La figura de los consejeros jurídicos de la Presidencia se ha convertido, en los últimos sexenios, en una posición clave, con mucha visibilidad e influencia para los presidentes de la República. Los abogados que asesoran al Ejecutivo Federal sobre la redacción, elaboración y, en algunos casos, también para la operación y negociación política de sus iniciativas y reformas legales y constitucionales, tienen una posición privilegiada en el staff presidencial, desde la cual lo mismo pueden convertirse en súper asesores u operadores políticos, en los responsables de la relación con la Suprema Corte de Justicia, y a veces también en traficantes de influencias o hábiles negociantes para lucrar con los temas jurídicos y de legalidad aprovechando, en todos esos casos, su cercanía y confianza con el Presidente en turno.

No fue casualidad que entre los primeros 6 nombramientos que realizó de su gabinete, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, haya incluido el nombramiento de la que será su Consejera Jurídica en la Presidencia a partir del próximo 1 de octubre, lo que confirma la importancia que tiene esa posición en el funcionamiento de cualquier gobierno; pero tampoco es casual que de los 6 nombres anunciados el pasado jueves, tres hombres y tres mujeres, el que más controversia, dudas o cuestionamientos haya generado entre la opinión pública y el mundillo político, haya sido justamente el de la abogada Ernestina Godoy.

Y no porque la exfiscal capitalina no tenga toda la confianza y cercanía con la futura Presidenta, que es una de las características que los gobernantes siempre buscan para esa consejería, ni tampoco porque le falten conocimientos o experiencia en materia jurídica a la egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y fundadora de organismos como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, exdiputada local y federal, además de senadora electa y exfuncionaria de las áreas jurídicas del antiguo Distrito Federal. Lo que convirtió a la próxima consejera Godoy Ramos, en el nombramiento menos festejado de los primeros anunciados por la doctora Sheinbaum, fue su reciente actuación como la primera fiscal general de Justicia de la CDMX.

Porque si bien cuando llegó a ese cargo, en diciembre del 2018, primero como Procuradora General de la ciudad y luego como la primera titular de la primera Fiscalía General que ha tenido la Ciudad de México, Ernestina Godoy generó muchas expectativas, sobre todo con su discurso de procurar justicia con perspectiva de  género y dando prioridad a la defensa de las mujeres contra la violencia y castigo a los delitos que las afectan, con el paso de los más de cinco años que duró en el cargo, su imagen pública y la valoración de su trabajo fue cayendo ante sus actuaciones específicas en casos de persecución a opositores políticos y en el manejo y la manipulación de algunas averiguaciones previas con motivaciones políticas o extrajurídicas.

Pero lo que más afectó a la imagen de Godoy -y le costó incluso perder su intento de reelección en el cargo el año pasado, ante un Congreso local dividido- fue la falta de autonomía e independencia que mostró justamente ante la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que en ese entonces no era necesariamente su “jefa”, pero por motivos políticos e ideológicos, la fiscal terminó sometiéndose a las decisiones e instrucciones que recibía desde el Palacio del Ayuntamiento, alterando y distorsionando por completo la figura de independencia e imparcialidad con la que fue concebida la primera Fiscalía “autónoma” para la capital de la República.

Paradójicamente lo que fue el origen de su debilidad y desgaste como fiscal, su cercanía y lealtad incondicional con Sheinbaum, le valió primero una candidatura para el Senado por la CDMX, que ganó por amplio margen junto a su compañero de fórmula, Omar García Harfuch, y ahora la impulsó para ser designada como la segunda Consejera Jurídica que habrá en la historia de la Presidencia de México, después de la actual titular de ese cargo, María Estela Damián.

Pero, más allá de la controversia y las críticas que siguieron a su nombramiento, ¿qué tan poderosa será Ernestina Godoy como consejera presidencial? La pregunta vale porque en los últimos gobiernos, siempre los consejeros jurídicos tuvieron un papel muy relevante no sólo en la materia jurídica, sino algunos de ellos también en la operación política. Juan de Dios Castro, un reconocido abogado de filiación panista, fue el consejero Jurídico de Vicente Fox; con Felipe Calderón pasaron por ese cargo primero Daniel Cabeza de Vaca, que después fue Procurador de la República, y Miguel Alessio Robles Landa.

Ya con el presidente Enrique Peña Nieto, la consejería Jurídica estuvo a cargo de Humberto Castillejos Cervantes, que se convirtió no sólo en un muy cercano e influyente consejero del oído presidencial, sino en el operador político que presionaba a ministros de la Corte o a magistrados electorales. Fue tanto el poder que acumuló Castillejos que entre los abogados litigantes lo llegaron a llamar “el ministro número 12”, y con la enorme influencia que logró sobre Peña, logró controlar a la Procuraduría General de la República, a donde impuso a su primo Raúl Cervantes Andrade, al que luego intentó infructuosamente convertirlo en el primer Fiscal General de la República -de donde salió el mote de “Fiscal Carnal” que después le aplicaron a la propia Ernestina-, mientras que a su otro primo lo llevó a ser Fiscal de Justicia del Estado de México, comisionado presidencial en el convulso Michoacán y después titular de la CONADE.

Ya en la 4T, la Consejería Jurídica de la Presidencia continuó siendo una oficina con mucho poder político y operativo. Julio Scherer Ibarra, con su gran cercanía con el presidente López Obrador y su larga experiencia como abogado litigante, aprovechó también el cargo para convertirse en el operador de todas las confianzas del inquilino de Palacio Nacional. Por las manos de Scherer tenían que pasar todos los asuntos que quisieran llegar al oído o la decisión del Presidente, no sólo los de tipo legal o constitucional, sino también los de asuntos de negocios, contratos, concesiones y cualquier otro tema para el que el poderoso consejero jurídico siempre era buscado y referido como “el asesor más cercano e influyente” del Presidente.

Hoy, en medio del ruido y la voces que cuestionan el nombramiento de la futura Consejera Jurídica, está la duda de si Ernestina Godoy tendrá un papel tan relevante e influyente políticamente, como el que tuvieron sus antecesores. Y aunque su perfil no es tan político, la abogada también sabe operar y sin duda tendrá toda la cercanía del oído presidencial en el próximo sexenio. Lo que falta por ver son dos cosas: primero, si doña Ernestina se conduce mejor en los temas de legalidad, constitucionalidad y ética profesional en su nuevo cargo, con todo lo que quedó a deber en la Fiscalía capitalina; y segundo, si no repite los patrones de otros consejeros que aprovecharon el cargo también para negociar algo más que iniciativas y leyes.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de la doctora Sheinbaum, en su gira de ayer con el presidente López Obrador por Oaxaca y el corredor Interoceánico, se supo de una “reunión privada” que sostuvo con López Obrador al interior de la Refinería Lázaro Cárdenas, de Veracruz, para hablar, según la versión oficial, de “la política de refinación” en su próximo gobierno. Y no es que esté mal que se reúnan el privado el mandatario saliente y la presidenta electa, y mucho menos que coordinen los temas de políticas públicas y la transición de la administración federal, pero al final, con el “sospechosismo” que caracteriza a la política mexicana, uno no puede dejar de observar que mientras en la semana la doctora gana terreno con mensajes de cierta autonomía e independencia en los nombramientos de su gabinete, en sus recorridos del fin de semana se le vuelve a ver demasiado cerca del Presidente y con pláticas privadas que no dejan de despertar las suspicacias de sobre sí ya está decidiendo ella o todavía tiene que consultar sus decisiones. ¿Qué piensa al respecto el amable lector?...Y hablando de la Presidenta electa, la semana pasada hablamos en esta columna del tema de la corrupción en las Aduanas federales y la existencia de un “informe” sobre la infiltración del narcotráfico y el huachicol fiscal y de drogas en la llamada Agencia Nacional de Aduanas, que le entregó el ex director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, al equipo de la doctora, en el que denuncia los casos de dos exdirectores señalados de haber permitido y fomentado no sólo las importaciones ilegales de combustibles procedentes de Estados Unidos a través de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, sino también el tráfico de armas y drogas como el fentanilo, a través de las aduanas de Tijuana y Sonoyta, entre otras. Pues ayer, en estas mismas páginas, el colega Raúl Rodríguez Cortés, en su columna “Gran Angular” publicó que la DEA estadounidense está investigando a fondo la corrupción y el tráfico ilegal en las aduanas mexicanas, precisamente a partir de la información que le revelaron entre otros Rafael Marín Mollinedo y Ricardo Ahued, ambos exdirectores del sistema aduanero que tuvieron que salir corriendo por piernas, al haber descubierto la infiltración del crimen organizado en varias aduanas del país, lo mismo para traficar drogas que huachicol fiscal a través del contrabando de gasolinas. Según Rodríguez Cortés, la DEA prepara un anuncio fuerte sobre la forma en que se operaba todo ese tráfico ilegal en las administraciones de otros dos exdirectores de las Aduanas, apuntando al Cártel de Sinaloa y en particular a “Los Chapitos” como los responsables de pasar fentanilo por las aduanas mexicanas hacia los Estados Unidos, además del tráfico de miles de millones de metros cúbicos de gasolinas que entraron sin reportar al SAT a México por las aduanas tamaulipecas y que luego se venían en el mercado negro nacional. Y según el columnista, uno de los dos exdirectores de Aduanas que son investigados por la DEA, ya buscó contacto con la agencia antidrogas estadounidense y con tal de lavarse la cara y el nombre, les dio información a los agentes gringos primero tratando de salvarse él mismo, al afirmar que “sólo recibía indicaciones” y luego revelando nombres de políticos mexicanos que participaban de esa corrupción aduanera. Y entre los que echó de cabeza el exfuncionario de principios del sexenio, está un actual senador por el Estado de Tamaulipas, de quien dijo, tenía el control de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, por donde se pasaba el huachicol. Curiosamente entre los informes que recibió la DEA de Mollinedo y Ahued, también se señala a ese senador tamaulipeco, del que dicen en alguna ocasión le pidió a Mollinedo que tenía que “respetar a los administradores y subadministradores de esas aduanas”, con el argumento de que apoyaban a la campaña de uno de los precandidatos de Morena a la Presidencia. Pero como el precandidato en cuestión era paisano y amigo de Mollinedo, éste le respondió: “Pues yo conozco muy bien al precandidato, dile que me lo pida él personalmente”. Unos meses después Marín Mollinedo renunció intempestivamente, justo unos días después de que asesinaran a un administrador de la aduana de Manzanillo, Colima. Así que parece que la cloaca de las aduanas y la corrupción de al menos dos exdirectores de esa área, será finalmente destapada pero no en México, sino en Estados Unidos…Los dados cierran con Escalera Doble ante la llegada del Verano. Buena semana.