El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue exculpado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta electa Claudia Sheinbaum el mismo día en que se dio a conocer la explosiva carta firmada por Ismael El Mayo Zambada, que involucra al gobernador con el Cártel de Sinaloa.

Según ese documento, Zambada, líder y fundador de esta organización criminal, fue secuestrado y conducido a los Estados Unidos contra su voluntad cuando asistía a una reunión a la que había sido convocado por uno de los hijos del Chapo Guzmán con el pretexto de que mediara en el pleito que arrastraban dos poderosos líderes políticos: el propio gobernador Rocha y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo por el PAN, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado a tiros ese mismo día.

No hubo necesidad de esperar el resultado de investigación alguna a pesar de que la influencia del crimen organizado en la política de Sinaloa fue admitida por el hoy gobernador en una conversación sostenida en agosto de 2021 con el columnista Salvador García Soto: “No nos hagamos pendejos, aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente”.

No hubo necesidad de esperar nada, a pesar de que el tufo de esa influencia rodea a la figura del gobernador por todas partes.

Nunca en la historia del crimen organizado en México se había dado a conocer una carta en la que un jefe criminal revelara el nivel de su mediación entre los líderes políticos más importantes del estado. Zambada reveló en el documento que el asesinato de Cuén está conectado con esa reunión y revela asimismo que contaba con la protección de un comandante de la policía del estado –quien está en calidad de desaparecido desde aquel día.

El presidente, sin embargo, se apresuró a asestar a Rocha Moya el espaldarazo purificador que incluso frente a los peores escándalos suelen recibir sus cercanos: “Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha… Y lo felicito por dar la cara: no dejó pasar ni un día”.

Lo mismo ocurrió con la presidenta electa: “Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo”.

No tardó en aparecer el consabido desplegado de apoyo de las gobernadoras y los gobernadores constitucionales y electos de Morena, quienes mostraron “su absoluto respaldo al compañero Rubén Rocha Moya (…) ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto en días recientes” y rechazaron “tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada García a través de su defensa legal”.

Desde 2021, el gobierno de Estados Unidos tiene información sobre la abierta intervención del crimen organizado en las elecciones que se llevaron a cabo ese año en Sinaloa, y que llevaron al triunfo a Rocha Moya, así como a una serie de alcaldes morenistas.

Al menos tres gobernadores, entre los firmantes del desplegado, han atraído el interés de organismos de inteligencia estadounidenses: para ellos, probablemente en un futuro no muy lejano, el menor de sus problemas va a ser la DEA.

En masa, gobernadores de Morena que mantienen sus estados en llamas (Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Américo Villarreal en Tamaulipas, Evelyn Salgado en Guerrero, David Monreal en Zacatecas, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, Alfonso Durazo en Sonora, Rutilio Escandón en Chiapas, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán), salieron a arropar a Rocha Moya.

Pero las señales enviadas tanto por El Mayo como por quienes tienen ahora la sartén por el mango, indican que el alud que se viene encima no podrá ser contenido a punta de “mañaneras”, ni a punta de desplegados.

Para López Obrador acaba de comenzar el temido séptimo año.