“Las cosas se hicieron bien durante mi gestión”, afirmó la ex fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, al renunciar cuando empezó a evidenciarse lo indecente de su “investigación” del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma del estado Héctor Melesio Cuén.

Se hicieron tan mal, sin embargo, que ahora no solo ella sino también el gobernador morenista —a quien precipitadamente arroparon los presidentes López Obrador y Sheinbaum— Rubén Rocha Moya han quedado en el centro de la sospecha y de pechito para que la Fiscalía General de la República los investigue por eventuales ligas con el narcotráfico y les haga declarar ministerialmente hasta agotar sus indagaciones.

Y lo debe hacer porque, más allá de que el día de las abducciones Rocha Moya no estuviera en Culiacán sino convenientemente en Los Ángeles, el mandatario ha reconocido ante periodistas como Salvador García Soto: “Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos (los delincuentes), miente. Así es la cosa, no nos hagamos pendejos”.

La salida de la ex fiscal se justificaba desde que, contra la discreción que debe prevalecer sobre las evidencias de una investigación en curso, difundió el video que en realidad desmiente su aseveración de que el homicidio del ex rector (y diputado electo) había ocurrido de noche en una gasolinera durante un supuesto intento de robo de su camioneta.

“Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, dice la carta de Zambada, lo cual ha confirmado la FGR: Cuén fue victimado en el sitio donde El Chapito entrampó a El Mayo para entregarlo a las autoridades estadunidenses.

La difusión de aquel video, lejos de corroborar el “intento de robo”, exhibió la torpeza de la narcofiscalía estatal en su burda fabricación de “pruebas” para encubrir delitos tan graves como delincuencia organizada, homicidio, colusión de autoridades, privación ilegal de la libertad, secuestro y hasta “traición a la patria”.

A casi un mes de los hechos, el segundo informe de la FGR no solo confirma que la ex fiscal tergiversó los hechos, sino impone la obligación de investigar las probables ligas del gobernador (así fuesen “para mediar” en temas políticos, como la sucesión en la rectoría de la UAS) con la banda que fundaron El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán.

En el colmo de su estulticia y complicidades con la delincuencia, aun después de la difusión del video y la renuncia de su titular, la fiscalía sinaloense insistió en que contemplaba como “principal línea” de investigación la tentativa del “robo de vehículo” (basada en el testigo amigo de Cuén que conducía la camioneta) y “otras pruebas videográficas y periciales”.

¿Cuáles?

¿Osará la FGR filo-4T llegar al fondo del lodazal con seriedad e independencia…?