En un país donde casi nadie distingue claramente entre “policía judicial” y “Poder Judicial”, porque le suenan a lo mismo y no entienden a cabalidad la diferencia entre Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales (o estatales), es poco probable que la gente común comprenda las afectaciones que le pueden acarrear los drásticos cambios que se están produciendo y se suscitarán en la justicia cotidiana (no la de conflictos entre poderes ni en acciones de inconstitucionalidad).

Se pretende reformar la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados federales sean electos por votación popular, pero los más reconocidos expertos alertan de que eso no mejorará la impartición de justicia ni erradicará la corrupción (por cierto, mucho mayor en los ámbitos locales).

En ese contexto, el Poder Judicial de Ciudad de México hace lo mismo que la Federación cuando, en pleno auge de la pandemia, extinguió el Seguro Popular, engendró el Insabi que tuvieron que matar y provocó una escasez de medicinas que no tiene precedente: determinó suprimir 24 juzgados civiles y 11 familiares para dejar en operación apenas 50.

La demagógica fórmula de la “elección popular” de juzgadores (en el mundo solo pasa en Bolivia) es cuestionada por los más reconocidos expertos, porque de ningún modo mejorará la impartición de justicia.

El cambio que se quiere puede dar pie a que se genere corrupción donde no la hay (la justicia federal es menos corruptible y de mucho mejor nivel que la local) y baje la calidad de las sentencias para dar paso a la injusticia por ignorancia de los jueces “populares” y no la de jueces por méritos y carrera judicial.

Para la justicia cotidiana existe una reforma de gran envergadura que sustituye 33 códigos de procedimientos civiles y familiares (uno federal y 32 locales) por un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya en vigor, que regula la mayor parte de las controversias y debe aplicarse progresivamente y a escala nacional antes de abril de 2027. Significa una migración definitiva hacia los juicios orales, pero implica un colosal esfuerzo material y humano: capacitación y actualización de los integrantes del Poder Judicial en ambas jurisdicciones, en la abogacía y en el ámbito académico. Supone también un costo presupuestal enorme para salones de audiencias, mobiliario, tecnología de videograbación y otros equipos.

Frente al rezago (600 mil asuntos en los últimos tres años), la extinción de los 35 juzgados en CdMx constituye un mayúsculo disparate que perfila enormes problemas para la aplicación de la justicia cotidiana, como lo ha advertido la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Paradójicamente, todas las críticas que se ciñen sobre el Poder Judicial Federal y local (especialmente las injurias del Ejecutivo), lejos de propiciar justicia “pronta y expedita”, desembocarán en la disminución de calidad, velocidad e imparcialidad en las resoluciones que demandan los justiciables...