Las leyes del plan C que empiezan a aprobarse en septiembre cambiarán sustantivamente las relaciones de los ciudadanos con el gobierno, en favor del gobierno.
Su sentido es concentrar poderes en el Estado y quitárselos a la sociedad. Subrayo cinco piezas particularmente ominosas, autocráticas, del plan C:
1. La reforma judicial, que quiere que los jueces y magistrados se elijan por votación. Hoy por hoy, esta es una manera de decir que los elegirán Morena y el gobierno.
Para todo efecto práctico, los ministros de la Corte, los poderes judiciales federales y los locales serán la expresión dominante de un partido, del partido dominante.
Serán por su mayor parte jueces de consigna, en particular de consigna política. El desbarajuste que esta elección creará en la impartición de justicia, de por sí deficiente, será enorme. Y dejará a la sociedad en manos de jueces de consigna, impuestos por el gobierno y por los poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado.
2. La ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, para incluir entre ellos, cito, “recaudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales”.
La ampliación de esta odiosa figura que permite tener en la cárcel a ciudadanos que no han sido juzgados sólo da poderes a los políticos y a los poderosos, al tiempo que atenta contra las más elementales garantías individuales.
3. La eliminación de órganos autónomos, que devolverá al mando del gobierno todas las facultades de decisión económica que tenían la Cofece, el Ifetel, los derechos de queja contra abusos de autoridad que tenía la CNDH o los derechos a la información pública que administraba el INAI.
Todo el poder a la política y al gobierno.
4. El paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que pondrá en manos militares la seguridad pública y el contacto cotidiano con la gente en esta materia. Militarización de la vida cotidiana frente a cada delito.
5. La supresión de la representación proporcional, que si se aplicara hoy dejaría en 84% la representación de Morena en el Congreso. Esto, aunado a la conversión del INE en una dependencia de Gobernación, haría invencible al partido oficial en las elecciones.