Iban por un catequista de la iglesia católica, Ignacio López, quien había criticado la brutalidad con que actuaban los grupos del crimen organizado. Primero cortaron la luz del poblado de Nueva Morelia, en Chicomuselo, Chiapas, para dejarlo incomunicado. Luego lanzaron un ataque con drones y finalmente entraron en caravana con las armas listas.

Asesinaron en su propia casa a Ignacio López, a su esposa, a su hermana, a su padre, a su cuñada, a su sobrina y a una tía.

Quemaron los cuerpos de las víctimas y quemaron también varias casas.

Ocurrió apenas el 13 de junio pasado. El ataque dejó un total de 11 víctimas.

Al día siguiente, a las cinco de la mañana, en el barrio de Guadalupe, en el municipio de Pantelhó, otros seis miembros de una familia, dos adultos y cuatro menores de edad, fueron masacrados en una vivienda.

La matanza fue atribuida a integrantes del grupo Los Herrera, que se disputan con autodefensas conocidos como Los Machetes el control de la zona.

Ahí, la pugna es tan grave que los cadáveres de las víctimas no pudieron ser inhumados en el cementerio del pueblo donde vivieron, sino en otra comunidad: La Piedad.

El gobierno federal minimizó los hechos: “un problema entre integrantes del crimen organizado”, “grupos antagónicos que mantienen un conflicto”. El Centro Fray Bartolomé de las Casas dijo que se trataba de un ataque contra la población civil y habló de “un conflicto armado no reconocido”. El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció la omisión y negligencia del gobierno de López Obrador ante un conflicto que ha provocado el desplazamiento de más de 5 mil personas.

En los números alegres que presentó el presidente el domingo pasado, durante su último informe, no hubo espacio para esta realidad. Ahí mismo, en el estado de Chiapas, apenas el 29 de junio, 19 cadáveres fueron hallados en la caja de un camión de volteo en la comunidad de La Concordia: el propio Cártel de Sinaloa se jactó en un video de la masacre que acababa de cometer.  Las autoridades hicieron acto de presencia un día después. Atestiguaron el horror, cuerpos pudriéndose bajo el sol, vestidos aún con uniformes tácticos, en un tramo de terracería.

“Se está protegiendo a la población de la región”, comentó el presidente.

Pero noticias de masacres siguen apareciendo en todos los rincones de México, sin que el gobierno de AMLO las admita, las registre, siquiera voltee a mirarlas.

El presidente se va, burlándose, por ejemplo, y con grandes carcajadas, de la ruina en que ha dejado el sistema de salud. Pero las postales de la violencia, en un país tomado como nunca antes por el crimen, van a quedarse con nosotros.

El pasado 20 de marzo reportaron en Acapulco que hombres armados estaban abandonando cuerpos a todo lo largo de la avenida Diego Hurtado de Mendoza. Tiraron 6 en esa avenida, algunos de los cuales habían sido torturados con torniquetes. De manera simultánea, se reportaron enfrentamientos y ejecuciones que dejaron aquel día en el puerto un total de 12 muertos.

En abril, automovilistas que atravesaban el kilómetro 37 de la carretera libre a Ciudad Juárez, descubrieron ocho cuerpos desnudos y apilados. Todos tenían huellas visibles de tortura. Les habían envuelto pies y manos en plástico transparente. A uno de los cadáveres le habían clavado con cuchillo una cartulina: “Iba para Magdalena, ahora voy pa’ donde sea. Chihuahua tiene dueño”.

El 18 de febrero fueron asesinados 4 adolescentes y 2 adultos en una vivienda de Tlaquepaque, en Jalisco. El 9 de junio, 4 mujeres y dos niños de dos años y tres meses fueron asesinados en un domicilio de León. El 29 de junio fueron hallados los cadáveres de seis hombres en El Saúz, en el ejido Nueva Delicias, en Chihuahua. En ese mismo lugar habían aparecido dos cuerpos sin brazos, sin piernas y sin cabezas, a los que además les habían extraído el corazón. El 20 de agosto, 5 trabajadores de un negocio de reciclaje fueron acribillados en Apaseo El Grande, Guanajuato, a solo kilómetros de donde dos hombres más aparecieron colgados.

Causa en Común ha documentado que en seis meses de 2024, los últimos meses de AMLO, se cometieron en México más de 2 mil crímenes con violencia extrema: mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, asesinato de niños y adolescentes, asesinatos de mujeres cometidos también con crueldad extrema…

Es el país que queda, más allá del Zócalo, el Informe, y las “mañaneras”. Es el país que existe, aunque no se quiera ver.

Ese es también su legado.