Como en la antigua Roma, en estos momentos cruciales para la vida democrática y la legalidad en la República, todos los caminos llevan al Tribunal Electoral del Poder Judicial.

La permanencia de la pluralidad política, los contrapesos entre los Poderes de la Unión y el respeto a las normas constitucionales, estarán en manos de los 5 magistrados que hoy integran el máximo tribunal en materia electoral, porque serán ellos los que decidan, con su voto, si validan el regalo que el INE de Guadalupe Taddei y la mayoría de consejeros le hicieron a la 4T con una interpretación sesgada y convenenciera de la carta magna, para otorgarle una mayoría calificada de 364 diputados que Morena y sus aliados no obtuvieron en las urnas.

Aunque a las magistradas y magistrados Mónica Soto, Janine Otálora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata se les conoce bien y se reconoce en todos ellos su capacidad jurídica y solidez en sus decisiones, hoy justo en esta coyuntura vital para el futuro democrático del país, se cierne sobre varios de ellos la sospecha o la duda de si actuarán y emitirán su voto con total autonomía y con la imparcialidad y legalidad a la que los obliga su encargo.

Y como dice el viejo refrán, “la burra no era arisca…”, pero es que no deja de ser poderosamente llamativo y se presta a todo tipo de suspicacias, que justo los magistrados del Tribunal Electoral serán los únicos integrantes del Poder Judicial que no se verán afectados ni impactados en sus cargos por la controvertida y cuestionada Reforma Judicial que terminará con las carreras de ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces federales, todos ellos se irán a sus casas, algunos de golpe en cuanto se apruebe la reforma y otros gradualmente, pero ese no será el caso de los cinco magistrados electorales.

Los cinco integrantes de la Sala Superior del TEPJF fueron “salvados” o “rescatados”, según se quiera ver, por la bancada de Morena, que claramente obedece órdenes directas del presidente López Obrador, con el argumento de que, como venían elecciones estatales importantes el próximo año, a ellos no se les aplicaría, por el momento la purga vengativa de la que la que sí serán objeto el resto de los miembros del Poder Judicial federal. Según el dictamen que se discute esta semana en Comisiones de la Cámara de Diputados, los magistrados electorales se quedarán hasta el 2027, y se les removerá y elegirá también por el voto popular, apenas termine el proceso electoral de las elecciones intermedias que habrá ese año en el país.

Ahí es donde, como dicen, “la marrana tuerce el rabo”, porque si bien suena justificado el argumento de rescatar a los magistrados de la “limpia” lopezobradorista al Poder Judicial por los comicios que vienen, también se presta a cualquier tipo de suspicacia, como las que ya expresan, en público y en privado, muchos analistas y opositores que apuntan a que puede tratarse de una “negociación política” con los cinco integrantes del Tribunal Electoral para mantenerles sus cargos, a cambio de que legitimen el atraco de la sobrerrepresentación que, primero se autoasignó Morena en voz de la impertinente e irresponsable secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y que apenas el viernes fue validado por mayoría de ocho consejeros del INE.

Según esas versiones, estaría ya apalabrada que la mayoría de magistrados, que hoy significan 3 de los 5 votos o incluso por una posible unanimidad, calificará de legal y constitucional la interpretación del artículo 54 de la Carta Magna que realizó el INE para otorgarle a Morena y a sus satélites del PT y el PVEM un total de 364 diputados, que significan el 74% de las curules totales, contra un 26% que se le otorga a la oposición, al haberles asignado a los tres partidos del oficialismo, bajo la figura de coalición y no de partidos individuales, un total de 108 diputaciones plurinominales (75 a Morena, 20 al PVEM y 13 al PT) con lo que tendrán no sólo el control total de la Cámara de Diputados, sino la facultad de modificar la Constitución, las leyes y cualquier cosa que se les ocurra a su antojo y capricho.

Y así, en esa suerte de “quid pro quo” que se afirma negoció la 4T con los magistrados del TEPJF, el oficialismo tendría el reconocimiento total de su mayoría artificial en San Lázaro, mientras los cinco integrantes de la Sala Superior mantendrían sus cargos, y obvio las remuneraciones económicas que reciben, hasta el 2027, recibiendo un tratamiento especial y diferente al que tendrán los ministros, consejeros, magistrados y jueces federales en la citada Reforma Judicial.

Hay incluso quien afirma que en el “acuerdo” entre la 4T y los magistrados entrarían también otros temas y decisiones del Tribunal, como la aprobación y validación también de la reelección del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que provocó una lluvia de recursos y denuncias ante el máximo órgano de justicia electoral, argumentando violaciones graves a los estatutos priistas e irregularidades en la Asamblea Nacional que votó la permanencia de Alito al frente de ese partido hasta 2028. El favor al controversial líder del priismo sería por intermediación del oficialismo que a su vez tiene sus acuerdos y negociaciones en lo oscurito con Alito Moreno.

Así que ante las dudas e incertidumbre que hoy campean en la República, por el desmantelamiento y extinción del actual Poder Judicial, los órganos autónomos y el avance inexorable del nuevo Régimen de Partido Hegemónico de Estado, que nos regresa a las oscuras y autoritarias épocas del viejo régimen, vale la pena preguntarse y preguntarles directamente a los 5 magistrados en cuyas manos estaría el futuro de la democracia, la pluralidad política y los equilibrios de poder en este país: ¿fallarán en conciencia o conforme a derecho o lo harán por consigna política? O como diría aquella campaña televisiva: magistradas y magistrados ¿tienen el valor o les vale?

NOTAS INDISCRETAS… Hoy se espera que la presidenta electa anuncie dos de los últimos cargos que le faltan para completar su gabinete legal y ampliado. Y no son cualquier cargo; hablamos nada más y nada menos del problemático y quebrado Pemex, que parece que le costó mucho a Claudia Sheinbaum encontrar un valiente o ingenuo que le entrara a la rifa del tigre, y del eficiente y funcional organismo tripartita que es el Infonavit. Y, a reserva de lo que anuncie la doctora, se daba por hecho que habrá dos noticias, una buena y otra mala. La buena será que Octavio Romero Oropeza, el agrónomo que agravó el desastre de Pemex y nos costó a los mexicanos más de 1 billón de pesos de nuestros impuestos inyectados a la emproblemada petrolera nacional, no será ratificado en el cargo y en su lugar llegaría un físico, amigo de Sheinbaum, de nombre Víctor Rodríguez. Y la mala noticia, que al señor Romero Oropeza, como suele pasar en la 4T, lo premiarán por su costosa y notoria ineptitud, mandándolo como director del Infonavit, algo que representaría una tragedia para el instituto de vivienda de los trabajadores que, además de tener como director a un agrónomo y enterrador de instituciones, podría ver esfumarse su fondo de 60 mil millones de pesos para financiar un nuevo programa de construcción de vivienda por parte del gobierno federal, que históricamente fue un pésimo constructor. No se puede entender que Sheinbaum mantenga en su equipo a gente tan nefasta, sino es porque obedece órdenes directas del presidente López Obrador. Y tampoco puede entenderse, salvo por el ya conocido modus operandi de la 4T de destruir o alterar lo poco que funciona en este país, el que al causante de una de las peores administraciones de Pemex en su historia, ahora lo manden a destruir el Infonavit, que ni siquiera es un organismo que dependa solo del gobierno federal. Habiendo otras opciones de funcionarios experimentados y con carrera dentro del Infonavit, como el actual director sectorial de los Trabajadores en ese organismo, Mario Macías Robles, a quien apoyan por cierto no sólo las organizaciones sindicales que forman parte del Consejo del Infonavit como el SNTE, la CTM, la CROCA y la CROM, además de los organismos empresariales como el CCE, Coparmex, Concamin y Concanaco, la pregunta es si la presidenta electa decidirá por el cuestionado director de Pemex para enfrentar el reto de construir un millón de viviendas para los trabajadores que ella misma ha asumido. Si Sheinbaum quiere otro desastre ahora en el Infonavit, nombrará a Octavio Romero y si realmente le interesa impulsar el tema de la vivienda volteará a los otros nombres de funcionarios experimentados en ese sector. Aunque quizás para la futura presidenta, que sigue atada por el cordón umbilical que la une a su mentor, sea mucho pedir… Por cierto que, todavía ayer se discutía en el equipo de transición de Sheinbaum si era conveniente que hoy se den a conocer también los nombres de quienes serán designados como secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México o si, como dictan los estrictos cánones de la disciplina militar, se aguantan esos nombramientos hasta mediados del mes de septiembre. La razón del dilema que enfrenta la presidenta electa es que, según la tradición y las reglas militares, no puede haber dos mandos nombrados al frente de las instituciones castrenses que claramente manejan la disciplina militar derivada de sus altos mandos. Y adelantar tanto esos nombramientos podrían causar ruido y alteraciones tanto en Sedena como en la Marina, mientras que hacerlo hasta avanzado septiembre, como lo han hecho la mayoría de los presidentes anteriores, evita esas distorsiones en los mandos militares. Así que hoy veremos qué se decidió finalmente… La frase que se reproduce a continuación es de un empresario de los que empezaron siendo muy cercanos al presidente López Obrador y terminan diciendo y pensando de él cosas como esta: “Es increíble! Lo que no esté de acuerdo con él, está mal y todos menos él son corruptos. Ojalá y se salve el Poder Judicial y EU ayude a poner orden en el futuro cercano”. ¿Cuántos empresarios y muchos otros mexicanos están pensando lo mismo?... Los dados abren con Serpiente Doble. La semana se viene densa.