La polémica reforma judicial impulsada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está a punto de concretarse en la realidad. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado la iniciativa este lunes. El pleno del Congreso, con una nueva Legislatura de mayoría oficialista, aprobará la enmienda los primeros días de septiembre, para que López Obrador la promulgue antes de concluir su mandato, el último día del mes. El camino de la reforma ha estado lleno de tensiones. El punto más controversial es que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en las urnas a partir del próximo año. Los inversionistas, e incluso el Gobierno de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, temen que el Poder Judicial pierda autonomía respecto del Ejecutivo. Los temores han afectado el valor del peso y, más recientemente, han tensado las relaciones diplomáticas entre México y EE UU. A su vez, los trabajadores del Poder Judicial han paralizado los tribunales del país, en protesta por la enmienda.
La aprobación de la reforma es prácticamente un hecho, máxime luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde (PVEM) tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con lo que podrán pasar enmiendas a la Carta Magna sin contrapesos. En el Senado, el oficialismo está a solo tres votos de conseguir esa mayoría, pero entre los legisladores de Morena ya es un secreto a voces que conseguirán esos apoyos entre las bancadas de la oposición. Con el aval de ambas Cámaras, López Obrador podrá oficializar la reforma. El dirigente de Morena, Mario Delgado, afirmó en días pasados que la enmienda será un “regalo” de despedida para el presidente, que ha prometido desaparecer de la vida pública tras entregar el poder a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
Durante la discusión de la reforma este lunes, los diputados del bloque oficialista defendieron la mayoría calificada que Morena y sus aliados obtuvieron en las urnas en las pasadas elecciones y afirmaron que se trata de un mandato popular para reformar la Constitución. “Espero que ahora ustedes ya comprendan que no tienen posibilidad alguna de impedir que eso suceda”, ha afirmado el diputado del PT Reginaldo Sandoval. Los diputados de oposición intentaron dar la batalla, perdida de antemano con la aplanadora legislativa de Morena. Rubén Moreira, del PRI, calificó la reforma de “imprudente e inoportuna” y también de poco práctica. El legislador mostró las que serían las boletas de la elección de jueces. Por ejemplo, en el circuito de Ciudad de México, ha explicado, un votante tendría que llenar 25 boletas con 640 nombres de juzgadores, de una lista de más de 4.000. “¿Cuánto va a durar el proceso de votación?”, ha cuestionado.
Margarita Zavala, del PAN, ha señalado que la enmienda atenta contra la independencia judicial. “Mejor díganlo claro: les molesta que otro poder controle la constitucionalidad de los actos del Legislativo y el Ejecutivo. No me extraña cuando hay tanta nostalgia por la época antidemocrática de nuestro país”, ha dicho. Braulio López, de MC, ha afirmado que los jueces deben ser autónomos del poder económico y el político. “Para estos cambios no se debe tener machete, se debe tener bisturí, entender dónde está el problema y repararlo y no destruir”, ha sostenido. “La ciudadanía les dio la confianza para que mejoren la justicia, no para que la dañen”, ha añadido.
Las vacaciones de Sheinbaum
Sheinbaum ha anunciado que los primeros días de septiembre se tomará un descanso. Su retiro de los reflectores en la semana crucial de la reforma judicial remarca la noción de que se trata de un acto dedicado a López Obrador, el mayor impulsor de la iniciativa. La mandataria electa ha abrazado el proyecto y también ha participado de los lances de López Obrador. La semana pasada, el embajador de EE UU en México, Ken Salazar, se pronunció contra la reforma y dijo que “la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia en México”. Se trató del pronunciamiento más claro de Washington en torno a la enmienda. López Obrador respondió duramente al diplomático y criticó la “política prepotente” y la “actitud intervencionista” de EE UU en los países latinoamericanos. Salazar suavizó sus comentarios y llamó a tener un diálogo. Tanto López Obrador como Sheinbaum rechazaron el ofrecimiento. “Hay cosas que solo les corresponden a los mexicanos”, ha dicho la presidenta electa.
El embajador estadounidense había sostenido que la iniciativa de reforma mermaba la confianza de los inversores y que podía crear una “turbulencia” en la integración económica de Norteamérica. También señaló que había tenido encuentros con la iniciativa privada mexicana, que le había expresado “mucha preocupación”. Los argumentos de Salazar tienen respaldo en la realidad. El peso mexicano ha perdido valor frente al dólar desde que Morena ganó en las pasadas elecciones con un triunfo arrollador. La moneda se había mantenido en una bonanza por debajo de las 17 unidades por dólar, pero en agosto rebasó las 20 unidades. El temor entre los inversionistas es que el partido en el Gobierno pueda reformar la Constitución sin cortapisas. Durante la pasada Legislatura, la Suprema Corte había fungido como un contrapeso a algunas políticas de López Obrador. Con la supermayoría morenista y una Corte totalmente renovada, esa función de control constitucional quedará inhabilitada y las reformas del oficialismo perdurarán.
A la crisis se ha sumado el hecho de que cientos de trabajadores del Poder Judicial han salido a protestar contra la enmienda, en la que advierten riesgos de perder derechos laborales. Aunque el Gobierno ha insistido en que la iniciativa no compromete la estabilidad de los empleados, sino solo la de los juzgadores, las manifestaciones han aumentado. Varios tribunales están paralizados, lo que afecta el curso de miles de asuntos judiciales tanto de empresas como de personas. Los trabajadores han amenazado con protestar en la Cámara de Diputados en el inicio de la nueva Legislatura, el próximo domingo. Ese mismo día, López Obrador entregará su último Informe de Gobierno y encabezará un acto político con sus simpatizantes en el Zócalo de Ciudad de México. Los ánimos de celebración y de crítica se cruzarán en un mismo lienzo.