“Lo mejor es lo peor que se va a poner”, ha dicho y repetido el presidente López Obrador.

Tiene razón: A diferencia de que dejará “el mejor sistema de salud del mundo”, instauraría la paz, acabaría con la corrupción y “aclararía” el caso Ayotzinapa, está cumpliendo uno de sus más trascendentales propósitos: todo es peor en el dictamen de reforma del Poder Judicial que se disponen a palomear sus lacayunas mayorías legislativas.

El proyecto que en septiembre será sometido al pleno diputadil refleja el desprecio por la calidad profesional de los futuros juzgadores, en quienes por encima de los leves requisitos formales a cubrir privará el rasgo característico de la 4T: la mediocridad.

La experiencia en impartición de justicia será lo de menos para ocupar los lugares de alrededor de alrededor de siete mil jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial de la Federación (como mil 700) y la totalidad del fuero común en las 32 entidades (más de cinco mil).

Bastará con que los aspirantes sean licenciados en Derecho para competir por ser votados “por el pueblo” en una elección equiparable con las de regidores, alcaldes, presidentes municipales, diputados estatales y federales, senadores, gobernadores y presidentes.

Con otras palabras, su designación será esencialmente política.

En 200 años de instituida la República no hay precedentes de una semejante dinamitación del sistema nacional de impartición de justicia.

La detonación comenzará en el Poder Judicial de la Federación, el que más abomina y ha satanizado el Presidente, y en paralelo se parchará el Tribunal Electoral federal completándole las dos magistraturas que AMLO le negó (para que sumen siete porque solo hay cinco), y los de todas las salas regionales del mismo; se elegirán también a los integrantes del inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, así como la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito.

El resto del ámbito federal será estallado en las elecciones federales de 2027.

Ya no será necesario que los pretendientes tengan al menos 35 años de edad y con ser abogados titulados (bisoños de 23-24 años) podrán convertirse en ministros de la Suprema Corte.

Repelente a la excelencia y calidad educativa, la iniciativa pide que la calificación promedio en los estudios de los postulantes sea de 8-9 (o equivalentes), y que hayan cursado leyes en una “institución legalmente facultada para ello”.

Eso quiere decir que hasta el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la capital, Ulises Lara, el mismo que no desconoció y desacató una orden judicial y rescató a su neocamarada Javier Corral, podrá ser ministro del máximo tribunal con el título de “licenciado en Derecho” que consiguió (en unas cuantas horas) en el Centro Universitario Cúspide de la colonia San Lucas, en Iztapalapa, tan válido que se ganó la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación.

Solo es un ejemplo, ya que se anula la carrera judicial…