antes de este resultado del pasado domingo, ya se encontraba en una condición crítica y sin los militantes y la estructura que alguna vez tuvo y que lo llevó a gobernar la Ciudad de México, junto con varios estados y municipios del país, además de tener una representación importante en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.

Empezó ya el reparto de culpas que, inevitablemente, apunta hacia el último dirigente nacional del perredismo, Jesús Zambrano, y hacia su corriente política denominada “Los Chuchos”. Paradójicamente ese grupo se convirtió en la fuerza interna dominante a partir del año 2006, justo durante la primera campaña presidencial de López Obrador, a quien ellos apoyaron e impulsaron en aquella candidatura; pero también “Los Chuchos” pagaron el precio de haberse vuelto una fuerza hegemónica y en sus 18 años al frente del perredismo terminaron convirtiendo al llamado sol azteca en un partido de tribus y corrientes que terminaron repitiendo el vicio histórico de las izquierdas, que es el canibalismo político y la autofagia interna entre grupos y liderazgos que se disputan el control partidista.

Jesús Ortega y Jesús Zambrano, junto con otros personajes como Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo “Galileos” que se alió con ellos, se repartieron el control del PRD durante los últimos tres sexenios con ellos como dirigentes, además de Agustín Basave. Y el férreo control, incluso patrimonialista, que ejercieron en el partido izquierdista, los llevó a perder a sus fundadores históricos, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, primero, y luego a varios exlíderes nacionales que abandonaron el partido en busca de otros derroteros, inconformes con el manejo del partido: Andrés Manuel López, Amalia García, Pablo Gómez Álvarez y Leonel Cota Montaño fueron parte de las desbandadas y rupturas que sufrió el perredismo.

Pero de todos los rompimientos, el que terminó siendo el más letal y costoso para el sol azteca y para “Los Chuchos” fue el que tuvieron con López Obrador después de su segunda derrota en las elecciones presidenciales del 2018. Las diferencias que comenzó a tener el tabasqueño, cuyo movimiento a nivel nacional ya había crecido y superaba con mucho a la estructura perredista, con Ortega y Zambrano los hicieron entrar en una ruta de choque. Ya desde que obtuvo su segunda candidatura presidencial, en octubre de 2011, Andrés Manuel había fundado Morena, como una Asociación Política Nacional con reconocimiento del INE, pero no fue hasta que perdió la contienda presidencial con Enrique Peña Nieto, el 9 de septiembre de 2012, cuando el ahora Presidente hizo pública su salida de las filas perredistas para dedicarse a la creación y consolidación de su propio partido político.

Con la creación de Morena, ya como partido con registro oficial en julio de 2014, López Obrador comenzó a devorarse no sólo la estructura territorial y las bases que había logrado construir el perredismo, principalmente en la Ciudad de México, al mismo tiempo que comenzó a invitar y a aceptar las adhesiones de la mayoría de los cuadros políticos y liderazgos del PRD que se “transformaron” en morenistas. Ya para 2015, cuando el partido lopezobradorista dio su primer campanazo al ganar 35 diputaciones federales, entre mayoría y plurinominales, además de volverse la fuerza dominante en el Congreso de la Ciudad de México con 18 distritos electorales ganados y varias alcaldías, como la de Tlalpan, a donde llegó en ese año Claudia Sheinbaum Pardo.

Y mientras López Obrador los desfondaba, aunque los perredistas mantenían el gobierno de la CDMX, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo, Los Chuchos aceptaron negociar y firmar el Pacto por México con Enrique Peña Nieto como Presidente y apoyar reformas como la energética y otras que contravenían posiciones históricas de la izquierda mexicana, con lo que la sangría interna se agudizó. Para 2018 el debilitamento era tal, que el PRD tuvo que recurrir a una alianza atípica con el PAN, con la que no sólo perdió más votación, sino que terminó por entregarle lo poco que le quedaba de su antigua fuerza al obradorismo y a Morena.

Hoy que comienzan las exequias del partido que abanderó las luchas de la izquierda por más de dos décadas en México, empiezan a emerger también las denuncias internas y, desde el interior del PRD se hacen señalamientos en contra de Jesús Zambrano, a quien se acusa de haber violentado un acuerdo del Consejo Nacional que modificó los estatutos internos para que el presidente y la secretaria general del Partido no cobraran por sus cargos, que se volverían totalmente honorarios. Sin embargo, señalan las fuentes perredistas, Zambrano comenzó a cobrar a partir de esa misma fecha, en efectivo, 150 mil pesos mensuales, mientras que a los secretarios del CEN se les pagaban 30 mil pesos mensuales.

Para obtener esos pagos en efectivo, afirman, se contrataba a empresas factureras con las que se simulaban contratos y pagos por servicios, para que devolvieran la mayor parte del dinero y poder cubrir los pagos de salarios y otros gastos del CEN. Con esa operación asocian al exdirigente perredista Ángel Ávila y a su hermano Aldo Ávila, además de que las mismas fuentes del partido sostienen que Zambrano recibía “apoyos” económicos de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y de alcaldes de la CDMX, como Julio César Moreno, de Venustiano Carranza; Victor Hugo Lobo, de la GAM, y Mauricio Toledo en Coyoacán.

¿Qué más veremos y nos enteraremos en los funerales del partido de un sol que terminó extinguiéndose como los cinco soles de la cultura azteca?

NOTAS INDISCRETAS…

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que terminó acatando las decisiones y las prisas del presidente López Obrador para aprobar en septiembre próximo y en la agonía de su sexenio su llamado Plan “C” y quizás otras de las 20 reformas constitucionales que tiene pendientes, apenas si logró imponer su idea de una “gran consulta nacional” con la que sustituyó a su propuesta original a los mexicanos de realizar un ejercicio de “parlamento abierto” amplio y a fondo, antes de decidir votar o discutir dichos cambios constitucionales. Y para tratar de disimular que al final se tuvo que plegar en su primer diferencia y choque con su tutor político, ahora la doctora ofrece que mandará hacer una “gran encuesta” también “nacional” para preguntarle a los mexicanos su opinión y percepción sobre el trabajo de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Y conociendo de antemano que durante su campaña y aún desde más de un año antes de comenzarla, Sheinbaum tuvo contratadas y bajo su nómina a las encuestadoras más grandes e importantes del país, ya podemos desde ahora anticipar el resultado de la encuesta, sin ningún temor a equivocarnos: “los mexicanos dijeron mayoritariamente, con porcentajes que van del 60 al 80%, que los jueces y magistrados son corruptos, sirven a intereses y que apoyan un cambio en la integración del Poder Judicial federal, empezando por la Suprema Corte y sus integrantes, que deben ser electos por el voto popular”. ¿Así o más burda la simulación de “consultas y encuestas”?...Los dados repiten Serpiente. Segunda caída de la semana.