El fantasioso “golpe de Estado técnico” de que hablaba el presidente López Obrador antes de las elecciones no se le ocurrió a la oposición… pero sí a él.

Alérgico a los contrapesos, se propuso neutralizar los poderes Legislativo y Judicial, extinguir algunos de los organismos autónomos que detesta y chatarrizar el Instituto y el Tribunal electorales, pero antes necesitaba capturar el Congreso (lo que consiguió de manera holgada e indiscutiblemente democrática).

Sobre tan sólida cimentación para deformar las leyes a su antojo, este lunes comenzó el asalto al Estado que tendrá su clímax en la destrucción de la columna vertebral de la República: la división de poderes.

Con sus avasalladoras y voraces mayorías (quieren alzarse con una evidente sobrerrepresentación), sus diputados tienen lista el acta de defunción de siete instituciones que han servido a la sociedad civil frente a los tres Poderes:

Los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); las comisiones Reguladora de Energía (CRE), Federal de Competencia Económica (CFC) y Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE).

El Ejecutivo se apodera de sus funciones porque, excepto de las que asuma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quedarán al arbitrio de las secretarías de Función Pública, Energía, Educación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Así pretenden justificar el exterminio múltiple:

“La modificación estructural que se propone, en los términos que señala el Presidente de la República, parte de la exigencia establecida en el propio marco jurídico nacional que reconoce la supremacía del interés general, público y social, sobre el interés privado, ya que el primero hace posible el ejercicio efectivo de los derechos humanos que implican el disfrute de los bienes comunes de la Nación, como condición indispensable, incluso, para el ejercicio de otros derechos humanos; lo que, a su vez, exige replantear la organización administrativa del Estado Mexicano para hacerla congruente con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y el derecho a una mejor administración pública”.

En realidad, de lo que se trata es de empoderar más al poder de los poderes en los dos meses que le restan a López Obrador (y que legará a su sucesora).

“Simplificación administrativa”, le llaman al atraco.

El dictamen pasará “a comisiones para ser discutido”, engañan, para que luego la aplanadora lopezobradorista lo apruebe y despida en septiembre a López Obrador con haberle palomeado sus 20 propuestas (18 constitucionales) de reformas.

Lo peor que seguirá va a ser mucho más devastador: la demolición del Poder Judicial, sobre cuyos escombros se construirá una peligrosa y cuatrotera justicia popular…