Magistrados locales y federales, jueces y secretarios de juzgados y tribunales, los federales actualmente en su cuarto día en suspensión de actividades se pronunciaron unánimemente en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal durante la tercera sesión del foro de consulta que organizó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Marco Antonio García Cortez, secretario de juzgado federal, lamentó que la reforma deje de lado la carrera judicial por la que hoy se asigna a jueces, lo que impactaría de forma negativa. Acusó que el Ejecutivo está consumiendo la división de poderes buscando cooptar al Judicial, y afectaría a los justiciables con la pérdida de confianza en las decisiones.
Carlos Roberto Sáenz Ramos, también secretario de juzgado federal, expuso que la elección popular de jueces y magistrados lesionaría la imparcialidad y profesionalización de los integrantes del Poder Judicial, haciendo que las determinaciones judiciales se tomarán para satisfacer a grupos de electores y no a la justicia en sí; lo que deslegitimaría las decisiones de los juzgadores en todas las materias del derecho.
Luis Vega Ramírez, magistrado federal, advirtió que la reforma es motivo de alarma porque atenta contra la Constitución, pues busca la concentración de poder en el Ejecutivo. La reforma lesionaría el Judicial como contrapeso, elimina la división de poderes y somete al Poder Judicial al presidencialismo, acusó. Refirió que la confianza ciudadana en la actual mayoría en el Congreso no se dio para destruir al Estado.
Lamentó que “por un procedimiento sumario, acusados de corrupción sin pruebas, se nos corta la cabeza”. Y recordó que los jueces ya son elegidos de manera democrática porque a los ministros los designa el Senado a través de una terna propuesta por el presidente, y jueces y magistrados son seleccionados por el Consejo de la Judicatura a través de concursos de oposición. “Los jueces y magistrados actualmente tenemos una legitimación democrática indirecta y fuimos electos o seleccionados a través de la carrera judicial… meritocrática ascendente y en la que lleva muchos años, hasta 30, para poder llegar a ser juez o magistrado. Carrera judicial es una profesión callada, no tenemos tiempo de andar en la calle buscando popularidad. La delincuencia organizada también podría tener sus jueces y magistrados a modo, y otros grupos de poder”, advirtió.
Yazmín Rivera Cortés, jueza de distrito. Foto: LJM
Yazmín Rivera Cortés, jueza de distrito, aseguró que el Poder Judicial cuida los derechos y libertades de los mexicanos. Expuso que el anhelo de una justicia más rápida, más cercana a la gente, imparcial, no se consigue con la elección popular de los jueces y magistrados, “debemos tener a los mejores operadores jurídicos”, la legitimidad de los juzgadores funciona por la carrera judicial, conocimientos y experiencia, aseguró y condicionó, “si queremos un México mejor, un México justo, la única forma es con los mejores perfiles, las personas más preparadas, la carrera judicial sigue siendo la mejor manera para que ellos lleguen”.
La juez de distrito, Eritrudis Alonso Barrón, también acusó que la reforma busca someter al Poder Judicial a las decisiones del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo; y que la independencia de los juzgadores quedará comprometida si se anula la Carrera Judicial. Aseguró que ser juez es una gran responsabilidad porque resuelve sobre bienes y derechos protegidos por la ley que afectan a las familias. La reforma inhibirá la participación en la carrera judicial y por ende en la capacitación y profesionalización de los trabajadores y afectará también a sus familias.
La reforma altera la forma de gobierno del país
Manuel Díaz y Rea, secretario de Tribunal del PJF, invitó a analizar profundamente la reforma planteada por el Ejecutivo federal. Aseguró que la reforma es “una dura transformación en la arquitectura constitucional que altera la forma de gobierno, quebranta la división de poderes, y pretende someter el valor normativo de la Constitución a los fines políticos”. Advirtió que la Constitución prohíbe alterar nuestra forma de gobierno… cuyos postulados protegen los derechos humanos de los abusos del poder, y permite medidas de control constitucional como el juicio de amparo, los de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, a las que ahora se pretende negar la posibilidad de suspensiones provisionales. Llamó a descartar “las falacias de argumentación que pretender justificar todo el actuar del gobierno en la decisión popular. Si el Poder Judicial de la Federación es incómodo para el ejercicio público del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión no es porque obedezca a intereses ajenos o privilegios, sino que ha ejecutado y velado por su función de defender mecanismos efectivos de control de todos los actos de autoridad y someterlos a la Constitución”. Advirtió la falta de estudios de viabilidad financiera de la reforma judicial, lo que la convertiría en ilegal.
Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario de juzgado federal, acusó a la reforma de buscar debilitar al Poder Judicial, pues no toca a las Fiscalías y las policías, y a instituciones como la Procuraduría Agraria, la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre otras instituciones que, junto con los órganos constitucionales autónomos que no son tocados por la reforma aunque también son parte del sistema de impartición de justicia. “Nadie está peleado” con la mejora, somos autocríticos, dijo, pero no fuimos escuchados. Lamentó que la reforma propone un mecanismo licencioso para la evaluación de los juzgadores que serían electos por el voto popular. Expuso que una reforma judicial requiere un largo periodo de reflexión y no sólo unas semanas.
Samuel Alejandro Nava Sánchez, juez estatal, describió la carrera judicial como una de sacrificio y largas jornadas de trabajo” por tutelar derechos… una persona sin esta formación probablemente encuentre más dificultades para ello si se rompe el escalafón”. Señaló las presiones que viven los juzgadores y recordó “no nos debemos al ánimo de los votantes, sino a lo que marca la ley”.
Un injusto linchamiento
Esther Apresa Aguilar, también del Poder Judicial Federal expresó “es triste como ciudadana darme cuenta de que como funcionarias públicas somos víctimas de la denostación, confundidas y sacrificadas… (acusadas) de corrupción y de que somos la causa de los males del país, cuando tratamos de ser la medicina”. Pidió a la ciudadanía no creer en las acusaciones de corrupción contra los trabajadores del judicial “que sin pruebas nos gritan. Nos han crucificado”. Recordó la solución que el Poder Judicial Federal ha dado a quienes han sido detenidos injustamente, quienes requieren de medicamentos que les son negados por el sector salud, quienes son desaparecidos luego de detenciones arbitrarias”.
La voz de una expresidenta del TSJ y su reclamo
La magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, quien presidió el Poder Judicial en el estado, Nadia Luz Lara Chávez, advirtió que la reforma también tocará al poder local, “y ahí poco o nada hemos escuchado de la representación local como no sea alineándose a esa propuesta” (salvo por las voces de ella, Francisco Hurtado Delgado, el magistrado en retiro Carlos Iván Arenas, y algunos jueces locales). Advirtió que quienes pertenecen o formaron parte del Poder Judicial, “no podemos quedarnos callados ante las acusaciones de corrupción, de impunidad, de nepotismo y de muchas otras cosas. Creo que hay un gran desconocimiento y una gran carga de animadversión”.
Explicó que los cien cambios que el Legislativo hizo a la iniciativa enviada por el Ejecutivo no la endurecen ni suavizan, sino la clarifican y fechan la elección popular de ministros jueces y magistrados, que sería en poco más de diez meses. Explicó detalles de la reforma respecto a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la elección de jueces, con lo que, dijo, se dirá “adiós a la carrera judicial y a la profesionalización que es una garantía jurisdiccional, pero también garantía de la reivindicación de los derechos de los justiciables”.
“¿Qué es más dañino, en lo inmediato para la estabilidad del país, el ya casi inevitable o la mal llamada reforma al Poder Judicial… o el que para evitarlo, o por lo menos suavizarlo magistrados y jueces (estén) en un paro indefinido…?”, preguntó y respondió que si bien el paro retardará las tareas jurisdiccionales, pese a las guardias, el daño que provocaría la reforma, y la elección popular de jueces y magistrados, “será grave e irreversible”.
Refirió que la ciudadanía debe reflexionar sobre los asuntos que requieren un alto nivel de profesionalización como la protección de las familias, el patrimonio y hasta la libertad, cuya resolución conforme a derecho peligra con la reforma.
También acusó que presidentes de tribunales locales de justicia, “están llevando a sus integrantes como corderos al matadero, sin el mínimo interés de revisar cuál es la trascendencia de una reforma de este calado, simplemente buscando salvar su propia situación personal y profesional”.
Llamó a los tribunales locales a hacer un pronunciamiento serio sobre la reforma y no solamente siguiendo líneas que apoyan abiertamente la reforma en contra de las condiciones de los tribunales locales, asumiendo que deben reducirse los presupuestos y las plantillas de juzgadores. Aseguró que el juego de los tribunales locales de renunciar a su independencia es muy peligroso.
Un magistrado local con un discurso sorpresivo
Francisco Hurtado Delgado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, ha sido señalado por su presunta cercanía con el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), probablemente por ello su intervención contra la reforma sorprendió a muchos, a pesar de los antecedentes del magistrado en la carrera judicial -ya fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Advirtió que la reforma no solo impacta al poder judicial, la sociedad sería la primera víctima de esta reforma, porque los justiciables serían los primeros afectados. Dudó que “el Congreso de la Unión tome en cuenta lo que decimos aquí, pero es la realidad que se vive y que podríamos vivir si se aprueba la reforma”. Acusó que la reforma busca destruir al Poder Judicial, por lo que no se podría llamar reforma. También atenta contra los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, contra los tratados de los que México es parte internacional como el TMEC.
“En la agenda Legislativa no está considerada esta reforma, fue una ocurrencia del Ejecutivo… Nada más fijó su interés de lo que quiere destruir mas no buscó el bien de la sociedad… el que el pueblo merece”, dijo, y recordó: “Conozco las malas prácticas en un proceso electoral… la manipulación de un voto duro… la parte que más nos afectaría es que a los juzgadores se les elija en una urna electoral… ¿quién va a fiscalizar esas campañas… qué vamos a comprometer en esas campañas?… es un atentado contra el Estado de Derecho y contra los Derechos Humanos”.
Otra duda que compartió el magistrado es sobre el financiamiento y el procedimiento que se usaría para poder cesar a los mil 633 juzgadores que tiene el Poder Judicial de la Federación, y a los 180 días, la armonización de las constituciones locales también a los miles de juzgadores locales: “Todos tenemos derechos laborales o de servicio, ¿hay un financiamiento para una liquidación de todos estos derechos? ¿hay un financiamiento para una elección -que cuesta muchísimo dinero- para elegir a todos los juzgadores federales y locales? ¿De dónde va a salir ese dinero?… No tiene ni pies ni cabeza”.
Hurtado Delgado advirtió que uno de los “pretextos” de la reforma es una supuesta corrupción, y reviró “la corrupción sin pruebas”. Y advirtió que muchas de las liberaciones de presuntos delincuentes derivan de malas acciones de las policías y fiscalías “tenemos que ser justos con lo que se nos pone en un expediente. La policía preventiva corresponde al Ejecutivo, y si desde ahí se cometió la irregularidad ¿el corrupto es el policía?… No es solamente señalar, es un tema de corresponsabilidad y de responsabilidades integrales en todo el Estado Mexicano”.
Acusó al Ejecutivo también de una campaña de desinformación en la que sólo se destacan eventos que convienen a sus intereses y no la realidad integral del Poder Judicial. Finalmente se pronunció por una Reforma Judicial que construya, que fortalezca al federalismo, refuerce el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, a la justicia que, dijo “no es el resultado de una urna o una tómbola. La luz de la independencia y de la división de poderes, somos todos.
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