Silenciada durante décadas, entendida como una serie de embestidas contra la disidencia política, una nueva imagen de la Guerra Sucia toma cuerpo en México. Este viernes, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la comisión que investiga el aparato contrainsurgente del Estado priista, todopoderoso durante la segunda mitad del siglo pasado, presenta su primera colección de hallazgos. Son casi 5.000 páginas que aspiran a cambiar la idea que la sociedad tiene de las últimas décadas del siglo XX en el país, concretamente de 1965 a 1990, años centrales de la represión.
La colección, colgada esta madrugada en la web del MEH, parte de una idea principal, que el aparato contrainsurgente fue un monstruo polifacético, cuyos intereses trascendían la disidencia política. Además de campesinos, obreros y estudiantes en la órbita de la guerrilla, el monstruo atacó todo lo que amenazara su idea de desarrollo y orden, desde vecinos que defendían sus casas contra nuevas construcciones, a refugiados guatemaltecos que huían del genocidio en el país vecino, periodistas críticos, homosexuales, transexuales, o devotos que se salían de la ruta del catolicismo oficial.
El informe mapea geografías apenas conocidas y da cuenta de 46 masacres, con no menos de 385 víctimas mortales. También da cuenta de vuelos de la muerte en regiones cuya existencia se desconocía, caso de Chiapas. Es información que complementa esfuerzos anteriores, gubernamentales e independientes, caso paradigmático de la Fiscalía que creó el presidente Vicente Fox, del PAN, a principios de siglo, centrada en la represión contra disidentes políticos. Aquella experiencia acabó de malos modos, con los investigadores enfrentados al Gobierno, que no reconoció sus resultados. Ahora, el foco se aleja y ofrece una visión más completa de la represión estatal.
“Los medios coercitivos del Estado no solo fueron puestos al servicio de sus fines políticos, sino también al servicio y defensa de un modelo de desarrollo económico extractivista, de acumulación de capital y en el que el Estado se hacía partícipe de la economía criminal”, señala el informe, sobre su idea principal. “Cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar, terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único”, añade.
Otra idea subyace a las miles de páginas del informe, una noción de permanencia, de que la hidra represora, lejos de desaparecer, se transformó y sobrevivió a las reformas políticas, desde la más temprana, firmada durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), a la perdida de hegemonía del PRI y la llegada del PAN, a finales de siglo. “Los nudos de impunidad fueron creados en el periodo de Guerra Sucia y siguen activos hoy”, defiende Carlos Pérez Ricart, uno de los cuatro integrantes del MEH. “Los patrones de violencia pueden ser distintos, pero hay elementos que unen una violencia con la otra, el hecho, por ejemplo, de que las instituciones perpetradoras del pasado, policías, fiscalías, sistema judicial, no fueron renovadas”.
Firmado por tres de los cuatro comisionados del MEH, Abel Barrera, David Fernández y el propio Ricart, la colección señala los nombres de 8.593 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ejecución, tortura, desaparición forzada, etcétera. Se trata de una cifra incompleta. La cuarta comisionada, Eugenia Allier, que ha trabajado en solitario desde hace meses, presentará su propia colección en las próximas semanas, centrada en los perseguidos políticos clásicos, guerrilleros, estudiantes y sindicalistas, lo que augura un aumento de esa cifra. Sus números y el dibujo que presente de la persecución a disidentes políticos arrojará la imagen más completa que México ha tenido nunca sobre la Guerra Sucia.
Está por ver cómo encaja el Gobierno los dos informes. El MEH es solo uno de los cinco mecanismos del organismo, cuyo nombre oficial es Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, COVEHJ. Antes del cambio de Gobierno, el primero de octubre, la subsecretaría de Gobernación, encabezada por Arturo Medina, deberá tomar lo entregado por Ricart, Barrera y Fernández, el informe de Allier, juntarlos como decida con los trabajos del resto de mecanismos y presentarlo todo en un solo documento. De momento no hay fecha para su divulgación.
De las masacres a la Fiscalía
El fracaso de la fiscalía de Fox, la célebre Femospp, iba más allá del alboroto final. Después del trabajo realizado en sus años, los resultados judiciales fueron mínimos. Ahora, uno de los retos de la COVEHJ es convertir la información recopilada estos años en investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda llevar eventualmente ante el juez. “Existe un plan de trabajo para que la FGR atraiga algunos casos. Ellos empezaron trabajando con los archivos de la Femospp, que son 200 y tantas carpetas de investigación”, señala Pérez Ricart. “Lo que esperamos es que ellos tomen nota de lo que nosotros hicimos para que ellos continúen con la investigación jurídica de nuestro trabajo de esclarecimiento histórico”.
El experto señala tres puntos que, a su juicio, son fundamentales, “el tema de los vuelos de la muerte, las masacres y violaciones a derechos humanos, en que claramente hay perpetradores identificados”. Los vuelos de la muerte, práctica castrense que consistía en deshacerse de cuerpos de represaliados, tirándolos al mar desde aviones, ha sido noticia estas semanas por la publicación de un documento desconocido, una carta que un presunto militar mandó hace 20 años a la lideresa de un colectivo de familiares de personas desaparecidas, señalando los nombres de 183 víctimas de los vuelos. El informante da nombres de los perpetradores. Otros documentos y testimonios sobre esta práctica podrían ayudar a la FGR a armar un caso sobre el tema y presentarlo ante el juez.
El informe documenta masacres de las que no se sabía demasiado y que podrían acabar igualmente en expedientes ministeriales, caso de la masacre de Monte Chila, en Puebla, en enero de 1970. Entonces, militares y policías judiciales asesinaron a al menos 50 campesinos, parte del “movimiento campesino de peticionarios de tierras”. Testimonios y documentos muestran cómo las autoridades llegaron a la zona, en la sierra norte de Puebla, a realizar una “batida de maleantes”. Los maleantes resultaron ser campesinos que peleaban por conseguir un pedazo de tierra. Cuando los militares les dieron el alto, los campesinos dispararon sus escopetas. Varios soldados murieron. La respuesta fue brutal.
Las masacres comparten espacio con hallazgos sobre vuelos de la muerte desconocidos, caso de Chiapas. En 1980, militares usaron esta táctica para acabar con los liderazgos de la población en la zona de Huitiupan, donde el Gobierno planeaba construir una planta hidroeléctrica. Para la ejecución de este proyecto, el Ejército impuso un cerco militar sobre un estimado de 14.000 personas. Los líderes comunitarios de los ejidos afectados, indígenas de origen batsi vinik o tsotsil, fueron desaparecidos y ejecutados en vuelos de la muerte, según hemos documentado a través de fuentes testimoniales”, señala el informe.