Un halcón del Cártel Jalisco en Tecomán, Colima, admitió que el 15 de enero de 2023 recibió un mensaje en el que le ordenaban “venadear” a dos personas que viajaban por la carretera federal 200 a bordo de una camioneta blanca. Al grupo del que formaba parte le indicaron “que no se les fueran a pelar, porque se si se nos pelaban nos chingaban”.

Cerca de diez halcones se instalaron entre el puente de Coahuayana y los topes del Cerro de Ortega: la zona de operación de Óscar Fernando Arreguin, El Anzuelo, y un sujeto apodado El Sky, jefes de plaza de Tecomán.

Las personas que debían detener era el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder de comuneros de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz.

Ese día, el abogado Lagunes Gasca y el maestro Díaz, como le llaman en Aquila, habían participado en una reunión donde se trató el incumplimiento acuerdos por parte de una de las mineras más grandes del país, Ternium, que explota hierro en la región; los intentos de ampliación de los concesionarios de la mina sin permiso de los comuneros, y la convocatoria para elegir al comisariado de bienes ejidales de Aquila.

Se trata de una zona de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, que causan sobre todo la disputa de las regalías que paga la minera por cada tonelada de mineral extraído (unas 28 mil toneladas al mes), lo que, desde luego, ha atraído como imán a los cárteles.

Hasta su desaparición, el maestro Díaz era representante del grupo mayoritario de comuneros de Aquila, que se enfrentaba con un grupo minoritario, que se ostenta sin embargo como representante de la comunidad ante la minera Ternium. Lo dirigía un expresidente municipal de Aquila, involucrado en el “Michoacanazo”: José Cortés Ramos, conocido como Cochelo.

La reunión de los comuneros se extendió tres horas. Lagunes y Díaz hablaron con algunas personas, fueron a medir un terreno, comieron en un restaurante y salieron poco después de las seis de la tarde rumbo a Colima. Según los comuneros, días atrás les habían informado que sus nombres formaban parte de una lista de personas acusadas de entorpecer tanto los trabajos de la minera, como el de los grupos del crimen (cobro de piso, tala clandestina, instalación de retenes en brechas y caminos).

La última actividad del teléfono del maestro se registró precisamente en Cerro de Ortega, donde los halcones los estaban esperando.

La camioneta del abogado fue hallada esa noche a un lado de la carretera, con las llantas ponchadas a tiros. Dentro del vehículo se halló su teléfono celular, pero no el del maestro. Fue el inicio de una tortuosa cadena de omisiones, incompetencias, opacidades e irregularidades: las autoridades no recuperaron huellas dactilares, no tomaron fotografías del vehículo, no precisaron el calibre de los casquillos, ni la trayectoria de las balas.

El halcón cuya declaración he referido líneas arriba, asentó: “Eran aproximadamente las siete de la noche cuando al ir pasando los vales comuneros… les tiraron de balazos, los bajaron de la camioneta… Tomaron parte los tripulantes de un auto blanco, una camioneta entre roja y guinda, un carro gris, una camioneta negra… Ya después supe que los levantaron porque se andaban poniendo al pedo con las minas…”.

Tres días después de la desaparición, el Cártel Jalisco subió a redes sociales el video de un interrogatorio en el que el maestro Díaz admitía que bajaba recursos de la minera para líderes de autodefensas ligados a Cárteles Unidos: los enemigos del Cártel Jalisco.

De inmediato, en las mismas redes sociales se identificó al autor del interrogatorio: era un lugarteniente del Cártel Jalisco: Óscar Fernando Arreguin.

Familiares de Díaz y comuneros de Aquila declararon que conocían la trayectoria del maestro desde hacía más de una década y que su trabajo había favorecido a la comunidad en diversos litigios ante los tribunales agrarios. Sostuvieron que lo habían obligado a declarar bajo tortura.

Familiares de las víctimas, así como organizaciones de México, Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo, presentaron una acción urgente ante la ONU para exigir la adopción de medidas de emergencia para la presentación con vida de los desaparecidos. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirieron al Estado Mexicano una estrategia integral de búsqueda.

Cuando se cateó el rancho Piedras Blancas, de Arreguin, una filtración lo había puesto ya sobre aviso. No se le volvió a localizar.

Dos días después de la desaparición, la familia de una de las víctimas vio de casualidad, en el teléfono del fiscal especializado en desaparición de personas de Colima, una fotografía que les tomaron en Aquila, sin su consentimiento, a Lagunes y Díaz, el mismo día en que iba a darse la privación de su libertad. No fue integrada a la carpeta, ni se analizaron sus metadatos. Nadie sabe quién se la envió ni cómo la obtuvo el fiscal.

Un halcón, Fernando “N”, empleó el teléfono del maestro y luego lo llevó a una casa de empeño donde le dieron 690 pesos. Al mismo tiempo, el teléfono celular de Cochelo, líder del grupo minoritario de comuneros, tuvo actividad, la noche de la desaparición, precisamente en Cerro de Ortega.

Se afirma que tras su arresto señaló tres predios, donde luego se localizaron fosas clandestinas y se recuperaron restos humanos. Pero los dictámenes forenses de los restos no han sido encontrados.

En la región han sido asesinados en los últimos lustros 38 comuneros. Otros seis han desaparecido. No hay una investigación que ligue estos hechos con la desaparición del maestro Díaz y el abogado Lagunes.

En Aquila acusan a la minera de realizar pagos ocultos para dividir a la población. Los otros beneficiarios son los cárteles, a cuyos jefes nadie les ha tocado un pelo.

Se sigue sin conocer la suerte de los defensores. Los familiares siguen esperando.