El financiamiento de la insensata “elección popular” de jueces, magistrados y ministros que el oficialismo prevé se realice el año próximo provendrá de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con la receta sugerida por el presidente López Obrador.
Luego de que el senador Ricardo Monreal aventurara que la jornada de votación costará de tres mil a tres mil 500 millones de pesos y que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, le corrigiera su silvestre cálculo porque, argumentó, será un ejercicio equivalente al del pasado 2 de junio y requerirá de aproximadamente 9 mil millones, AMLO dijo hace 20 días (31 de julio):
“Pues le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tiene guardado en los fideicomisos y con eso alcanza y que ellos ayuden. Es una reforma para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20 mil millones de pesos guardados, claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, de excusa, de cuánto va a costar. No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario…”.
Más allá de que siga sin entenderse qué tiene que ver “la justicia” con la elección “por el pueblo” de juzgadores, y que éstos no tengan que representar a nadie (incluida la vaguedad “pueblo”), sino a las leyes, es claro que el Poder Judicial de la Federación costeará su propia muerte con el despojo y uso de sus fideicomisos, porque le van a ser confiscados, pese a que la Constitución lo prohíbe de manera expresa:
Artículo 22. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales…”.
Se contraviene también el artículo 14:
“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…”.
Contra toda lógica y atropellando el derecho de propiedad, el ensoberbecido nacionalpopulismo aplicó la misma fórmula para apropiarse de 30 mil millones de pesos de las afores (fondos para el retiro) de las personas mayores de 70 años para dizque fondear pensiones.
Para la consejera Taddei, la elección que se avecina equivaldrá a la del 2 de junio, pero se quedó corta: será mucho más complicada y costosa (quizá tres veces superior en todo), entre otras razones, porque el INE deberá resolver una re-circunspección de los distritos electorales, ya que no corresponden a los territorios jurisdiccionales o competenciales de juzgados y tribunales.
Y si en la jornada pasada las boletas se imprimieron con seis aspirantes, en las libretas de 2025 aparecerán cuando menos ¡600 candidatos…!