El antiguo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) extrajo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, casi 1.000 expedientes, más de 300 fojas y un número aún indefinido de fichas catalográficas del fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que forman parte del patrimonio documental del Archivo General de la Nación (AGN). Estos documentos están relacionados con los asesinatos de periodistas y políticos mexicanos ocurridos durante las últimas tres décadas del siglo XX.
La sospecha de que la inteligencia mexicana eliminaba o fragmentaba información sobre casos sensibles, divulgada durante décadas entre historiadores y periodistas especializados en el patrimonio documental mexicano, ha sido confirmada por la propia institución de inteligencia al entregar una serie de documentos en cumplimiento a diversas resoluciones del Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregó a finales de 2023 e inicios de 2024 nueve expedientes relacionados con las presuntas ejecuciones extrajudiciales de varios periodistas en la década de 1980. El Cisen fue desde 1989 la agencia de inteligencia del Gobierno mexicano y cambió su nombre en 2018 a Centro Nacional de Inteligencia.
Luego de que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) señalara el año pasado la ausencia de los documentos, el CNI recibió varias solicitudes en las que se requirieron las investigaciones que la entonces Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DISEN) —institución que sustituyó a la DFS en 1985 y precedió al CISEN— había iniciado sobre las agresiones a los periodistas Héctor Félix Miranda, Ernesto Flores Torrijos, Norma Moreno Figueroa, Francisco Javier Juárez Vázquez y Demetrio Ruiz Malerva. Otros de los expedientes están relacionados con los casos de Linda Bejarano, Elvira Marcelo Esquivel, Alberto Rodríguez Torres, Ronay González Reyes y Odilón López Urías, todos, periodistas mexicanos asesinados.
En sus primeras respuestas a las solicitudes, el CNI notificó que los documentos requeridos no habían sido localizados en sus repositorios documentales, por lo que la parte quejosa recurrió al INAI, que finalmente le dio la razón. Entre las evidencias que recibió el órgano de transparencia destaca el documento Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN, que el MEH publicó en agosto del año pasado, así como las dos ampliaciones de evidencias que publicó en las semanas posteriores.
En las páginas 39 a 41 de ese informe, el MEH compartió un listado de series documentales que “nunca fueron transferidas al AGN”. Eran un total de 38 expedientes. Además de las investigaciones relacionadas con los periodistas, otras más contienen información sobre los homicidios de John Patterson, vicecónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora; Francisco Xavier Ovando Hernández, dirigente del Frente Democrático Nacional en Michoacán; Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994; y José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Guerrero y dirigente nacional del PRI.
En las respuestas iniciales a las nueve solicitudes, el CNI respondió que la información no había sido localizada. Al resolver las inconformidades, el INAI pidió al CNI a hacer una nueva búsqueda. Todas y cada una de las resoluciones han sido publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) desde el 5 de junio pasado, por lo que toda esa información es pública.
En los argumentos que recibió el INAI se expuso que entre el 12 de febrero de 2002 e inicios de 2019, el fondo de la DFS estuvo resguardado por personal del entonces Cisen, que a lo largo de este periodo se encargó de proporcionar el servicio de consulta. Refirió también la existencia de dos catálogos en los que aparecen referidos estos expedientes. Se trata de los documentos conocidos como Catálogo DFS-DISEN-CISEN y Catálogo Rubén Goyo, que a la fecha están disponibles para consulta en el Archivo.
Uno de los documentos clave fue el expediente 025-033-057, la investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial del periodista Odilón López Urías, mismo que también aparece mencionado en el catálogo que el Archivo elaboró durante la dirección de la historiadora Aurora Gómez Galvarriato, entre 2009 y 2012. Hoy en desuso por el AGN, este catálogo se encuentra disponible en la página del seminario “Violencia y Paz” de El Colegio de México.
El CNI entregó fichas catalográficas relacionadas con ese expediente. Además, adjuntó seis fojas del expediente 025-047-001. Al ser consultado este último en el AGN se comprobó su existencia, aunque con fojas faltantes. Las existentes sólo contenían información hasta 1985. Estos documentos entregados tienen fecha de octubre de 1986, lo que confirma las denuncias que algunos historiadores hicieron durante años en el sentido de que personal del Cisen “rasuró” expedientes del fondo de la DFS.
La historiadora Gómez Galvarriato explica que estos documentos entregados por el CNI corresponden a los años posteriores a aquellos que incluía el decreto del presidente Vicente Fox, que sólo contemplaba expedientes fechados hasta 1985. “No sé qué tanta parte de lo que era posterior a 1985 se quedó en el Cisen y qué de esto transfirieron al Archivo y en algún momento lo pudieron haber devuelto. Me imagino que lo hicieron en vistas a considerar que ya iban a ir perdiendo el control sobre esos fondos”, señala.
En agosto de 2023, el CNI transfirió siete expedientes al Archivo, que se sumaron al expediente y repositorio fotográfico relacionado con el asesinato del periodista Manuel Buendía, transferido en 2020. Gómez Galvarriato apunta que las prácticas de las instituciones de seguridad que observó durante su gestión eran de escasa colaboración con los trabajos de esclarecimiento. “No podía entender que no tuvieran una visión más amplia de las implicaciones de seguir defendiendo la limitación a esos documentos, como si se fueran a quedar en el poder para siempre. Tiene que ver en parte con que en realidad en el Cisen y la Sedena hay más permanencia que cambios en la forma en que piensan los funcionarios y en su forma de ver el mundo. No importa que sean del PAN, que sean del PRI o de Morena. No ha habido tampoco una fuerza tan grande por parte de la sociedad civil para contrarrestarlo.”
Los alcances del saqueo
Entre agosto y septiembre de 2023, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico publicó tres entregas de un informe técnico sobre las condiciones en que sus investigadores hallaron este fondo. Al tener conocimiento de estos señalamientos, el Archivo instruyó al personal encargado de los depósitos a iniciar una investigación sobre los documentos desaparecidos.
El AGN informó a EL PAÍS que se tienen como “no localizados” un total de 922 expedientes, siete legajos, 309 fojas, cinco mutilaciones y seis fotografías. Adelantó que en próximas fechas se comunicará con el CNI para solicitarle información que permita localizar esa documentación. “En caso de que el CNI no aporte algún elemento que pudiera dar con la localización de esa documentación y se validen en una segunda vuelta las incidencias pendientes, se presumirá que esa documentación fue sustraída ilícitamente y, en consecuencia, el AGN procederá a denunciar tal situación ante la Fiscalía General de la República”, señala en su respuesta.
Sobre los alcances, precisó que la principal finalidad será que estos “documentos se registren en la base de datos sobre obras de arte robadas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para aspirar a localizarlos en un futuro y, a partir de ahí, dar con los responsables del delito”.
A finales de 2023, el Archivo puso a disposición del público un repositorio digital en el que es posible consultar las fichas que la DFS elaboró sobre personajes que eran de su interés por motivos de seguridad nacional. Ahí aparecen guerrilleros, líderes agrarios, sindicales, periodistas, empresarios, secretarios de Estado y presidentes de la República. Con excepción de la relacionada con el periodista Juárez Vázquez, ninguna de las fichas entregadas por el CNI forma parte de este repositorio. Fueron sustraídas.
En este repositorio digital aparece una serie de fichas sobre el periodista Héctor Félix Miranda, pero que corresponden al expediente 002-042-013, sobre sus actividades profesionales, no así sobre el 002-033-062, averiguación por su asesinato el 20 de abril de 1988 en la ciudad de Tijuana.
La historia de este cuerpo documental que concentra la historia del espionaje y la represión políticas que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejercieron durante varias décadas durante el siglo XX, inicia con la alternancia ocurrida en México con las elecciones presidenciales del 2000. El relevo en diversos cargos en las instituciones de seguridad pública permitió que investigadores, como el historiador Sergio Aguayo, lograran convencer a las primeras esferas del Gobierno de la necesidad de hacer público este fondo.
Como ha contado el mismo Aguayo, autor de La charola, estudio pionero sobre los servicios de inteligencia en México, a inicios del 2000 solicitó por escrito que el Cisen le permitiera su consulta. Para su sorpresa, le permitieron conocer los documentos requeridos. Durante los primeros meses del Gobierno de Vicente Fox, por intermediación de Adolfo Aguilar Zinser, entonces consejero de Seguridad Nacional, convenció al presidente de transferir ese cuerpo documental al Archivo General de la Nación. La entrega-recepción del fondo DFS implicó que su custodia y puesta a consulta del público estaría en manos del mismo Cisen, labor que desempeñó hasta febrero de 2019, cuando su personal se retiró del AGN por orden presidencial.
“Por acuerdos políticos, el Cisen operó durante años el fondo de la DFS. Entonces realmente no sabemos qué pasaba dentro, qué se hacía público o qué se escondía. Es un pasaje que aún debemos reconstruir. Ahora podemos saber que sí hay material que fue extraído”, comenta Aguayo, quien ha criticado en varias ocasiones al Gobierno de López Obrador por su gestión del esclarecimiento de episodios de represión del pasado.
Los expedientes y sus orillas
Al hacer una valoración de los nueve documentos entregados por el CNI, el investigador César Valdez, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), comparte que son llamativas las menciones que los documentos hacen de otras instituciones, entre ellas las policías estatales y la antigua Policía Judicial Federal. “Tienen una muy mala costumbre de la destrucción documental, a veces total, que podría ayudar a discernir, investigar o desenrollar culpabilidades. En muchos documentos en donde la DFS investiga violaciones a derechos humanos, asesinatos o desapariciones suelen aparecer como posibles culpables las policías estatales, gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores. No dejo de pensar que muy probablemente algunas de estas versiones que quedan en los documentos lo que terminan buscando es limpiar el rostro de la DFS”, explica.
Los documentos también arrojan información no escrita, no evidente para un ojo poco familiarizado con el fondo DFS. Sus honduras y entresijos también revelan secretos y prácticas de opacidad vigentes. El también autor de Enemigos fueron todos. Vigilancia y persecución política en el México posrevolucionario (1924-1946) observa que los documentos entregados por CNI son muy dispares. “Lo cual nos remite a que pasaron por un proceso de escaneado y de acomodo digital [antes de su entrega a los investigadores]”, señala.
“En el documento que habla sobre Odilón López Urías la primera ficha que les entregaron es la número seis. Esto quiere decir que atrás de esa ficha hay otras cinco fichas que no les fueron entregadas a través de transparencia”, apunta. Para Valdez, en un escenario de transformación el Archivo General de la Nación debería gozar de total independencia, por lo que su espacio ideal sería la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
