La declaración del embajador de Estados Unidos en México sobre los riesgos para la democracia, el comercio y la probable intervención de las organizaciones criminales en la elección de jueces, magistrados y ministros no es personal.

Es la preocupación de su gobierno ante la corrosiva reforma judicial que se avecina.

Menos directo, el representante de Canadá, Graeme C. Clark, expresó una similar inquietud.

Para el presidente López Obrador, lo dicho por Ken Salazar fue “imprudente”, “desafortunado” e “injerencista”, y motivó una nota de la cancillería donde resalta un tono de indignación jamás aplicado al injurioso y punitivo “amigo” de AMLO, Donald Trump.

Lo dicho por el embajador estadunidense fue replicado en X por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum:

“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”.

La aseveración es esencialmente falsa, porque a los jueces federales los designa el Senado y en los estados ocurre solo a niveles locales y con limitada competencia. La “elección popular” de juzgadores se hace en municipalidades con distintos procedimientos (al menos cuatro): los candidatos deben tener una larga experiencia legal, el beneplácito de las barras de abogados y pasar por un riguroso proceso.

Ironizando con la firma del T-MEC, algo parecido a lo de Sheinbaum sostiene el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El despropósito parece tener como inspiración las insidias del veleidoso ex ministro Arturo Zaldívar, quien entrevistado por el morenista John Ackerman (TV UNAM, agosto de 2018), decía que la elección popular de juzgadores federales “desnaturaliza por completo” la justicia.

Argumentó:

“Es un cargo técnico que tiene que estar designado a través de un proceso técnico, a través de perfiles adecuados (…). Me parece que el más popular o el más simpático, el que logra generar más empatía con la ciudadanía no necesariamente es el mejor ministro o juez, porque en muchas ocasiones los jueces tenemos que ser impopulares. Mucho de lo que nosotros hacemos es contramayoritario, porque es defender los derechos de las minorías incluso frente las mayorías. Si fuera por elección popular, se desnaturaliza  la función del juez constitucional…”.

Y a finales del año pasado (noviembre, habiendo renunciado a la Suprema Corte y anunciado su incorporación al equipo de Sheinbaum), con Ciro Gómez Leyva sostenía:

“Desde mi punto de vista, creo que no sería adecuado someter a elección popular a jueces y magistrados, juezas y magistradas, porque ellos vienen de carrera judicial, ellos están en estos lugares a través de unos concursos muy estrictos, muy rígidos. Su vida es el Poder Judicial, tienen una carrera, tienen una vocación ahí. A mí me parece que no sería viable ni sería algo posible ni plausible tratar de generar que más de mil 500 juzgadores y juzgadoras federales sean electos popularmente”.

Convertido al cuatroteismo, hoy le echa porras al procedimiento que descalificaba…