Hoy presentamos a la sociedad mexicana la colección Fue el Estado 1965-1990 del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), uno de los cinco ejes en que estuvo constituida la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH).
El informe está dividido en seis volúmenes y compuesto por casi 5.000 cuartillas (sin contar anexos). Es el resultado de casi dos años y medio de investigación en los que se levantaron más de un millar de testimonios en 23 Estados de la República y se revisaron más de 90 acervos documentales. El objetivo central fue presentar una fotografía del alcance real de la violencia estatal durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”.
Fue el Estado 1965-1990, accesible a partir de hoy en la página de internet del MEH, está centrado en el estudio de comunidades de víctimas tradicionalmente invisibilizadas, así como en el análisis de numerosas violaciones graves a los derechos humanos que han quedado silenciadas u ocultadas por los discursos oficiales.
La tesis central de la colección Fue el Estado 1965-1990 es la siguiente: durante el periodo examinado, el Estado mexicano se articuló como un Estado contrainsurgente, autoritario y violento, que castigó no solo a los grupos insurgentes político-militares de carácter socialista —lo que es sabido y es muy importante—, sino también a todo tipo de disidencias sociales y políticas que pudieran poner en riesgo la seguridad política del Estado.
Así, el Estado posrevolucionario de partido hegemónico o “casi único” reprimió, desarticuló y aniquiló disidencias político-militares; político-partidistas; indígenas, campesinas y afromexicanas; del movimiento urbano popular; religiosas y sexogenéricas; así como en contextos de resistencia a obras de desarrollo; de lucha contra el narcotráfico; hacia poblaciones racializadas y marginadas; a refugiados, periodistas y hasta a miembros de las fuerzas de seguridad a manos de sus propios mandos.
Además, generó una institucionalidad adecuada y funcional a esos objetivos. Las instituciones de formación, procuración y administración de justicia se estructuraron no para garantizar libertades y derechos, sino, primordialmente, para proveer de seguridad política al Estado, gestionar el crimen y disciplinar a la población en torno de un modelo social injusto y desigual.
¿Por qué son relevantes estas conclusiones?
1.- Se prueba que hubo poco espacio para la acción política y social disidente. Es decir, quienes tomaron las armas entre 1965 y 1990 tuvieron buena parte de razón al hacerlo; las vías pacíficas de transformación se encontraban clausuradas.
2.- Se establece que toda disidencia de la norma hegemónica fue política en sí misma y puso en riesgo la estructuración del poder en ese momento. Es decir, modelos de vida o actividades sin intención directamente política, como las sexodiversas, marginadas o de resistencia a la ley, debilitaban los poderes establecidos y, por tanto, en la lógica de ese Estado autoritario, había que aniquilarlas.
3.- Se evidencia que la actual situación de violencia en el país y las características que manifiesta tienen su origen en aquellos años de violencia contrainsurgente. Así, por ejemplo, nuestro informe documenta el fenómeno de la transferencia de tácticas, métodos y procedimientos de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado, por colaboración, contagio o ejemplaridad.
4.- Se propone que no podremos desmontar la violencia y la impunidad del presente si no esclarecemos y desarmamos las violencias y complicidades del pasado. La impunidad del pasado habilita y alimenta la impunidad del presente.
El informe que hoy entregamos a la sociedad mexicana es resultado del esfuerzo de decenas de investigadores que trabajaron con honestidad y profesionalismo. Lo hicieron a pesar de condiciones laborales precarias y de la obstaculización de la investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tanto la Sedena como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) desacataron la orden presidencial de abrir sus archivos históricos.
Por supuesto, el informe del MEH no pone fin a la investigación sobre violencia estatal en el periodo. Al contrario, abre nuevas vías analíticas para entender el pasado. Lo hace con la convicción de que sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones tienen la capacidad de detonar procesos de justicia, búsqueda y reparación.
Con la publicación y difusión del informe concluiremos nuestro mandato como comisionados. Por supuesto, tenemos la expectativa de que sus hallazgos y recomendaciones lleven a su reconocimiento público de parte del Estado, en la figura del presidente de la República, de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en el periodo.
Con todo, ningún reconocimiento será mayor al trabajo realizado que el que el Informe abra un espacio de conversación amplio, que convoque a los y las mexicanas a enfrentar un futuro más justo e incluyente. Cada una de sus páginas es una lanza que rompemos para aportar al fortalecimiento de una ciudadanía cabal y una poderosa cultura de Derechos Humanos como cimiento de nuestra democracia.