Lo sucedido en un restaurante de la Roma ilustra la degradación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular (como “encargado de despacho”), Ulises Lara López, asegura que “se apersonó” en el sitio para impedir lo que llamó “una privación ilegal de la libertad”, ridículo eufemismo para tergiversar lo evidente:

Respaldado por un centenar de sus policías ministeriales armados hasta los dientes, acudió para evitar la cumplimentación de una orden judicial de captura por supuesto peculado de casi 100 millones de pesos que la Auditoría Superior del Congreso chihuahuense definió como corrupción (pago de un servicio que nunca se prestó).

No admite que lo que hizo fue comandar una ilegal operación de rescate.

Ante unos cuantos agentes (cinco, seis) de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, descalificó la validez del documento sellado de recibido en sus oficinas (le llaman búnker) que le fue mostrado y dijo que la institución que encabeza no colaboraría con la Fiscalía chihuahuense en la detención.

Para efectos de ley, Lara sustrajo de la justicia a su camarada de reciente incorporación a Morena, el ex panista que hoy es senador electo y que dentro de 15 días gozará de fuero.

Sociólogo de profesión pero “abogado” repentino (en unas cuantas horas obtuvo tanto su título de “licenciado en Derecho” por el patito Centro Universitario Cúspide —domiciliado en la calle 5 de Mayo de la colonia San Lucas, en Iztapalapa— como la cédula profesional de la Secretaría de Educación para que pudiera suplir a Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica del Ejecutivo con Claudia Sheinbaum), Ulises reivindicó el sello de la casa:

En junio del año pasado, la Fiscalía capitalina se alió con la del silvestre gobernador de Veracruz (Cuitláhuac García) para detener en CdMx a la jueza de Huatusco Angélica Sánchez Hernández, pese a que la señora contaba con un amparo de la justicia federal. Dos meses después, agentes de la misma institución fueron a Cuernavaca para detener al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el supuesto encubrimiento de un feminicidio, y siguió pataleando con mantenerlo en la cárcel después de tres liberaciones (el caso debió ser dirimido sin estas arbitrariedades entre los médicos forenses de ambas entidades).

Y es la misma Fiscalía “de buena fe” que alcahueteó el encarcelamiento de Rosario Robles con base en el domicilio que aparecía en una falsa licencia de manejo y que inventó “el cártel inmobiliario”.

Para rescatar al soldado Corral bastó que los ministeriales de Chihuahua, después de leerle sus derechos, le permitieran llamar a su abogado, pero lo que hizo fue recurrir a sus ensoberbecidos nuevos correligionarios para que el propio encargado de la Fiscalía capitalina encabezara la insólita, punitiva y pestilente misión.

Remasterizada por el 2 de junio (como se comprueba con el gobernador de Sinaloa), congruente en su cacareado “juarismo”, la 4T aplica la máxima que López Obrador atribuye al benemérito:

“A los amigos, justicia y gracia…”.