Este 10 de agosto de 2024 se cumplieron 9 años de la emisión de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos por parte de la Comisión Nacional contra la Violencia a las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación. Han pasado dos gobiernos estatales, encabezados por Graco Ramírez y por Cuauhtémoc Blanco, sin que se hayan cumplido todas las medidas y acciones para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), como organismo peticionario de la Alerta de Violencia de Género, aseguró que ha dado puntual seguimiento a cada una de estas medidas decretadas, “por lo que hemos rendido informes públicos cada seis meses, mismos que han sido entregados a todas las autoridades responsables y dados a conocer a los medios de comunicación para el conjunto de la sociedad”.
La CIDHM recuerda que estos 9 años coinciden con la llegada al gobierno de Morelos de la primera mujer Gobernadora, Margarita González Saravia, “a quien hemos entregado tanto el documento de solicitud de la AVG con los 530 casos que documentamos del año 2000 al 2013, hasta el más reciente informe sobre la AVG cuando se cumplieron 8 años y medio, cuando se llegaron a documentar un total de 1428 feminicidios ocurridos en todos éstos años”.
La deuda con las mujeres es muy grande y los retos serán altos
Para la CIDHM, “la deuda pendiente con las mujeres en Morelos es muy grande. Los retos que tendrá el próximo gobierno de 2024 a 2030 son muy altos y a la vez son urgentes y necesarios para lograr que no haya ni un feminicidio más. Una de las prioridades gubernamentales debe ser precisamente garantizar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo expresó la Gobernadora Constitucionalmente Electa en dos reuniones que hemos tenido con ella, para abordar detalladamente las propuestas que hemos hecho a partir de las conclusiones y recomendaciones que hemos emitido a cada una de las dependencias y municipios que tienen las tareas y responsabilidades de cumplirlas. Hemos escuchado igualmente los compromisos de la Gobernadora para modificar las estrategias y llevar a la práctica las políticas públicas con perspectiva de género que reclama la sociedad”.
Advierte la organización no gubernamental que “todos los nombres y rostros de las víctimas de feminicidio tienen historias de vida personales y familiares que están atravesados por el dolor que no cesa mientras se mantenga en la impunidad y no se logre justicia que siente precedente para combatir la impunidad y que haya garantías de no repetición, para que no sigamos presenciando un día sí y otro también como son arrojados sus cuerpos en la vía pública, con la demostración de violencia machista y misógina que eso representa”.
También señala que “todas y cada una de las mujeres víctimas de feminicidio podrían encontrarse vivas si se hubiesen tomado todas las medidas de prevención y atención establecidas y mandatadas, no es nuestra pretensión simplemente llevar una contabilidad del número de víctimas, mucho menos entrar en polémicas estériles sobre las cifras que sin fundamento tienden a minimizar las autoridades o a ocultarlas cuando así creen que les conviene por razones políticas o de otro tipo. Las crecientes movilizaciones y protestas por las mujeres desaparecidas que son encontradas posteriormente sin vida muestran que la sociedad no permanece pasiva y exige justicia para sus seres queridos”.
Durante 23 años hemos documentado la grave violencia feminicida prevaleciente en Morelos, asegura la CIDHM, para alertar a la sociedad, para que se tome conciencia y se actúe en todos los niveles con el fin de poner un alto a las violencias que sufren las mujeres y se garantice un acceso a una vida digna, plena, justa y en igualdad de condiciones. Mientras las autoridades no apliquen todas las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio en Morelos, no se harán efectivos los derechos humanos ni se garantizará el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como lo establece la ley en nuestro país.
Cada muerte afrenta a la sociedad
Cada muerte violenta de mujeres es una afrenta a las víctimas y al conjunto de la sociedad, la impunidad únicamente beneficia a quienes cometen estos crímenes y daña terriblemente los mejores sentimientos de las personas y termina destruyendo la posibilidad de mejores relaciones sociales de convivencia, advierte.
Las estadísticas oficiales están muy alejadas de la realidad, señalan: “Hemos revisado cada uno de los casos de enero al 31 de diciembre del 2023 y se han documentado 125. Dando un total de 1428 feminicidios en 23 años”.
Es así, que el 2023 fue el año más violento para las mujeres con 125 feminicidios, superando con 18 feminicidios al año 2022, que hasta entonces había sido el año más violento para las Mujeres con 107 casos documentados por la CIDHM.
Durante el 2023 fueron 26 los municipios que registraron feminicidios en Morelos; los que tuvieron mayor número fueron: Cuernavaca con 26; Cuautla con 15, Jiutepec con 13; Coatlán del Río con 11; Emiliano Zapata con 9; Zacatepec con 6.
De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado del 2000 al 31 de diciembre del 2023 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el rango de edad de las mujeres asesinadas fluctuó entre algunas horas de nacida y los 94 años. Se hizo un análisis por rangos de edad de las mujeres asesinadas y se observó que el mayor número (excluyendo la categoría de sin especificar, que fue la más alta por falta de información) se encuentra entre los 21 y 30 años, con 277 casos; seguida de la categoría de entre 31 y 40 años, con 190 feminicidios; y en tercer lugar tenemos el rango de entre 11 y 20 años, con 131 registros.
Y durante el año 2023, las mujeres victimadas estaban principalmente en el rango de edad de los 21 y 30 años, y de 31 a los 40 años, con 5 registros cada uno. Cabe destacar que, en 41 de los casos, las notas periodísticas no señalaban la edad de las mujeres asesinadas. No hay otras fuentes oficiales al respecto.
Los retrocesos afectan la dignidad humana
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos asegura valorar tanto los aspectos negativos y los retrocesos que han afectado terriblemente en muchos aspectos la dignidad humana, nos permite también reconocer los avances que se han tenido en la lucha por hacer vigentes todos los derechos que se han conquistado mediante luchas a través de la historia “y, sobre todo, proponernos cumplir los retos y desafíos del porvenir durante este año 2024”.
La CIDHM advierte que uno de los aspectos más lacerantes que se ha vivido en este tiempo ha sido precisamente la violencia e inseguridad que se ha generalizado en Morelos. “Los datos son verdaderamente preocupantes, sobre todo debido a las muertes violentas que se han acumulado en una escala muy superior en comparación con años anteriores. Los datos oficiales así lo muestran. La realidad, sin embargo, es mucho peor, ya que gran cantidad de hechos violentos no son denunciados ni llegan a las autoridades, por lo que las estadísticas reflejan en menor medida lo que se padece cotidianamente”.
En este clima de violencia e inseguridad, advierten, “el feminicidio también tiene uno de los niveles más altos que hemos documentado desde hace 23 años en que iniciamos a denunciar el incremento de casos de muertes violentas de mujeres, que llevó a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2013 con 530 casos de feminicidio, logrando que se estableciera el decreto de AVG para 8 municipios en agosto de 2015. Podemos asegurar con pleno conocimiento de causa, que de no haberse implementado algunas de las medidas de esta Alerta, los niveles de violencia feminicida serían aún peores, sin embargo, el incumplimiento de muchas de las medidas y acciones decretadas por la CONAVIM, no han logrado conseguir el objetivo de Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en Morelos. Por ello es que se ha llegado a superar los 1,428 feminicidios en éstos 23 años. Los datos oficiales reconocen el incremento de muertes violentas de mujeres, sin embargo, únicamente reconoce como feminicidios un 32% del total que ocurren en Morelos, en contradicción con lo establecido en el Código Penal y en el protocolo de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado que establece el procedimiento de que se investigue toda muerte violenta de mujeres en principio como Feminicidio”.
La violencia cotidiana lacera los derechos humanos
La comisión asegura que “la violencia cotidiana lacera gravemente los derechos humanos de las personas que la viven directamente y termina afectando al conjunto de la sociedad. El derecho a la vida nadie debe ponerlo en cuestión ni justificarlo cuando ocurren crímenes en contra de personas, públicamente conocidas o desconocidas, al responsabilizarlas de sus propias muertes al señalar que ellas mismas se lo buscaron por el lugar donde andaban, el modo de vestir, las circunstancias en que ocurrieron”.
Y advierte “particularmente graves son las desapariciones de mujeres que son localizadas sin vida, ya que son dos agravantes de la violencia feminicida, que podría ser analizada por la unidad de contexto que, sin embargo, no funciona en la Fiscalía de Justicia del Estado, a pesar de haber ejercido el presupuesto, apuntando como hipótesis de las femi-desapariciones ligadas a la trata y explotación sexual de mujeres”.
“Hay que señalar que el gobierno actual, en sus diferentes niveles, como los gobiernos anteriores, son los responsables de que Morelos se encuentre en éste grado de descomposición social, ya que en lugar de aplicar políticas públicas que garanticen una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, han priorizado sus intereses económicos y políticos por encima de los intereses colectivos”, acusa el organismo independiente que considera “urgente y necesario que el Gobierno del Estado para el período 2024-2030 deba cambiar las estrategias y las políticas prevalecientes actualmente, para terminar con la impunidad y lograr que haya justicia, atendiendo las causas de la violencia e inseguridad”.
En su comunicado por el noveno aniversario de la AVG, la CIDH recuerda “que el Congreso del Estado incumple con atender adecuadamente el feminicidio y los derechos de las mujeres. Un pendiente del Congreso es la falta de homologación de la legislación sobre feminicidio y modificar el Código Penal para sancionar penalmente la violencia institucional de funcionarios que incumplen la Alerta de Violencia de Género. La LVI Legislatura entrante tendrá que asumir las tareas pendientes para que el Congreso del Estado esté a la altura de las circunstancias que reclaman las mujeres y la sociedad toda sobre el acceso a una vida libre de violencia”.
Falta de transparencia en la GDE
Y acusa “la falta de transparencia de la Fiscalía General de Justicia, que no nos ha proporcionado su informe sobre los casos de feminicidio que atiende. Igualmente en el caso de la Oficina de la Gubernatura, como se demostró con la resolución del IMIPE a nuestra queja, notificada el 24 de noviembre de 2023, donde se impone una sanción a la Directora General de la Unidad Jurídica y Asuntos Institucionales y Titular de la Unidad de Transparencia de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, por incumplir con la entrega de la información solicitada desde 2021”.
Para llevar a cabo la evaluación de las medidas con parámetros e indicadores adecuados, se requiere contar con información de todas las instancias oficiales en tiempo y forma, para evaluar y emitir las recomendaciones pertinentes, sin embargo, como lo ha señalado el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la CONAVIM, en el informe entregado al gobierno de Morelos en noviembre de 2023 no se dan por cumplidas completamente ninguna de las medidas y acciones mandatadas en el Decreto de la AVG hace 9 años, resalta.
La CIDH se pronuncia por “una verdadera rendición de cuentas implica que la información sea verificable y cuantificable, tratándose de la Alerta de Violencia de Género el parámetro más importante es uno solo: la vida de las mujeres. Mientras sigan ocurriendo casos de feminicidio significa que hay autoridades que incurren en omisión o complicidad en el desempeño de sus funciones. Y eso es absolutamente inaceptable para la dignidad humana”.
“Es claro que si se aplicaran todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género por las autoridades tendríamos un panorama distinto en Morelos. Seguiremos exigiendo que no haya simulación ni negligencia en la atención, investigación y sanción para erradicar el feminicidio y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, reclama la organización.
“Ningún caso de feminicidio debe permanecer impune. Por eso es importante que la sociedad proteste y se organice, exija y se movilice en las calles y plazas, porque no se puede ser indiferente ante tanta violencia que termina afectando a toda la sociedad. Basta de feminicidio en Morelos. ¡Ni una más!” concluye el comunicado.
