La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) plantea en términos generales eliminar por completo el sistema de carrera judicial y estructurar un sistema por voto popular, señala Miguel Ángel Luna Gracia, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila.

Asevera que pareciera que esta intención de democratizar al PJF mediante la elección de jueces por voto realmente se trata de instaurar un método de preselección de jueces.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también maestro en Derecho de Amparo explica que la iniciativa de reforma constitucional que fue presentada el 5 de febrero de este año por el Presidente señala que los Poderes de la Unión propongan a las personas que van a participar en la elección.

En el caso de jueces y magistrados son dos personas, entonces, dos del Ejecutivo, dos del Legislativo, dos del Judicial, es decir, seis candidatos por plaza, multiplicados por mil 600 son más de 9 mil candidatos a nivel nacional.

“Que, insisto, fueron preseleccionados por los Poderes de la Unión y realmente lo que va a hacer el voto es ratificar a las personas que ya se eligieron con anterioridad.

“Hay un problema de posible falta de independencia, porque de alguna manera se le va a tener cierta deuda o favor a la persona o al poder que te propuso”, expresa el juzgador.

Destaca que otro punto técnico problemático es el planteamiento de eliminar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se encarga de cuestiones administrativas, elaboración de los concursos, esquema disciplinario, entre otras acciones, y en su lugar crear un órgano de administración y un tribunal de disciplina.

El maestro en Derecho considera que el problema con el tribunal de disciplina es que tiene la facultad de investigar, sancionar y destituir jueces por varios supuestos que son demasiado genéricos.

Remarca que puede caer en lo arbitrario, porque establece sanciones a los jueces que encubran a delincuentes o vayan en contra del orden público o de los intereses nacionales.

“Entonces, son supuestos muy generales; por ejemplo, uno como juez se vería en un problema cuando toque juzgar asuntos en materia penal y se advierta que hubo una violación grave a los derechos humanos, por ejemplo, que a una persona le saquen una confesión a base de tortura y de incomunicación.

Indica que por un lado tienen al tribunal de disciplina, que pudiera considerar que al amparar a una persona en materia penal se está encubriendo delincuentes y pueden cesar al servidor público o dar vista al Ministerio Público.

Por otro lado, se enfrentan al escarnio popular, “por ejemplo: ‘el juez liberó un delincuente’. Bajo estas dos visiones, estás en una situación en la que el deber de independencia de los jueces queda demasiado vulnerable y débil”, asegura.

Subraya que la carrera judicial busca jueces capacitados para conocer todas las funciones y el problema es que arriben abogados que pudieran tener cualidades sustantivas, conocimiento jurídico suficiente para desahogar la mayoría de asuntos, pero que no estuvieron inmersos en toda la funcionalidad de los juzgados y en las cargas de trabajo.

Comenta que, por su cargo y funciones, que no son hacer política, es difícil afirmar que subjetivamente hay un intento de destruir a ese poder.

“Objetivamente y conforme a la propuesta veo que los resultados de la reforma, aparte de destituir a todos los titulares, eliminarán la carrera judicial y dejarán endeble el principio de independencia judicial. Veo un debilitamiento de los Poderes Judiciales”, puntualiza.