De los foros que comenzarán la próxima semana para ventilar la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, el morenista que preside las comisiones de Gobernación y Justicia del Senado, Navor Alberto Rojas, dijo ayer:

“Tenemos que escuchar a todos, no puede ser un diálogo de sordos…”.

La alusión fue a quienes atiendan la promesa de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, de que estarán abiertos a las universidades, facultades de Derecho, asociaciones de abogados, trabajadores del Poder Judicial, magistrados y ministros.

Sin embargo, contra lo que dice Rojas y por más que los legisladores “escuchen” a los interesados, el debate será estéril:

El “diálogo” en los foros no conducirá a la reconsideración de la iniciativa y mucho menos en su punto más peligroso para la República y la separación de Poderes: la elección popular de los juzgadores.

Y es que, como dijo el martes el ex canciller y virtual senador electo, Marcelo Ebrard, “todo se puede perfeccionar, pero no habrá cambios sustanciales”. Recordó que el tema fue planteado en la campaña de Sheinbaum, por lo que “no podrías modificar sustancialmente el contenido de lo que llevaste a la elección, porque, ¿entonces, para qué la llevaste?” Y sin que aplique, estableció una improcedente analogía en la elección popular de jueces con dos naciones incomparables con México:

“El que tú elijas jueces no quiere decir que va a ser un desastre y elegir un juez no pone en tela de juicio la certidumbre jurídica. No ocurre en Estados Unidos ni en Japón, ni tiene que serlo aquí…”.

(Sobre el mismo tema, Ricardo Monreal —profesor de Derecho Constitucional en la división de Estudios de Posgrado de la UNAM y diputado en la siguiente legislatura— sofocó también las expectativas optimistas: “Hay un voto unánime; es un tema en el que todos coinciden que debe abordarse en la reforma”.

O sea: lo que digan los más avezados en materia de justicia no servirá de nada.

Los ejemplos de Ebrard sobre la designación de juzgadores en dos potencias no tienen relación con lo que se debate aquí: en EU la elección popular sucede solo a niveles estatales (ni federales ni en toda la Unión), donde las campañas de los pretendientes son financiadas por corporaciones, despachos de abogados y partidos políticos que lo que menos garantizan es la independencia judicial. En Japón, los juzgadores de la Corte Suprema son designados por el gobierno, pero de ellos depende el nombramiento de jueces para tribunales inferiores; determinan los procedimientos judiciales y supervisan el sistema judicial, incluyendo las actividades de los fiscales.

El proyecto lopezobradorista parece tener una inspiración vergonzante: Bolivia, único país donde (desde 2009, con Evo Morales) se juega a la “justicia popular” legitimada en las urnas. Votar es obligatorio y en la elección de jueces el abstencionismo alcanza casi 70 por ciento.

El modelo por imponerse aquí se avizora, simplemente, desastroso...