La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó una propuesta para llevar a cabo una reforma judicial con planteamientos desde la experiencia directa de quienes imparten justicia. 

En un mensaje emitido ayer, explicó que el análisis de los aparatos de seguridad y justicia, así como la propuesta de reforma, fueron elaborados a partir de los foros convocados por la Corte.

Piña Hernández aseveró que “la demolición del Poder Judicial no es la vía” y llamó a los legisladores a que escuchen otras voces.

 

 

“Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más hago, de frente, un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas: debemos escucharnos entre Poderes de la Unión”, dijo.

 

 

En el documento Reforma Integral al Sistema de Justicia: Desafíos y Propuestas se incluyen 66 planteamientos en nueve temas relacionados con la seguridad pública, la investigación de los delitos, transformación de las fiscalías y de apoyo a las víctimas, entre otros.

Destacan estandarizar las reglas de la carrera judicial en los Poderes judiciales del país e implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial, entre otros.

La demolición del Poder Judicial no es la vía: Piña

La Presidenta de la Corte afirma que, si hay el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos
dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz y la justicia

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que la demolición del Poder Judicial no es la vía para superar la crisis de seguridad y justicia que se vive en el país.

“La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo, podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, afirmó.

Al iniciarse la revisión del dictamen de la reforma judicial, en comisiones del Senado, que fue aprobado la semana pasada por los diputados federales, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó un llamado a los legisladores, para que se escuchen otras propuestas.

“Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más hago, de frente, un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas: debemos escucharnos entre poderes de la Unión.

“Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos; escuchemos a los organismos de justicia internacional; a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, manifestó.

La ministra presidenta de la SCJN realizó video mensaje en la que estuvo acompañada por sus colegas los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales; así como de la y los consejeros de la Judicatura Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez.

“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente.

“Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos”, expresó la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al inicio de su mensaje, la ministra Piña Hernández explicó que fueron concluidos y están a disposición pública, en los sitios oficiales de la SCJN y del CJF, los documentos de análisis de los aparatos de seguridad y justicia, y una propuesta de reforma a los mismos, elaborados a partir de los foros convocados por la Corte.

“También se hace público en este momento una propuesta que surge desde la Judicatura, en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la Reforma Judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia.

“Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos”, indicó la ministra Piña Hernández.

Presenta proyecto con 66 propuestas

Transformar el sistema de seguridad pública y justicia en México requiere reconocer a las víctimas, reconocer la labor de policías; fortalecer a las fiscalías y a las instituciones forenses, y hacer una justicia más accesible, se reconoce en documento Reforma Integral al Sistema de Justicia: Desafíos y Propuestas.

El documento fue publicado ayer domingo en los sitios oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Fue elaborado a partir de los 15 foros, que concluyeron el 8 de julio, en el Centro Cultural Tlatelolco.

“Transformar la justicia requiere mirar y honrar la angustia de quien ha perdido a un ser querido. Requiere también de observar la labor que realizan las fuerzas del orden, pero también los riesgos que corren al ejercerla. Un cambio profundo de la justicia pasa también por fortalecer a las fiscalías y a las instituciones forenses.

“Demanda reconocer críticamente los problemas que surgen en la investigación de los delitos y hacerles frente de manera decisiva, pero informada, para mejorarlos y fortalecerlos. En el ámbito estrictamente judicial, la justicia requiere ser aún más empática, accesible, rápida y redignificante”, se consideró en la introducción del texto.

En el proyecto de reforma se presentan 66 propuestas en nueve temas relacionados con la seguridad pública, la investigación de los delitos, transformación de las fiscalías, de los servicios periciales y de apoyo a las víctimas, entre otros.

En materia de seguridad pública, el documento propone fortalecer la relación y confianza de la sociedad con los cuerpos policiales y reducir la intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas.

Complicidades

En la Reforma integral elaborada por la SCJN se plantea investigar la complicidad de autoridades con grupos del crimen organizado.

“Es necesario desarrollar mecanismos de investigación que indaguen sobre la presunta complicidad entre agentes del Estado y organizaciones criminales transnacionales, así como los fenómenos asociados a la corrupción e impunidad.

“Se debe promover la coordinación con los países vecinos en la prevención de la trata de personas, el apoyo a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores”, dice.

Son propuestas en materia de ética y legitimidad judicial; de fortalecimiento de los poderes judiciales locales; de diseño normativo sustantivo y procesal; de seguridad pública; de investigación criminal y de servicios periciales y forenses.

También se presentan propuestas en materia de defensoría pública; de atención a víctimas y de ejecución penal, obtenidas a través de los planteamientos presentados en los foros.

“Se debe garantizar el acceso de las víctimas indirectas, en condiciones de igualdad, a la búsqueda, la justicia, la verdad y la reparación, revisando cuando sea pertinente la distribución competencial entre el Estado y las entidades federativas en materia de atención a las víctimas”, se planteó.

Sobre la defensoría pública se plantea que este servicio debe unificar criterios y prácticas, brindando certeza y seguridad jurídica, por lo que resulta indispensable la creación de documentos técnicos o protocolos que homologuen la forma en que se brinda atención a la población.

 

Éstos son algunos puntos

• Realizar una revisión crítica del flujo de los procesos judiciales.
• Estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país.
• Fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales.
• Fortalecer los servicios de defensoría pública.
• Fortalecer la independencia de juezas y jueces de ejecución.
• Implementar la carrera judicial y los mecanismos de selección de manera clara.