La encuesta mensual de aprobación presidencial de EL FINANCIERO publicada ayer, refleja el crecimiento de la fascinación que tienen los mexicanos con Andrés Manuel López Obrador –66%, el nivel más alto desde diciembre de 2021–, que apunta a que le seguirán perdonando las deficiencias en la gestión de su gobierno y las promesas incumplidas, como el combate a la corrupción. Seis de cada 10 mexicanos consideran que en materia de corrupción está reprobado y la percepción es que va creciendo de manera significativa, pero no importa.
López Obrador no ha pagado ningún costo por encabezar un gobierno tan corrupto, como piensa la mayoría de los mexicanos, pero en el corto plazo el Presidente se va a quedar sin la mañanera, la muralla que ha evitado que su nave haga agua. Sin su voz linchando políticamente a quienes ventilan las corruptelas sexenales, y sin la reiteración goebbeliana que corrupto es el pasado y el presente brilla por su honestidad, la luz se irá apagando de manera natural y el blindaje tenderá a debilitarse.
Lo sabe perfectamente.
Desde hace unos dos años el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, comenzó la protección legal de sus hijos, y el monstruo en el que se convierte López Obrador cada vez que le plantean sus presuntos actos de corrupción refleja de alguna manera el temor de que, una vez que entregue la banda presidencial, su familia será vulnerable. Debe saber el Presidente que las investigaciones periodísticas sobre la corrupción de la familia López Obrador y sus cercanos no se detendrán, lo que ayuda a entender su empecinamiento para aniquilar civilmente a Carlos Loret y financieramente a Latinus, que han sido el vehículo más eficaz para ventilarla.
López Obrador necesita que el escudo de protección sea transexenal, y ya se está armando. Gertz Manero se mantendrá como fiscal general cuando menos por un año donde se toparán las denuncias por corrupción que lleguen contra las personas de interés del Presidente. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, como lo desea, regresará la opacidad del siglo pasado. La Función Pública también estará blindada, con Raquel Buenrostro, incondicional a López Obrador, como la encargada de despacho de esa secretaría.
La designación de Buenrostro por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fue interpretada en algunos sectores como un tapón para las denuncias de corrupción dentro del gobierno. No significa que la Secretaría de la Función Pública no lo haya sido durante el sexenio, pero sí es un candado de seguridad. Pero, por si acaso y por las dudas, en lo que resta de la administración obradorista se cerrará el caso paradigmático de la corrupción del gobierno, en la dependencia que se creó en este sexenio, Seguridad Alimentaria Mexicana, donde el fraude asciende a 15 mil millones de pesos –hasta ahora–, que es tres veces más que la llamada estafa maestra, que se consideró el más grande acto de corrupción en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Segalmex es el caso más claro de encubrimiento. Cuando el estallido de la corrupción hizo inviable que su primer director, Ignacio Ovalle, amigo muy cercano de López Obrador que le dio su primer trabajo a nivel federal hace más de 40 años, pudiera mantenerse en el cargo, el Presidente aseguró que era inocente y que lo habían engañado sus colaboradores. La Fiscalía General solicitó 56 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo ejecutaron 10, y dos de las personas detenidas están en libertad bajo fianza. El funcionario más importante detenido es René Gavira, que fue director administrativo de la empresa, acusado de daño a las finanzas públicas por 140 millones de dólares.
No deja de ser altamente irónico que Gavira, quien antes de llegar a Segalmex ya había enfrentado sanciones por irregularidades administrativas, no era una persona que llegó de la mano de Ovalle, sino que era un recomendado de Buenrostro, la próxima secretaria de la Función Pública, la primera comisaria política del Presidente –en su cargo como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda– en la cruzada contra la corrupción, que desarticuló el sistema de distribución de medicamentos sin haber metido a nadie en la cárcel por presuntos actos ilegales, causando un desabasto que provocó la muerte de niños con cáncer.
Segalmex tendrá su carpetazo, como lo tuvo en su momento la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Pío López Obrador, el hermano del Presidente que fue grabado recibiendo fuertes sumas de dinero en una bolsa de papel, y que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar un equipo de beisbol y sostener económicamente a su hijo, cuando estudiaba en Canadá. La UIF se lavó las manos. No procedió a informar a las instancias correspondientes que había indicios de lavado de dinero y presunta delincuencia organizada, y le turnó al INE la investigación, acotándolo a un presunto delito electoral.
Ningún área del gobierno ha actuado conforme a su mandato y responsabilidad en el caso de los presuntos actos de corrupción de la familia presidencial. Tampoco la Fiscalía General, que es autónoma pero, en los hechos, hay una relación estrecha entre López Obrador y Gertz Manero. El encubrimiento ha sido perfecto. Cuando las diatribas del Presidente no son suficientes para acallar las denuncias, entran al largo túnel de la administración y procuración de justicia obradorista, donde se desvanecen.
Las diatribas van a cesar el 1 de octubre, cuando el ciudadano López Obrador se retire a su rancho. La dinámica cambiará porque ya no dispondrá de los recursos de la Presidencia, y las lealtades se irán debilitando como parte del desvanecimiento natural de los expresidentes, mientras que seguirán revelándose presuntos actos de corrupción de este sexenio que, paradójicamente, le vendrán bien a Sheinbaum, porque los espacios que se le cerrarán a su mentor en la opinión pública y se le abrirán a ella para gobernar con menos presión. Esto, hay que aclarar, es una hipótesis. Pero para evitar que se pruebe, el blindaje y el encubrimiento, ya comenzó.