Aunque a regañadientes o con tirabuzón, la respuesta de Alejandro Encinas a una de 34 preguntas de la defensa de los militares, que como subsecretario de Derechos Humanos y titular de la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa implicó en la desaparición y asesinato de Los 43 de Ayotzinapa, retrata la impunidad con que desde el poder de los poderes se violan compromisos internacionales y ordenamientos jurídicos del Estado mexicano.

El ex funcionario (jefe hoy del equipo de transición de la jefa de Gobierno electa de CdMx) compareció el 25 de julio ante la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca donde, en nombre del personal castrense bajo proceso, la defensa formuló los planteamientos que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo consideró “legales”.

13. “En relación a la conferencia del 26 de agosto de 2022 denominada mañanera, en la cual usted tuvo participación, en relación a diversos numerales de la Convención Americana de los Derechos Humanos del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la fracción XV del Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que manifestó diversos nombres, que diga el testigo si sabía que el personal imputado tiene derecho a no ser presentado ante la comunidad como culpable”.

Respuesta:

“En la dichosa conferencia de prensa, fue por instrucciones puntuales del señor Presidente de la República, no podría ser de otra manera, y por supuesto que siempre reivindicaré la presunción de inocencia, que es una pieza clave en el sistema jurídico”.

Antes, la 12 planteó lo mismo, con el aderezo de que, en esa mañanera, el entonces funcionario rindió el segundo informe de la Covaj, pero Encinas, con una falsa coartada, quiso eludir la respuesta:

“Me acojo a mi derecho de no autoincriminación”.

Para nada se incriminaría, porque no compareció como acusado, sino como testigo.

El riesgo de autoincriminarse, sin embargo, persistirá si algún improbable día la Fiscalía General de la República procediera en su contra basándose en la acusación formal por manipulación del expediente, fabricación de “pruebas” y otras fregaderas que desde noviembre de 2022 le levantó la defensa de los militares.

Su comparecencia respondió a la denuncia de hechos que los defensores presentaron para intentar desmantelar la acusación penal contra los militares, no contra Encinas.

Mañosamente, la FGR vino aplazando su asistencia, igual que lo hace para que tampoco se presenten ante la jueza sus “testigos protegidos” y el pretexto es idéntico: que “no podía localizar” en sus domicilios a los requeridos por la defensa.

Lo que parece desconocer Encinas es que culpar al Presidente no le quita la responsabilidad de haber violado el debido proceso y la presunción de inocencia, porque generó el famoso “efecto corruptor” en la totalidad del juicio…