El 23 de julio, el candidato presidencial de Estados Unidos Donald Trump afirmó que México está petrificado ante los cárteles de droga y que estos podrían quitar a un Presidente en dos minutos.

Dos días más tarde, el 25, el Departamento de Justicia de aquel país anunció que dos cabezas del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, habían quedado en poder de su gobierno, al ser detenidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Texas.

A solo 48 horas de ser emitida, la advertencia de Donald Trump podría materializarse: luego de una catarata de rumores, supuestas filtraciones, hipótesis de traición y toda clase de versiones contradictorias, el abogado de Guzmán López y su familia, José Luis González, reveló ayer que el célebre cofundador del Cártel de Sinaloa, así como el propio hijo de El Chapo, se entregaron de manera voluntaria luego de negociar a lo largo de cuatro años con autoridades estadounidenses.

“Hace 4 años se establecieron pláticas que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael Mayo Zambada García”, reveló González en entrevista con Azucena Uresti. “Claro que hubo negociación”, dijo, y subrayó que los narcotraficantes sinaloenses se habían entregado “sin presiones de alguna autoridad mexicana o americana”:

“Exculpamos de cualquier responsabilidad al gobierno de México y Estados Unidos, en virtud de que la entrega al gobierno mexicano americano fue voluntaria y de conformidad con nuestras decisiones”, concluyó.

La declaración de González contradice la emitida en días pasados por Frank Pérez, el abogado de El Mayo, quien sostuvo que su representado fue traicionado y secuestrado por Guzmán y, sorprendentemente, contradice también la del hombre que representará al hijo del Chapo en la corte del distrito norte de Illinois, Jeffrey Lichtman, quien descartó que este hubiera negociado su rendición con el gobierno estadounidense.

Las palabras de González no solo parecen encaminadas a evitar una sangrienta confrontación entre los soldados de ambos capos. Confirman que hubo una negociación que se fue puliendo y afinando hasta alcanzar el acuerdo que culminó con el abordaje de estos personajes a la aeronave que los condujo a Texas.

Si la versión de González es la buena, se trata de un verdadero cartucho de dinamita. ¿Qué podría ofrecer El Mayo, narcotraficante activo durante más de medio siglo, que resulte apetitoso para el gobierno de los Estados Unidos?

En el Cártel del Pacífico, arriba de El Mayo, no existe nadie más.

Según expertos consultados, solo le quedaría negociar a partir de los vínculos que estableció con el gobierno mexicano y la élite empresarial que lavó sus activos (El Mayo ha hecho, entre otras, fuertes inversiones en el ramo de los cárnicos).

Al menos desde 2019, Estados Unidos ha dejado clara su intención de desmontar al costo que sea la relación entre gobierno y narcotráfico en México. La primera señal fue la captura, efectuada ese año, de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón y titular de la Agencia Federal de Investigación durante la administración de Vicente Fox, a quien se detuvo bajo el cargo de colaborar con el Cártel de Sinaloa para que este operara con impunidad, a cambio de millonarios sobornos.

Sin fotos, sin videos, sin ningún otro tipo de documento, sólo bastaron las declaraciones de un grupo de testigos protegidos, para hacer caer a García Luna.

El segundo aviso llegó en septiembre de 2020, cuando el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue aprehendido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, en una operación que se realizó totalmente a espaldas del gobierno mexicano. Cienfuegos había sido investigado por cargos que Estados Unidos consideraba “muy serios”: ofrecer supuesta protección a una organización criminal “extremadamente violenta”.

El escándalo que se desató en México, la amenaza de expulsión de los agentes de la DEA y las presiones de la administración de AMLO llevaron a la liberación del general un mes después, en medio de los manotazos dados en la mesa por la DEA y por funcionarios de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado.

Una nueva embestida fue la filtración de documentos del Departamento de Justicia, a principios de este año, que demostraban la existencia de una investigación según la cual el Cártel de Sinaloa había aportado millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Como se sabe, aquella investigación, que duró dos años, fue cancelada por razones políticas y diplomáticas. Pero el nombre de AMLO y de algunos de sus colaboradores quedó en los archivos de las agencias estadounidenses.

Es claro que la estrategia de Estados Unidos va encaminada a desmontar el andamiaje de complicidades entre la política mexicana y los grupos criminales que han dejado en aquel país más de 300 mil muertos.

En Estados Unidos no pasó por alto la operación electoral que el Cártel de Sinaloa llevó a cabo en 2021 para garantizar a lo largo del Pacífico el triunfo de Morena. Eso, intervenir abierta y descaradamente en una elección, fue otro de los errores cometidos por El Mayo y Los Chapitos, porque para el gobierno estadounidense, según las fuentes consultadas, hizo más evidente que nunca la magnitud del problema que debía enfrentar.

Si El Chapo y El Mayo no llegan a un acuerdo, vendrá un juicio que hallará su momento culminante cuando la presente administración haya salido y comience el desfile de testigos que permita a los fiscales explicar el origen de los 300 mil muertos del fentanilo.

Si El Chapo y El Mayo llegan a un acuerdo, ¿qué pueden ofrecer para obtener beneficios para ellos y sus familias?

Con el caso García Luna se avaló un método que puede llevar a la cárcel a cualquiera. Lo avaló y celebró el propio gobierno mexicano.

Como se ha escrito en estos días, los vínculos de El Mayo fueron tan poderosos, que no solo dan para poner en aprietos a un gobernador: que podrían, como dijo Trump, tirar a un Presidente en dos minutos.