Para imponer a los mexicanos un destructivo cambio de régimen que incluye la virtual demolición del Poder Judicial, la extinción de siete organismos autónomos y la chatarrización del Instituto y el Tribunal electorales, el presidente López Obrador y sus bancadas legislativas requieren de mayorías calificadas (al menos dos en cada Cámara).
En el Senado —que se integra de 128 “representantes del pacto federal”— les faltan solo dos (que bien podrán comprar en fracciones de la zarandeada oposición) para alcanzar el mínimo de 86 votos.
Pero en la Cámara de Diputados, donde les bastarían 334 para modificar a capricho la Constitución, quieren alzarse con 373 del total de 500 posiciones, lo cual constituye una sobrerrepresentación ilegal e inmoral, porque no corresponde a la voluntad del electorado:
Coligados, el 2 de junio Morena y los partidos Verde y del Trabajo ganaron 54.7 por ciento de los sufragios, pero quieren agandallarse 74.6 por ciento de las curules: casi 20 por ciento de las diputaciones.
Y a pesar de que la oposición obtuvo en total 44 por ciento de los votos, quieren dejarle apenas 25 por ciento de las curules.
Evidente atraco.
Tan grande es el problema que, si el INE y el Tribunal Electoral consienten este robo, se instauraría una “legal” dictadura de la mayoría, en tanto que las minorías no alcanzarían siquiera el tercio de curules necesario para entablar controversias constitucionales.
Con la misma receta, ¿los nacionalpopulistas de la coalición aceptarían que se les redujera a 34 por ciento de la representación y no 54 por ciento más el 8 de las plurinominales permitido por la ley?
Para el ensoberbecido lopezobradorismo, cada voto que ganó su coalición vale más que el obtenido por la alianza opositora.
Uno de los argumentos contra esa sobrerrepresentación es que el gobierno y sus devotos quieren que a cada partido de su coalición se le asigne el pilón de hasta 8 por ciento de la votación que ganaron en lo particular (8 por 3: 24), en vez de aceptar ese tope para la coalición.
De otra manera dicho: sumados, Morena, Verde y PT solo tienen derecho a 8, no a 24 por ciento de diputaciones plurinominales.
Para intentar justificar el despojo, el gobierno y sus fieles arguyen una ensalada legaloide de literalidades e interpretaciones constitucionales, cuya explicación rebasaría este espacio, pero dicen que lo mismo hicieron PAN y PRI cuando estaban encumbrados.
¿Pues no que los cuatroteros eran “distintos”?
Ni ellos se creen sus coartadas legalistas, sobre todo cuando su jefe máximo ha dicho que su “autoridad moral y política está por encima de la ley” y que no le lleguen “con el cuento de que la ley es la ley”.
Se supone que el oficialismo detesta todo lo hecho “en la época neoliberal” (bastaría con el T-MEC derivado del TLC de Salinas para desmentirlo), pero ahora se apoyan en legislaciones aprobadas en los gobiernos “neoliberales” para asaltar el Congreso y consumar el “golpe de Estado técnico…”.