Con la inminente aprobación de las iniciativas de reformas a la Constitución que acabarán con el equilibrio entre los Tres Poderes y siete órganos autónomos, a punto está de consumarse el “golpe de Estado técnico” —éste sí— del que hablaba el presidente López Obrador.
Durante las campañas afirmaba que el “Prian”, usaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impedir la continuación de su pendenciera y desaseada cuarta transformación.
Lo cierto, sin embargo, es que ese inapelable órgano jurisdiccional, con su aval a la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso, despejó el camino para que el Ejecutivo haga constitucionalmente lo que se le antoje.
Como publicó ayer en su Día con día Héctor Aguilar Camín sobre la idea de que se trata de una regresión a las peores épocas del priato, “se trata de la fundación de un régimen autoritario nuevo, mucho peor: más poderoso, más indesafiable y, sobre todo, legal…”.
Y es que las mayorías legislativas de la coalición Morena-PT-Verde terminarán de propinar el “golpe de Estado técnico” en perjuicio, por lo pronto, de 130 millones de mexicanos.
¿Cómo se llegó a esta delirante situación?
Abundan argumentos contra el agandalle de curules no ganadas en las urnas. Por ejemplo: que con 53 por ciento de los votos obtenidos, el nacionalpopulismo pueda detentar más de 74 por ciento de la Cámara de Diputados y que, en contraste, con 47 por ciento de los sufragios, la oposición alcance un triste 24 por ciento de las 500 diputaciones.
Tal barbaridad quiere decir que para las autoridades electorales los votos del oficialismo valen el triple que los de la oposición, lo cual vulnera uno de los derechos humanos más preciados, el de la igualdad consagrado en el primer artículo de la Constitución.
En apoyo de tan agraviante lógica, del Presidente para abajo se arguye que algo similar se hizo en el priato y el panato, coartada propia de los rapiñeros que intentan justificarse aduciendo que otros robaron en el pasado y gozan de impunidad.
De mis conversaciones con el intachable constitucionalista de firmes convicciones de izquierda liberal, Diego Valadés, rescato algunas luminosas deducciones:
—Si los coligados de la 4T fueron tres partidos y se alzaron con 75 por ciento de las curules, asociados con un cuarto partido tendrían 82 por ciento. Si los asociados fueran cinco, se apoderarían de 90 por ciento y con un sexto partido se apoderarían ¡de 98 por ciento! de las diputaciones.
—Y que a los extranjeros les preocupa la reforma porque afectará sus inversiones; a los mexicanos nos perjudicará, porque pondrá nuestros derechos en manos de autócratas federales, de caciques locales y de organizaciones delincuenciales.
Sobre la imparable extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos Personales, “el gobierno dará la información que le convenga y ocultará la que pueda perjudicarlo”. En lugar de acceder a la verdad, accederemos a “los otros datos…”.