Los últimos meses de los presidentes más populistas y autoritarios han sido siempre los más peligrosos. Son los meses de la venganza, de la persecución y del ajuste de cuentas.

Luis Echeverría dio el golpe a Excélsior a unos meses de dejar el poder. José López Portillo aprovechó su último informe de gobierno para decretar la nacionalización de la banca para vengar la salida de capitales provocada por el endeudamiento y el derroche delirante que caracterizó su sexenio.

Todos ellos buscaron quién pagara su fracaso.

Hemos entrado en el tramo en el que Andrés Manuel López Obrador ha iniciado la venganza en contra de quienes exhibieron, con audios y contratos, la corrupción del círculo que rodea a sus hijos, el fracaso en materia de salud, seguridad y educación, que  ha sido su sexenio.

Hace seis años AMLO prometió a los mexicanos una gesta equiparable a la de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Y sin embargo entregará a su sucesora un país mucho peor que el que él recibió. Ahí están los datos para quien quiera verlos.

En vez de los aplausos y los vítores que en sus delirios de grandeza histórica esperaba recibir, al compararse diariamente con Juárez, con Madero, con Cárdenas, un importante sector de la prensa le entregó los reportajes que revelaban la corrupción de sus cercanos, de sus hermanos, de sus hijos.

No pudo desmentir una sola línea sobre los jugosos negocios que significó para estos, por ejemplo, la construcción del Tren Maya.

Lo que sí pudo hacer es desautorizar a los mensajeros: insultarlos, calumniarlos, colocarlos en la mira del odio.

El suyo fue un sexenio de insultos y escupitajos lanzados todos los días desde un micrófono. Fue avanzando paso a paso. Sin el menor escrúpulo y con la mayor impunidad, violó leyes que protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder: reveló direcciones, números telefónicos, datos sensibles de quienes le habían colocado ante el rostro, no la imagen del prócer que su ego infinito esperaba ver, sino el espejo turbio que mostraba el nepotismo, la corrupción desvergonzada, los errores monumentales que cometió a lo largo de su sexenio y que muchas veces costaron vidas, además de los miles de millones de pesos que sus caprichos tiraron a la basura.

A menos de 90 días de irse, decidió cruzar otra frontera. A través del titular de la UIF, que ha dejado impune el mayor desfalco en la historia de México, el de Segalmex, por más de 15 mil millones de pesos, y con los servicios de difusión de funcionarios y propagandistas que no han tenido empacho en mostrarse cada día más serviles y abyectos, reveló supuestos sueldos de colaboradores de Latinus, el medio que publicó un reportaje sobre la lujosa Casa Gris de Houston en que vivió su hijo José Ramón –propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex–, y que fue a lo largo del sexenio una piedra en el zapato no solo para él, sino también para sus hermanos, sus parientes, sus amigos, sus hijos.

La Constitución sostiene que todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. Al presidente y sus funcionarios no le importó violarla.

Pisotearon, de cara a la Nación, la Ley de Protección de Datos Personales que obliga al Estado a garantizar la privacidad de los ciudadanos.

Violaron también, sin empacho alguno, el secreto fiscal.

Presentaron a un conjunto de periodistas críticos, que cobran sus sueldos no en sobres amarillos, sino a través del sistema bancario y mediante el pago de impuestos, como si se tratara de un grupo de saqueadores de la Nación.

Lo que no les vimos hacer jamás con los narcotraficantes que tienen hundido a México en un baño de sangre, lo que no les vimos hacer jamás con los lavadores de dinero de los cárteles que reinan en más de la tercera parte del territorio, se los vimos hacer ayer con quien Pablo Gómez asegura que son “enemigos jurados del gobierno”: periodistas que cobran por hacer su trabajo.

El sexenio termina de cabeza, con el aplauso de la 4T y su grupo de hechizados.

En mayo de 2021 el derrumbe de la Línea 12 del Metro dejó 26 muertos. Todos los involucrados fueron premiados. Quien era Jefa de Gobierno y dejó al Metro sin mantenimiento, será la nueva Presidenta de México. El jefe de Gobierno durante la construcción de la Línea será secretario de Economía. El encargado de las finanzas durante la construcción está en la baraja de la que tal vez saldrá otro secretario de Estado.

Pablo Gómez dice que lleva tres años investigando a Latinus. Si existen ilegalidades, ¿por qué no las han castigado? Por lo pronto, es ilegal que un funcionario haga pública una investigación en curso, y que viole la presunción de inocencia. Por lo pronto, es inadmisible que un conjunto de periodistas críticos sean tratados desde el poder como delincuentes.

Los últimos meses siempre han sido los más peligrosos. De manera histórica, son los coletazos finales de quien sabe que su tiempo terminó, y lo que es peor: que terminó en fracaso.