Veracruz y la criminalización de las víctimas
Una práctica tan lamentable como común en las instituciones de procuración de justicia en México es la criminalización de las víctimas. Para cubrir su ineficiencia o cuando la presión de la opinión pública crece en torno a un crimen de alto impacto —al grado de poner en entredicho a las autoridades— los fiscales y procuradores suelen desviar la atención señalando a las víctimas. Y, sin realizar aún las investigaciones y peritajes de ley, apuntan al agredido de que “conocía o convivía con su agresor” y con ello, de manera implícita lo descalifican y le atribuyen parte de la responsabilidad en su propio asesinato, con una temeraria y moralina acusación sin palabras: “La víctima se lo buscó”.
Ejemplos sobran en procuradurías federales o locales. Ya sea sugiriendo que con los 43 normalistas de Ayotzinapa viajaban “infiltrados” de un cártel para justificar su desaparición y brutal asesinato, que la joven menor de edad conocía a sus violadores y aceptó “seguir la fiesta con ellos”, o que una modelo colombiana y sus amigos consumían drogas, les gustaba “la fiesta” o frecuentaban a maleantes, o deslizando que la corresponsal de una revista “invitó” a su casa a los agresores que la asesinaron. En todos los casos subyace siempre carga de moralidad y una evasión de la responsabilidad de las autoridades de hacer justicia, sin importar qué hizo o dejó de hacer la víctima, que en ningún caso puede ser culpada del crimen en su contra.
Esa práctica es común en Veracruz y acaba de repetirse en el caso de los dos sacerdotes secuestrados y asesinados en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Poza Rica. Ayer, sin concluir aún las investigaciones, el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, salió a los medios no a dar mayor información de los criminales, sino para “revelar” —siempre con intención moralina— que los dos párrocos, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez de la Cruz, de 40 y 50 años de edad, “habían convivido e ingerido licor durante varias horas con sus victimarios en las oficinas de la parroquia”.
A partir de eso, el fiscal negó que el doble crimen, en que los cuerpos aparecieron asesinados con varios impactos de bala, maniatados y abandonados en un paraje de la carretera, tenga que ver con “delincuencia organizada y —como quien induce una conclusión— afirmó que se trató “de una reunión que se descompuso y se salió de control”.
Lo mismo que hace ahora Luis Ángel Bravo, criminalizando a los dos sacerdotes, lo hizo con la joven Daphne, violada por cuatro jóvenes, cuando desde la Fiscalía se alentó la versión de que la menor de edad conocía a sus violadores y aceptó ir con ellos. Y lo mismo hicieron otros fiscales en Veracruz en el gobierno de Javier Duarte que, en casos como el de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, asesinada en su casa en abril de 2012, en un caso en el que también en su momento criminalizaron a la periodista —como lo han hecho con muchos otros informadores de los 19 asesinados en la entidad en este sexenio— al decir que “ella invitó a su casa a su victimario”.
Es el cinismo, la desvergüenza y la corrupción que priva en Veracruz desde el gobierno del estado, aplicado también a la procuración de justicia.
NOTAS INDISCRETAS… Ante la crisis por la detención de su director de Gobierno, Pablo de Antuñano, con 600 mil pesos en efectivo, el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, acudirá hoy a la Asamblea Legislativa a las 10 de la mañana y pedirá ser recibido por los diputados locales que ayer lo citaron ante el Comité de Administración. Monreal se adelantó a la comparecencia, luego de que anoche le pidió su renuncia a De Antuñano para que explique el origen de ese dinero, porque el delegado afirma que detrás del asunto hay “un ataque porque no nos han podido bajar en las encuestas y estamos dando resultados”. ¿Lo recibirán los diputados, especialmente del PRD que ayer le sacaron billetes en la sesión y le exigieron explicar lo que consideran un caso de corrupción del delegado de Morena?... A propósito de la Asamblea, en el informe de Miguel Ángel Mancera el sábado pasado llamó la atención el apoyo unánime de todos los partidos a “la defensa del presupuesto de la Ciudad” que realiza el jefe de Gobierno frente a los recortes del PEF 2017 hechos por la Secretaría de Hacienda. Todas las fracciones, incluida Morena, sin dejar de lado críticas, aceptaron respaldar esa “batalla” por recursos para la Ciudad. Pero ese apoyo, dicen, no fue gratuito y detrás estuvo la operación política que desplegaron desde el Palacio del Ayuntamiento para “planchar” el pronunciamiento de todos los partidos en defensa del presupuesto. Esa operación, afirman, fue realizada por el particular de Mancera, Luis Serna… Los dados mandan doble Escalera.