El futuro político de México se discute con base en dos palabras desdichadas: largas, cacofónicas y de significado abstruso, incluso para especialistas.

Esas palabras son sobrerrepresentación y subrepresentación.

Se refieren a dos problemas centrales de la democracia: 1. Que nadie obtenga más poder en el Congreso que los votos que sacó en las urnas. 2. Que nadie obtenga menos poder que el que le dieron los votantes.

Es decir: que el voto cuente al asignar asientos en el Congreso tanto como contó en las urnas.

Los legisladores mexicanos de la reforma constitucional del artículo 54 vigente, que regula la representación, le metieron al código mayor una tuerca que desde entonces hace chirriar la maquinaria.

Decidieron que el partido mayoritario en las urnas pudiera tener una sobrerrepresentación de 8%: un 8% más de diputados, un 8% más de Poder Legislativo.

¿Para qué? Para facilitar, dijeron, la gobernabilidad, para evitar empates catastróficos que inmovilizaran al gobierno en el Congreso.

Con esa salvedad, las abstrusas palabras de las que hablamos quieren decir sencillamente esto:

Sobrerrepresentación: más porcentaje de poder en el Congreso que el otorgado por los votantes.

Subrepresentación: menos porcentaje de poder en el Congreso que el obtenido en las urnas.

En ambos órdenes de poder, el oficialismo pretende hoy dos abusos paralelos:

Primer abuso: Con 55% de los votos emitidos el gobierno quiere quedarse con 75% de los asientos en la Cámara de Diputados, una sobrerrepresentación, una cuota de poder, 20% superior a la de sus votos y al que autoriza la Constitución.

Segundo abuso: con 45% de los votos emitidos, la oposición recibiría sólo 25% de los asientos en el Congreso, una subrepresentación, una cuota de poder, inferior en 20% a los votos emitidos.

Con un agravante: la oposición no podría impugnar nunca ante la Corte lo legislado por la mayoría, porque, para hacerlo, hace falta 33% de los legisladores, cifra que nunca podría alcanzar.

Dice bien Diego Valadés que esta subrepresentación, este robo de poder, “es el mayor problema que ha enfrentado la democracia mexicana… A partir de que se desconozca el derecho de casi la mitad de los votantes de oposición, ya no se podrá hablar de democracia en México” (Excélsior (28/7/24).