El gabinete y la reforma judicial no combinan

Las buenas intenciones mostradas por Claudia Sheinbaum con los primeros nombramientos en el gabinete son incompatibles con una reforma que le quita la autonomía al Poder Judicial para transferirlo a Morena y al narco.

Se recupera el interés por la ciencia, la eleva a rango de secretaría de Estado, y guarda en el baúl la veneración por el chamanismo, los amuletos curativos y el trapiche medieval.

Sheinbaum rescató también el valor de la protección al medio ambiente con el nombramiento de una funcionaria que tiene peso propio, Alicia Bárcena, quien no desconoce el tema pues fue subsecretaria del ramo con el presidente De la Madrid.

Faltan nombramientos importantes, donde podrían venir noticias menos alentadoras con el pago de cuotas al obradorismo intolerante y a los plomeros electorales de Morena.

Pero no anticipemos vísperas.

Lo anunciado es bueno en términos generales, salvo el caso de Ernestina Godoy. Aunque un buen gabinete, con todo y gente profesional y experimentada, no dará certidumbre si el Poder Judicial se le entrega a Morena y al narco.

Sin Poder Judicial autónomo, viviremos en la dictadura de un partido (de su dueño), y de los grupos criminales que pondrán jueces en sus cada vez más amplias zonas de influencia.

Es una reforma que no está hecha para mejorar la justicia, sino para el ejercicio permanente de las venganzas del dueño de Morena.

La reforma de AMLO no toca a los tribunales estatales, porque la mayoría de ellos es controlada por los gobernadores. Es decir, no le estorban a su poder como dueño del partido gobernante.

Tampoco toca al Ministerio Público, fuente y origen de la impunidad en México.

El Ministerio Público es el fiscal general, los fiscales generales en los estados, agentes del MP y los auxiliares que son los policías de investigación.

Ahí se concentra gran parte del problema, y no se tocan en la reforma.

Si los delincuentes salen libres, casi siempre es por su complicidad con los agentes del MP, que deliberadamente integran mal los expedientes o violan el debido proceso para que el criminal obtenga su libertad, si es que llegan a capturarlo.

Noventa y cinco por ciento de impunidad en México es un récord mundial debido a las policías y ministerios públicos.

Noventa y cinco por ciento de los delincuentes no son llevados ante un juez.

Decía el gran y querido periodista Jesús Blancornelas, que “si se quiere combatir al narco se debe empezar por las policías”.

Claro que debe haber una reforma judicial, por la lentitud en la impartición de justicia, la corrupción imperante que no es generalizada, los jueces de consigna –como el que encarceló tres años a Rosario Robles por una licencia de conducir apócrifa que le fabricó el Ministerio Público–.

Pero la razón fundamental de la impunidad está en el MP.

La reforma de López Obrador es una monstruosidad: se acaba la suspensión provisional.

Mientras se resuelve el fondo del asunto, a usted ya le quitaron su casa y se construyó la vía férrea sobre su propiedad. ¿De qué le sirve ganar el amparo si ya no tiene casa?

Y su vecino, que no tiene recursos para pagar un abogado, no se beneficia del amparo que usted ganó. También le pasan el tren por su casa.

Elegir por voto popular a los jueces, ¿hará más expedita la justicia?

Desde luego que no, porque no se trata de eso, sino de controlar políticamente a los jueces. El partido hace que te elijan, el partido hace que te quiten.

Quiere el Presidente que mil 800 integrantes del Poder Judicial sean electos de manera universal: voto popular.

¿Cómo va a diferenciar la población entre los perfiles académicos y trayectoria profesional de los 6 mil o 10 mil aspirantes a esas vacantes?

En las elecciones para revocación de mandato del presidente, el número de votantes fue ínfimo, menor al mínimo legal para hacer obligatorios los resultados.

¿Cuántos van a votar en la elección de jueces, magistrados, ministros…?

Sucederá como en el único país que realiza ese tipo de elecciones para el Poder Judicial, Bolivia. Ahí, señala Luis de la Barreda, el voto es obligatorio.

¿Y qué sucede con la elección de jueces? El 65 por ciento de los votantes anula su boleta.

En México ganará el cargo de juez quien reciba el apoyo de la estructura de Morena y del crimen organizado.

Si Morena pone como candidato a un caballo, ganará el caballo.

Si los narcos quieren un juez que libere al Marro o al Güero Palma, lo van a hacer ganar.

Lo que hay es una propuesta que raya en lo demencial. No puede pasar.

Por más que Ebrard y la presidenta electa digan que no hay nada que temer, es el fin del Estado de derecho.

En las cámaras seguramente harán cambios a las iniciativas de reformas a 16 artículos de la Constitución. Lo que no soltará el Presidente es la destrucción de la Corte y elegir otra por voto popular.

¿Por qué? Porque ahí está el objetivo central de su venganza y el mango de la sartén para controlar, él, al máximo tribunal constitucional.