La casa dividida

Julio, agosto y septiembre serán los meses más ácidos del sexenio por la persecución contra jueces, ministros y periodistas que osaron ser contrapesos al poder del Presidente.

Lo que ocurra en estos 95 días marcará por muchos años la historia del país y de no pocas vidas personales.

El Presidente lo ganó todo en estas elecciones. Termina con una popularidad altísima y con mayoría aplastante en ambas cámaras.

Pero quiere más. Nada le es suficiente.

Quiere la humillación de quienes señalaron sus errores, sus defectos, frenaron acciones inconstitucionales o no se rindieron a su voluntad.

Hubo acoso para sacar de circulación y desprestigiar a periodistas no alineados desde el inicio del sexenio, lo mismo que asfixia económica a medios que mantuvieron distancia del halago y la ovación a cada una de sus medidas.

La lucha del Presidente fue por monopolizar la conversación pública, apoderarse de “la verdad” sin grandes estorbos que le contradigan. En buena medida, también ahí venció.

Pero ahora estamos en la fase del ajuste final. Humillar a los que no se sometieron.

Uno de los periodistas más atacados por el Presidente, con vigilancia afuera de su casa para que supiera –y temiera– que estaba bajo la lupa, me dijo hace unos meses: “No creo que todos lleguemos a la otra orilla”.

Pasó la elección, venció, y en lugar de sanar heridas a los vencidos, pisa el acelerador de la venganza.

Deja una casa dividida.

Lo que hacen con Loret, su esposa, Víctor Trujillo y el medio digital Latinus, es una persecución ante la cual no se pueden cerrar los ojos.

Igual es la cacería contra destacados jueces, ministros, exministros.

El país todavía goza de libertades consagradas en la Constitución, pero se violan amparos, pasan por encima de leyes que protegen los datos personales, se atropellan derechos humanos, se actúa por venganza.

Desalienta la cautela, tan parecida a la cobardía, de las universidades, cúpulas empresariales, la Iglesia.

Esta persecución contra medios, periodistas, intelectuales y miembros del Poder Judicial, para destruirlos, podría menguar el 1 de octubre. O tal vez no.

Si los gremios afectados y las organizaciones de la sociedad civil guardan silencio o sólo balbucean su descontento, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se queda sin argumentos para pedir prudencia a la aplanadora morenista.

“Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”, dijo en 1858 el entonces candidato republicano a senador por Illinois, Abraham Lincoln.

Perdió la senaduría, pero tres años después ganó la Presidencia. Asumió en marzo de 1861. Un mes después empezó la guerra civil en esa casa dividida.

El historiador Francis S. Barry le enmendó la plana a la célebre frase de Lincoln, en un ensayo que publicó el sábado en The Washington Post: “Se puede convivir en una casa dividida, con respeto a la ley y a los resultados electorales”.

Hasta esa puerta busca cerrar el presidente López Obrador.

Control de su partido sobre el Poder Judicial y sobre el órgano electoral, es lo que quiere concretar. Como prioridad, la destrucción de los tribunales federales en septiembre.

Un partido hace la ley, ese partido nos juzga y ese partido cuenta los votos en las elecciones.

Así no se puede convivir bajo un mismo techo.

Una casa dividida contra sí misma, como dijo el candidato a senador Abraham Lincoln, no puede sostenerse en pie.

De concretarse la reforma judicial como se presentó, y acalladas las voces y medios críticos, adiós a la República.

Si pasa la reforma en los términos que la desea el Presidente, y se culmina la destrucción de los pocos medios en los que se ejerce la crítica –por la vía judicial o la asfixia económica–, y con el acoso o el chantaje se manda al ostracismo o a la muerte profesional a periodistas que refutan al poder, no habrá reversa.

Caídos esos dos pilares de la democracia en los próximos meses, tendremos un nuevo orden: la dictadura de las mayorías (o de quienes asumen su representación), el control de los tres poderes por un partido, y medios sometidos para sobrevivir.

Sería una tragedia que pase la reforma judicial en los términos planteados, y que triunfe la sevicia del gobierno contra el periodismo.

Trágico, por irreversible.

Dice el humanista Rob Riemen (El arte de ser humanos), en una cita del filósofo alemán Erich Vögelin, que “es signo de una incomprensión fatal de las fuerzas históricas creer que un puñado de hombres puede destruir una civilización antes de que ésta haya cometido suicidio”.

Ya pasaron las elecciones y los ganadores deben gobernar.

Pero entregar el control del Poder Judicial a un partido, que ellos hagan la ley y ellos nos juzguen, y permitir que el periodismo sea aplastado por la venganza personal de un gobernante que se va en 94 días, sería cometer un suicidio.

Lo que suceda de aquí a esa fecha sellará el destino del país.