Con la novedad de que en Morena se han venido sucediendo decisiones que este fin de semana terminaron de cuadrarse y determinan quiénes conformarán la próxima dirigencia de ese partido y además el rumbo que tomará a partir de diversos ajustes estatutarios. Será el próximo 22 de septiembre, el domingo posterior al del Grito, cuando en una reunión del Congreso de Morena, conformado por tres mil militantes, según se ha señalado, que Luisa María Alcalde será nombrada presidenta del Comité Ejecutivo Nacional; Andrés López Beltrán, hijo del Presidente se integrará a esa directiva en un puesto clave —podría ser la Secretaría General o la de Organización—, al igual que Carlos Ulloa, cercano a Claudia Sheinbaum. Ese día también se aprobarán las reformas a documentos básicos y estatutos de las que habló la Presidenta electa Claudia Sheinbaum el pasado 15 de agosto tras recibir la constancia de mayoría. Ayer, la futura mandataria explicó que acudiría a esa reunión. Pendientes.
Y luego de conocerse que sería el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez quien daría el voto que falta a la 4T para aprobar la reforma al Poder Judicial —y hasta su partido, el PAN, le pidiera confirmar el compromiso que hizo ante cámaras y micrófonos de votar en contra—, anoche entre los grupos que han exigido a la oposición mantenerse cohesionada se preguntaban a quién se le habrá ocurrido darle el escaño al exalcalde de Veracruz, y además poner como su suplente a su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien a causa de su posición política en su estado tendría una situación complicada tras el triunfo del guinda y, por ende, más alicientes para aproximarse a Morena. Y la respuesta que esos grupos daban a su pregunta era: Marko Cortés, quien dirige aún al PAN. ¿Se le puede atribuir alguna responsabilidad a este último o se le puede conceder que no tenía en la mente a la hora de configurar las candidaturas un escenario como el que tiene en zozobra a su partido y a los trabajadores del PJ? Uf.
Los derroteros de los ministros
Y en la Corte, después de días de excesiva cautela, los ministros están tomando definiciones. Ayer Yasmín Esquivel expresó su interés por ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que se apruebe la reforma judicial; cuestionó la presentación de la propuesta alterna de reforma que hizo Norma Piña, y se pronunció en contra del paro que realizan trabajadores del Poder Judicial. Los ministros Luis María Aguilar y Margarita Ríos-Farjat acudieron a expresar apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. El primero in situ recordó sus inicios como mecanógrafo. La segunda hizo la víspera una aclaración al falso argumento sobre los salarios de los integrantes de la Corte. Ambos hicieron lo que antes realizaron Juan Luis González Alcántara y Jorge Pardo Rebolledo. Loretta Ortiz dio cuenta por escrito que no avala el paro de labores. Hoy la 4T tiene previsto aprobar la reforma judicial, que definirá que dejen el cargo.
Así que el estado gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya volvió a ser noticia de primera plana, pero no por algo positivo, sino por una nueva jornada de violencia en la que lamentablemente un militar perdió la vida en cumplimiento de su deber y otro más resultó herido. La de ayer fue la quinta jornada violenta que se presenta en Sinaloa en un lapso de dos semanas. Las balaceras, las persecuciones y los asesinatos han sido la constante durante la actual administración estatal, sin que las autoridades locales sean capaces de evitarlo. El Gobierno federal no ha escatimado esfuerzos para reforzar la seguridad de la entidad con el envío de elementos de las Fuerzas Armadas, al grado de que ayer mismo llegaron más efectivos del Ejército, para sumarse a los que habían llegado antes. Pero de poco sirve tanto apoyo, nos dicen, si a quien le corresponde la prevención y la contención de actividades delictivas está más ocupado en la grilla, y en ser el centro de todo, que en hacer una chamba efectiva.
Nos cuentan que entre los datos a destacar de la presentación del Segundo Informe de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, está la drástica reducción de la deuda que le heredó su antecesor, Carlos Joaquín González. Hay quien asegura que el discurso pronunciado ayer por la mandataria en la Explanada a la Bandera de la ciudad de Chetumal se escuchó hasta Canadá, sobre todo, cuando presumió que en sólo dos años, la deuda con proveedores —originada en la pasada administración— pasó de 7 mil 370 millones de pesos a 3 mil 230 millones al 30 de junio de este año, es decir, disminuyó casi el 50 por ciento. Dijo también que ya se pagó por completo la deuda de más de mil millones de pesos que le dejaron en el Complejo de Seguridad C5. Y además, la deuda bancaria pasó de poco más de 27 mil millones de pesos en el 2022, a 22 mil 500 millones en el 2024, es decir, una reducción de 4 mil 500 millones de pesos. Paso a paso, nos dicen, Mara ha enderezado el barco que estaba en vías de hundimiento cuando lo recibió.
Y resulta que en la confrontación entre poderes que se da en distintos escenarios, fue ayer que la vocera de trabajadores del Poder Judicial, que mantienen las protestas contra la reforma, acusó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de haberles tendido una trampa mediática al haberlos citado a una reunión privada, de la que tomó fotos que publicó en redes para asegurar que el diálogo se abrió. Sin embargo, la vocera reveló que en dicho encuentro no se les escuchó, sino que les dijo que no se le moverá ni una sola coma al dictamen que hoy será discutido para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular. “Es mentira que nosotros hayamos llegado a alguna negociación o algún acuerdo, no hubo tal diálogo; simple y sencillamente querían escuchar que no les vamos a obstruir la Cámara de Senadores”, reclamó. Dicen entre los manifestantes que al legislador no se le quita, ni siendo presidente de la Cámara alta, el gusto que tiene, cuando ve fuego, de echarle encima gasolina.