En la destructiva y vengativa reforma constitucional del Poder Judicial, los legisladores del oficialismo deberán elaborar normas que respondan a preguntas clave de Guadalupe Taddei, la consejera presidenta de la única autoridad facultada para organizar elecciones constitucionales: el Instituto Nacional Electoral.
La señora les recordó (en los diálogos promovidos por la Cámara de Diputados) que el organismo tiene una sólida y acreditada experiencia en elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no del Judicial, por lo que se imponen reglas nuevas, tomando muy en cuenta el respeto a “los dos grandes derechos: el político-electoral de todo ciudadano mexicano y el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones”.
El reto para los diputados y senadores lopezobradoristas es enorme, pero no menos para el INE, que deberá activar sus mecanismos de verificación del padrón electoral y la lista nominal; elaborar un calendario de acciones, prever la fiscalización del proceso y los tiempos en radio y tv, y los dictámenes del monitoreo; definir el periodo de las campañas, la instalación de consejos ciudadanos (a nivel es local y distrital), la instalación y conformación de mesas directivas de casilla y los estilos de capacitación, como lo hizo para el 2 de junio, y ahora para una demencial, pero legal “votación popular” de jueces, magistrados y ministros.
Serán elegidos en total casi 7 mil juzgadores, para lo que debe legislarse con precisión:
¿De qué tamaño y características será la boleta en cada zona o circunspección?, ¿habrá funcionarios electorales y cuántos por casilla?, ¿se instalará la misma cantidad que en la reciente elección o menos?, ¿se usarán nuevas tecnologías para reducir los tiempos en el tema de la votación?, ¿será una única elección o se programarán varias para que el desastre que se avecina sea gradual?
Dijo Taddei:
“Nos estaríamos enfrentando a una visión del sistema nacional electoral que tendría que ver con el principio de acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas en posibilidad de elegir (…). Podemos ver la diferencia entre lo que ya tiene perfectamente organizado el INE y lo que nos faltaría por empatar. Habría también que definir marcos geográficos para el proceso electivo del Poder Judicial de la Federación porque hablar del marco geográfico es hablar en términos de jurisdicción”, pero también de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Se trata, hizo notar, de que “estos ejercicios pudieran tener el mismo nivel, rigor, efectividad y confianza ciudadana en campo cuando se lleven a su implementación…”.
Responsabilidad mayúscula, porque “no podemos fallarle a ningún ciudadano que ya ha aprendido a votar”.
También hay que resolver, exhortó, “cómo vamos a llevar a cabo una campaña tan didáctica, tan pedagógica, que no permita que un ciudadano diga: ‘Yo no supe cómo votar en el proceso electivo del Poder Judicial’… si es que esto avanza…”.
Por lo pronto, vaya innecesario, gratuito y colosal desmadre.