Un hombre identificado como Armando “N” rentó en diciembre pasado la bodega donde fueron encontrados tres de los vehículos involucrados en el asesinato del jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales.

El asesinato del funcionario fue planeado durante meses y lo llevó a cabo un grupo que actuó de manera coordinada: que movilizó al menos cinco vehículos y dos motos con placas sobrepuestas, y que el pasado 21 de julio vigiló, desde las ocho de la mañana, el domicilio de Coacalco, en el Estado de México, del que Morales salió aquel domingo para hacer compras en una pollería.

El jefe policiaco fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras esperaba que el encargado del local lo atendiera. Mediante la revisión de cámaras de vigilancia públicas y privadas, las autoridades identificaron las placas del Aveo en que llegó el agresor y de uno de los vehículos que sirvieron de muro —también un Aveo— luego de que se consumó el asesinato.

Se trataba de placas sobrepuestas, “que corresponden a un vehículo diverso”. Las placas se dieron de alta el 7 de junio de 2021, a nombre de Lorena Janeth “N”. Según las autoridades, Lorena Janeth y su pareja sentimental, Erick Gerardo “N” facilitaron la vigilancia del domicilio, obteniendo matrículas para los vehículos que rondaron la zona y “siguieron una secuencia y orden en su desplazamiento, captados por diversas cámaras cerca del lugar de los hechos, minutos después de las 11:00 horas”.

Las placas fueron colocadas un día antes del asesinato. No contaban con reporte de robo, ni de extravío. Aunque los involucrados negaron cualquier relación con la gestión de estas, la fiscalía del Estado de México obtuvo el testimonio de una persona que aseguró que se las había entregado en propia mano. Lorena Janeth “N” y Erick Gerardo “N” fueron vinculados a proceso una semana después del homicidio.

En los últimos días de agosto, una llamada anónima puso a las autoridades sobre la pista de la bodega en la que estaban guardados los vehículos relacionados con el homicidio. De acuerdo con un testigo cuya identidad fue reservada, 40 minutos después de cometido el crimen escuchó que Armando “N”, el hombre que rentó ese inmueble, recibía una llamada. Al poner el altavoz del teléfono, una voz dijo:

“Ya está hecho el jale, cuando esté cerca te marco y me abres”.

En esa bodega, ubicada en la colonia Ejido de Tequistlán, en Tezoyuca, Estado de México, la policía localizó los dos autos empleados el día del asesinato, así como una de las unidades que las cámaras detectaron en los alrededores del domicilio de Morales.

Además de contar con placas sobrepuestas, los números de serie estaban alterados.

La policía localizó en la bodega varios vehículos que no fueron registrados por las cámaras el día del asesinato del funcionario, pero que tenían también placas sobrepuestas y números de serie alterados: vehículos que el grupo criminal iba a emplear o había empleado en otros hechos delictivos.

Armando “N” fue acusado de homicidio calificado y vinculado a proceso. Un hijo de este se encuentra en calidad de prófugo.

En el rompecabezas del homicidio existe también la versión de que fue el propio Armando quien puso sobre aviso a la fiscalía tras recibir una llamada del Cártel Jalisco Nueva Generación en la que le advirtieron que si proporcionaba videos o información a la policía tanto él como su familia serían asesinados.

Fue el Cártel Jalisco quien ordenó el asesinato en 2020 del entonces secretario de seguridad de la capital, Omar García Harfuch. Los responsables fueron sentenciados en marzo pasado a 316 años de prisión. Como se sabe, Milton Morales era la mano derecha de García Harfuch e iba a acompañarlo en su nueva encomienda como secretario de seguridad pública federal. Las autoridades, sin embargo, no han hallado indicio material alguno de que este cártel hubiera tomado parte en el homicidio. Todo indica, en cambio, que el asesinato fue llevado a cabo por una banda con cierto grado de sofisticación, capaz de montar un operativo de vigilancia, ejecución y ocultamiento, en el que pudieron, tal vez, tomar parte policías, aunque hasta el momento no existen, tampoco, indicios de esto último.

El asesinato de Morales caló profundamente entre los mandos de la Secretaría. La orden es resolver el caso antes de ser posible en los primeros meses del nuevo gobierno, al que le urge mandar la señal de que no habrá tolerancia en esta clase de asuntos.