Los acontecimientos corren hacia septiembre y hacia un fin de gobierno ciclónico.

Todo converge a un cierre de presidencia confuso, complejo y de potencialidades catastróficas.

Dos asuntos, vinculados íntimamente, presentan un riesgo mayor: la caótica reforma judicial y sus posibles consecuencias económicas para México.

La primera consecuencia económica, inmediata, puede llevar a la erosión pura y dura de la confianza internacional en la economía mexicana y a una sacudida monetaria.

La segunda consecuencia, mediata pero no lejana, podría ser la puesta en crisis del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

La aprobación de la reforma judicial depende, en principio, de que el INE y el Tribunal Electoral obsequien al gobierno las mayorías calificadas que éste pretende tener en el Congreso.

Vemos, por el inédito hecho de la suspensión de labores de: trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial, que el problema no será sólo legal sino también político.

Sumándose al punto de vista de innumerables expertos y asociaciones de abogados, el Consejo Mexicano de Negocios ha puesto en sus propios términos el problema central que se discute y a dónde debe llegarse: a una “representación justa y equilibrada en el Congreso”.

Dice en su comunicado:

“La Constitución establece dos limitaciones esenciales: ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor a 8 por ciento ni contar con más de 300 diputados en total. Por ello, se debe apelar a considerar que estas limitaciones establecidas en el artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos individuales como a coaliciones electorales, garantizando así una representación justa y equilibrada en el Congreso”.

Añado a este preciso punto de vista la lógica de los riesgos económicos que pueden derivarse de que se entregue la mayoría calificada en el Congreso.

A eso seguirá, entre otros daños:

1. La aprobación de la caótica reforma judicial propuesta y aceptada en comisiones por la Cámara de Diputados.

2. Una reacción financiera internacional adversa que pondrá en crisis inmediata la estabilidad monetaria y financiera en que estamos.

3. Una pérdida de la confianza en México como socio serio del Tratado de Libre Comercio, que debe renegociarse antes de 2026.

El cierre ciclónico del gobierno puede ser incomparablemente más destructivo de lo que fue su también ciclónico arranque.