Una alta funcionaria del gobierno mexicano en materia de seguridad, nos decía hace unos días que a la administración del presidente López Obrador no le preocupa en lo más mínimo lo que puedan decir ante la justicia de los Estados Unidos, ya sea en un juicio o bajo la figura de “testigos protegidos”, los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. “Si el Mayo o el Chapito quieren hablar con los estadunidenses que hablen, que digan todo lo que saben y que mencionen nombres, ni a mí ni al presidente nos preocupa”, repitió hasta tres veces la funcionaria obradorista.

Muchos piensan que la captura del Mayo Zambada y de Guzmán López obtenida por el gobierno de los Estados Unidos con la colaboración y los acuerdos que hizo con los dos capos y con funcionarios y políticos mexicanos, junto con la información que pueden revelar en sus declaraciones, afectarán sólo al actual gobierno lopezobradorista, que fue olímpicamente ignorado, ya sea por precaución o por desconfianza, por las agencias de la administración Biden que operaron la entrega de Ismael Zambada García.

Y sin duda que habrá personajes de la 4T, de gobernadores hacia arriba, que podrían ser mencionados o señalados como “colaboradores”, “protectores” o incluso como “aliados” no sólo del Cártel de Sinaloa sino de los otros grupos del narcotráfico mexicano. Si esos señalamientos llegan o no hasta López Obrador, su gabinete o incluso su entorno familiar, eso ya se verá, pero por ahora no hay duda de que el actual gobierno y su controvertida estrategia de tolerancia y “respeto” por los derechos de los narcotraficantes será uno de los objetivos de los fiscales o investigadores que negociarán con el Mayo Zambada y con el joven Guzmán López y sus hermanos.

Pero claro que lo que puedan revelar los dos personajes criminales en poder de los Estados Unidos trasciende y sobrepasa sólo a la actual administración, si bien sería la más impactada en el futuro inmediato. Los más de 50 años que Ismael Zambada se pudo mantener como un capo “intocable” para los gobiernos mexicanos e incluso para los de Estados Unidos, no se explican sin los pactos y la protección que obtuvo de las varias administraciones del PRI y de los dos gobiernos panistas que antecedieron al actual gobierno. En ese sentido, hay muchos nombres de políticos mexicanos que hoy están en la oposición, desde expresidentes, exgobernadores y exfuncionarios de alto nivel, que podrían ser señalados o acusados por El Mayo y el Chapito en busca de un mejor acuerdo para ellos y sus familiares presos o procesados por la justicia estadounidense.

Tan sólo ahora, cuando apenas empiezan las pláticas entre las agencias estadounidenses y los dos capos de Sinaloa, la política mexicana se ha sacudido con las revelaciones de la presunta participación del gobernador Rubén Rocha Moya en la entrega del Mayo a las autoridades estadounidenses. El asesinato de Héctor Melesio Cuén, justo el mismo día en que extrajeron a Zambada, el vuelo de Rocha Moya a Estados Unidos “por motivos familiares”, dice él, pero en un avión propiedad del empresario y político de su estado, Jesús Vizcarra, cuyo compadrazgo y cercanía con Zambada García está retratado en imágenes y fue lo que le impidió ganar la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2010, son hechos que no parecen casualidades ni coincidencias y que confirman que en Sinaloa --no de ahora, sino desde hace algunas décadas-- opera de facto un narcoestado en el que los criminales financian y apoyan a políticos y éstos a su vez protegen y cuidan al Cártel, no sólo garantizándoles impunidad en su estado, sino sirviéndoles como “enlaces” o “embajadores” ante el gobierno federal.

Y si ese modelo de narcogobiernos nació y se perfeccionó en Sinaloa hoy, con la influencia y la experiencia política que han ganado los Cárteles, se ha replicado y reproducido a varios estados de la República, desde Tamaulipas, hasta Guerrero, pasando por Jalisco, las Bajas Californias, Zacatecas, Michoacán, Colima, Guanajuato y hasta Tabasco y Veracruz. Porque hoy en México, los gobernantes desde el nivel municipal hasta el estatal, pasaron de ser los que contenían y combatían a los narcos, como es su función constitucional, a convertirse después en carne de cañón bajo la ley de “plata o plomo” que les impuso el narco, para terminar por convertirse en “colaboradores”, “empleados” o de plano cómplices del crimen organizado, ya sea por comisión o por omisión.

Por más que lo nieguen en el actual gobierno, en donde sostienen que la influencia, el control territorio  y los problemas de violencia narca en el país no abarcan la tercera parte del territorio mexicano, como sostiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y afirman que sólo se trata de 50 municipios que están bajo el control y asedio armado del narcotráfico, en la percepción que hoy se tiene de México, dentro y fuera de nuestras fronteras, las palabras de “narcoestado” y “narcogobiernos” cobran cada vez más sentido con la realidad que se vive en buena parte de la República mexicana.

Así que si tan sólo la llegada en avión del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo a territorio de los Estados Unidos y su captura con claros fines de obtener de ellos un acuerdo de colaboración con la justicia de ese país, han sacudido a la política mexicana, han exhibido a un presidente que en el ocaso de su sexenio perdió el control de lo que sucede en el país y está siendo ignorado por la administración Biden, además de poner bajo los reflectores a varios gobernadores de Morena y a varios políticos de anteriores administraciones, está claro que cuando empiecen a hablar los sinaloenses y a revelar las redes políticas mexicanas que los auspiciaron, los empoderaron y los protegieron, lo que vendrá políticamente en México puede ser un tsunami.

Y por lo pronto, aunque él y sus colaboradores de seguridad digan que no les preocupa en lo más mínimo lo que hablen Zambada y Guzmán ante la justicia estadunidense, lo que es un hecho es que el séptimo año de Andrés Manuel López Obrador no será, necesariamente, como él lo había anticipado: tranquilo en su rancho de Palenque, reflexionando sobre lo que fue su gobierno y admirando sus árboles tropicales que tanto ama; si no es a él, a su movimiento político, ese que seguirá gobernando a través de Claudia Sheinbaum, sí lo va a salpicar, igual que a los gobiernos del pasado, lo que salga a la luz desde los Estados Unidos.

NOTAS INDISCRETAS… A pesar de que el Tribunal Electoral de Jalisco ya emitió su sentencia en la que valida el triunfo del candidato Pablo Lemus en las votaciones por la gubernatura estatal, con una diferencia de 5 puntos sobre la candidata morenista, Claudia Delgadillo, el partido Morena no quedó conforme con la sentencia y llegaría hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia, para invocar sus presuntas causales de nulidad de los comicios jaliscienses. De hecho el Tribunal confirmó el cómputo oficial de los votos realizado por el Instituto Electoral del estado que le dio al emecista Lemus un millón 626 mil 789 votos, el 44.25%, de la votación, mientras que a la coalición Morena/ PT / PVEM  un millón 440 mil 024 que es el 39.17%, lo que arroja el 5.08% de diferencia. El problema es que los magistrados jaliscienses, tras analizar las impugnaciones y recursos interpuestos por la dirigencia morenista en el estado, decidió desecharlos por considerarlos “abstractos e imprecisos” porque no aportaron elementos de prueba suficientes para anular la elección, y se ve muy difícil que los magistrados federales pudieran encontrar algo que no hayan evaluado y revisado en el Tribunal estatal. En todo caso a Morena le asiste el derecho de llegar a la última instancia, aunque eso complica y sigue tensando las cosas en la política jalisciense. Ayer salió Pablo Lemus a decir que él apoya el fallo de la instancia local y está trabajando ya en la transición de gobierno y en los planes y estrategias que aplicaría en su eventual administración. Incliuso, se dijo dispuesto y en espera de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo reciba y dialogue con él. El asunto es que, mientras la dirigencia nacional morenista no de por cerrada su impugnación en Jalisco, la normalidad política no podrá volver a Jalisco y justo el próximo sábado, López Obrador y Claudia Sheinbaum Presidente estarán en el estado para inaugurar la presa El Zapotillo, y con ellos el gobernador saliente, Enrique Alfaro. ¿Y el gobernador electo de Jalisco? Pues todo indica que Lemus tendrá que esperar la definición que tome la presidenta electa, que de apoyar a Morena en su idea de llevar su impugnación a nivel federal, podría tardar todavía de dos a tres meses, cuando la toma de posesión del nuevo gobernador en Jalisco está prevista para el próximo 6 de septiembre. Veremos si Sheinbaum recibe o no al virtual gobernador electo Pablo Lemus y si actúa más como la futura jefa de Estado o como jefa de su partido…Dados girando. Serpiente Doble y caída libre.