Con una naturalidad que escuece, Ismael El Mayo Zambada dice que cayó en la trampa de los Chapitos cuando se disponía a reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya para mediar en la disputa que, afirma, tenía éste con su predecesor en la rectoría de la Universidad Autónoma del estado, el diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien ese día terminó asesinado.

El capo afirma que el homicidio se cometió por la mañana en el mismo sitio en que fue citado, pero la fiscalía sinaloense difundió ayer un video con el lugar y el momento de la ejecución: una gasolinera y de noche.

Rocha Moya niega que haya sido invitado a la supuesta reunión y ante Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador dijo:

“Yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche y regresé al siguiente día muy tempranito (…). Si dijeron que iba a estar yo, le mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa…”.

Suena lógico.

En el misterio queda qué fue lo que se le informó, pero nada indica que mienta, como quizá tampoco El Mayo cuando relata:

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda (…), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron (…) que también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar”.

Su afirmación sobre la eventual asistencia del gobernador puede ser verídica, pero se entiende bien que eso es lo que le dijeron.

De ser cierto –como dice en su carta– que uno de los acompañantes de Zambada era José Rosario Heras López, comandante de la policía judicial de la entidad, entre las verdades y mentiras del caso lo que queda expuesto es el muy probable vínculo del crimen organizado con al menos algunas autoridades estatales.

Puede ser que el nombre de Moya Rocha haya sido usado como señuelo, pero abundan indicios (incluida su aceptación ante periodistas de que para gobernar Sinaloa deben tenerse acuerdos con los criminales) de que el gobernador tiene ligas con la delincuencia organizada.

El 16 de junio de 2021, Jannet López Ponce reveló en MILENIO que el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investigaban “presuntos vínculos de al menos seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales con el crimen organizado, entre los que destacan los entonces gobernadores electos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, además de tres diputados federales reelectos.

“A la cabeza se ubica Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y gobernador electo de Sinaloa. De él se tienen documentados presuntos nexos con el cártel del Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Rocha Moya nació en Badiraguato, tierra de El Chapo Guzmán…”.