Una añeja demanda de campesinos ha sido el pretexto para cerrar por más de tres días la carretera México- Puebla. La Constitución de la República y leyes que de ella emanan, que juraron cumplir los gobernantes, han sido letra muerta en este conflicto.
El artículo sexto constitucional precisa que la manifestación de ideas no será perseguida salvo ataques a derechos de terceros, provocación de delitos o perturbación del orden público. Y el artículo noveno advierte que un acto de protesta no podrá ser ilegal o disuelto salvo hubiese violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que deseen los inconformes.
El fastidio a transportistas, comerciantes, ciudadanos, población enferma que, acude a atenderse durante los tres días, ha sido considerable.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que los transportistas suman pérdidas por 131 mil millones de pesos, y que hasta ayer había 10 mil toneladas de productos perecederos fuera de sus plazos de entrega, debido a los bloqueos.
"Se ha fracturado la cadena de suministro de partes automotrices, bienes de consumo y perecederos, transporte de personas, entre otros. Mientras pasen los días y las horas, las pérdidas crecen", cuestionó Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar.
Automovilistas, transportistas y empresarios pidieron a las autoridades federales desbloquear las carreteras a Puebla y el Arco Norte y reclamaron la no aplicación de la ley que los faculta a intervenir en casos de interrupción al tránsito.
Desde el martes, ejidatarios de la localidad de Ignacio López Rayón, en Puebla, se plantaron en las carreteras libre y de cuota a Puebla, así como en el Arco Norte, en demanda de una indemnización por la construcción de vialidades hace más de 60 años.
Los afectados en las vías bloqueadas reprocharon que ninguna autoridad haya intervenido para hacer cumplir la legislación.
La Ley de Vías Generales de Comunicación, que fue reformada en 2021 para castigar la toma de vialidades y casetas, prevé de tres meses a siete años de prisión a quien interrumpa el tránsito vehicular y la operación del servicio de peaje.
Conductores que ayer se encontraban en uno de los puntos de bloqueo cuestionaron la falta de autoridad en el lugar.
"No nos dicen nada, no hacen nada, no hay Gobierno", reprochó el conductor de un camión que transportaba harinas.
El Fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, dijo hasta ayer, dos días después de iniciado el bloqueo, que se investiga a dos abogados que fueron acusados por daño patrimonial a los ejidatarios.
Anoche, el Gobierno de Puebla presumió haber logrado que los manifestantes dejaran libre un solo carril de la carretera México-Puebla. Lo demás seguirá cerrado.
Con información de Rolando Herrera, Saraí Cervantes e Iris Velázquez.
LETRA MUERTA
Algunas disposiciones legales sobre bloqueos.
CONSTITUCIÓN FEDERAL
Artículo 6. Derecho de manifestación limitado cuando ataque derechos de terceros o provoque algún delito.
Artículo 11. Derecho de libre tránsito sin necesidad de salvoconducto o requisitos semejantes.
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Artículo 533
Tres meses a siete años de prisión a quien interrumpa el tránsito vehicular y la operación del servicio de peaje.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo 167
Uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:
III.- Al que, para detener los vehículos en un camino público, ponga algún estorbo en vía pública.
UN RECLAMO 60 AÑOS DESPUÉS
En septiembre de 2018, el comisariado ejidal de Santa Rita, en Tlahuapan, recibió un cheque por más de 176 mdp, por la indemnización de 400 terrenos afectados en 1962; pero ahora uno de los asesores legales asegura que aún se les adeuda a otros 1,600 campesinos del Ejido Ignacio López Rayón, en Tlahuapan, Puebla.
