Esta semana le toca al PRI

Hoy o mañana el Instituto Nacional Electoral decidirá la suerte de Alito Moreno: se queda en la dirigencia nacional del PRI hasta la siguiente década, o la deja para siempre.

Está en problemas el político campechano, porque los cambios estatutarios se hicieron durante el proceso electoral, en su fase de resultados y validez de la elección federal.

Contra la ley se hicieron los cambios para reelegir a Moreno, luego de que entregara los peores resultados electorales en la larga historia del escopeteado partidazo.

También fue contra el principio básico de ese partido: no reelección.

Pero como ya sabemos que a nadie bien parado con el gobierno le vienen con eso de que “la ley es la ley”, Moreno la puede librar pese a la ilegalidad de su reelección.

Salvo que ahora se le cruza una circunstancia adversa: ya no tiene canicas para negociar con el gobierno.

Luego de que el Tribunal Electoral le regalara la mayoría calificada a la coalición gobernante, Alito Moreno dejó de serle útil al gobierno.

Morena-PT-Verde no necesitan votos de legisladores del PRI, ni que se ausenten de sesiones clave algunos diputados o senadores priistas para que las reformas constitucionales pasen con dos tercios de mayoría en el Congreso.

A Alito Moreno se le acabó la fuerza de la mano izquierda.

Tres ex presidentes nacionales de ese partido, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa demandaron la nulidad de las asambleas estatales que modificaron los estatutos del PRI y la elección de Moreno para otro periodo al frente del otrora “invencible”.

El artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos establece la prohibición de cambiar estatutos durante la etapa electoral.

Y el artículo 23 de los estatutos del PRI dice que “la convocatoria a las asambleas estatales y a fecha de la jornada electiva en ningún caso será menor a 30 días naturales”.

En este caso, sólo mediaron entre once y trece días.

Señalan los exdirigentes priistas que la ilegalidad está fuera de toda duda.

El documento de impugnación lo presentaron Sauri, Pedro Joaquín y Ochoa porque tienen la personalidad jurídica para hacerlo dada su condición de delegados permanentes al consejo partidista por ser expresidentes del PRI.

Si el INE confirma que el procedimiento para modificar los documentos básicos del PRI y la reelección de Alito fueron ilegales, tendrá que dejar el cargo sin posibilidad de volver a desempeñarlo.

Tampoco se queda en la calle, pues ocupa un escaño en el Senado por los siguientes seis años, lo que le da fuero.

Aunque también ahí tiene un problema Alejandro Moreno, y no es menor. En la sección instructora de la Cámara de Diputados aún está la solicitud de juicio político en su contra.

El juicio político no avanzó en la legislatura pasada porque Morena no tenía mayoría. Ahora sí la tiene.

Hay algo en favor del actual dirigente nacional del PRI: la funcionaria del INE que debe elaborar el dictamen sobre la legalidad del cambio de estatutos y reelección es la encargada de la Dirección de Prerrogativas, Yessica Alarcón, cercana a Moreno… y a Morena.

Ella hizo el dictamen que le dio mayoría calificada al bloque gobernante, y luego ratificaron en la comisión respectiva y en el pleno del Consejo General.

Una vez conocido el proyecto de dictamen sobre la legalidad o ilegalidad de la reelección de Alejandro Moreno, éste pasa a la comisión y de ahí al pleno, donde votan las once consejeras y consejeros.

Esto ocurrirá en la presente semana.

Los que promueven esta acción de ilegalidad tienen el propósito de que la elección de la nueva dirigencia nacional del PRI sea votada de manera directa por el millón 700 mil militantes que están inscritos en ese partido, en comicios organizados por el INE.

A diferencia, pues, de los 400 consejeros nacionales que participaron en la reelección de Alito, quien ganó con 97 por ciento de los votos.

De ahí, dicen, se hará lo que resuelva la militancia. Entre otras cosas se puede dar el cambio de nombre del partido, como ya ha ocurrido en la historia de ese instituto político.

Y nunca más vulnerar el principio de “no reelección”.

Además, por paridad de género, al frente del PRI tendría que estar una mujer.

Veremos, y muy pronto.