Con la cínica infidencia del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se confirma que la iniciativa de reforma del Poder Judicial es una venganza contra la Suprema Corte de Justicia porque impidió (noviembre de 2021) lo que la 4T debiera agradecerle: que el presidente López Obrador y sus legisladores violaran la Constitución:

“Ustedes recordarán toda la discusión que hubo con uno de los artículos transitorios, el 13 de esa reforma a la ley, que establecía que se prolongara el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: solamente que permaneciera un año más como presidente de la Suprema Corte para iniciar el proceso de transformación, y no fue posible…”.

Si “solamente” es imaginar que hay medios embarazos.

“Por eso es que el ‘Plan C’ tiene como punta de lanza la reforma al Poder Judicial”, despepitó al término del último monólogo de los falsarios Diálogos Nacionales sobre la iniciativa que el nacionalpopulismo se apresta a palomear en septiembre.

La confesión es indignante y escandalosa porque la cruenta represalia no se limita a los 11 ministros que anularon la inconstitucional pretensión, sino hace chuza con aproximadamente siete mil juzgadores federales y locales de carrera que serán echados a la calle para suplirlos con “ángeles” recién graduados en abogacía elegidos “por el pueblo”.

Poco importa que el propio Arturo Zaldívar haya renunciado a la idea (agosto de 2021) de permanecer ilegalmente en el cargo ni que tres meses después, con su voto en el mismo sentido, el pleno de la Corte, por unanimidad, rechazara la inconstitucional idea que el lopezobradorismo en el Congreso quiso colar en las letras chiquitas del “transitorio” aludido.

Para dinamitar a todo el Poder Judicial, tampoco se consideró que el propio Zaldívar, en su cuarto y último informe de labores, aseguró que dejaba al Poder Judicial de la Federación rechinando de limpio:

Ante López Obrador y Claudia Sheinbaum, dijo el 14 de diciembre de 2022:

“Al cierre de mi gestión, tenemos un servicio profesional de carrera judicial alejado del nepotismo y del tráfico de influencias, el mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia, políticas públicas premiadas nacional e internacionalmente, y un servicio de defensoría pública revolucionario (…). Tenemos un Poder Judicial que comunica e informa sobre su labor, que difunde a gran escala la cultura jurídica, cercano a las y los jóvenes y con la mayor presencia en redes sociales en el mundo. Tenemos un Poder Judicial en el que cada persona juzgadora es libre de resolver con toda independencia, protegida por las garantías institucionales preservadas a su favor. Un Poder Judicial diferente, una justicia transparente, honesta, moderna, diversa, independiente…”.

Menos de dos meses después (5 de febrero del 23), según AMLO y el chaquetero Zaldívar, con la ministra Piña Hernández a la cabeza todo eso “se pudrió”. ¿De veras…?