La revisión al flujo de dinero de Ismael Zambada García por parte de Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el Departamento del Tesoro ha bloqueado activos y restringido relaciones comerciales con 100 personas físicas y morales vinculadas con el narcotraficante, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, ahora detenido en ese país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro ha señalado a su familia de participar en esquemas de financiamiento ilícito y lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Han sido boletinados ocho hijos e hijas de El Mayo Zambada, su primera esposa, un hermano, una nuera y un sobrino.
El gobierno de Washington también ha incluido en su listado de sanciones a sus operadores financieros, abogados, notarios, administradores, representantes legales, jefes de sicarios y líderes de células, tanto de Sinaloa como de Baja California, Sonora, Durango, Colima y Centroamérica.
En una revisión hecha al periodo 2007-2024, se observa que la estructura de El Mayo Zambada ha sido expuesta públicamente en 18 ocasiones, con un total de 74 personas físicas y 26 morales.
El Departamento del Tesoro ha argumentado que estas entidades forman parte de una estructura para lavar dinero ilícito proveniente del tráfico de cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína y fentanilo.
Pero esta persecución financiera estadounidense no ha tenido el mismo comportamiento en México. Las empresas del narcotraficante han sido prácticamente intocables a lo largo del tiempo.
Hoy en día, la mayor parte de las personas físicas y morales de la familia Zambada se mantienen activas ante la Secretaría de Economía, e incluso le han ganado desbloqueos de cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según se observa en una revisión hecha para este reportaje.
La académica Cecilia Farfán, jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, cuestiona la inacción de las autoridades mexicanas.
La especialista en seguridad explica que el gobierno de Estados Unidos no tiene injerencia en las empresas que operan en México y no puede desmantelarlas.
El pasado 7 de agosto, dos semanas después de la captura de El Mayo, su hija María Teresa Zambada Niebla otorgó poderes amplios para pleitos y cobranzas y actos de administración en dos compañías de la familia. Los movimientos mercantiles se realizaron en Jamaro Constructores, una empresa de obras hidráulicas, y en Establo Puerto Rico, empresa agrícola y ganadera, sostén de la marca Leche Santa Mónica, ambas incluidas en el listado del Tesoro desde 2007.
La asignación de representantes legales fue autorizada por la Oficina del Registro Público del Comercio de Sinaloa.
En septiembre de 2019, la UIF emitió un acuerdo de bloqueo de cuentas bancarias que incluía a las señoras Modesta y Ana María Zambada García, hermanas de El Mayo, y a Leticia Ortiz Hernández, madre de su hijo Serafín Zambada.
En esa ocasión también se congeló la cuenta del Centro Comercial y Habitacional Lomas, conocida como Plaza Lomas, y boletinada por Estados Unidos desde 2013.
La UIF señaló a esta empresa de operar como una fachada para ingresar dinero ilícito al sistema financiero, según se puede leer en diversos amparos promovidos por la familia Zambada contra la UIF y la banca privada, a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Hasta julio de 2022, en el último movimiento ante el Registro Público del Comercio, Ismael Zambada García aparece como accionista de la empresa, junto a hermanos y hermanas.
“Al parecer fue constituida con la finalidad de dar una apariencia de licitud a los activos obtenidos por el grupo, haciendo parecer que los mismos devenían de actividades económicas lícitas, cuando en realidad éstos procedían en una alta probabilidad de la realización de los actos delictivos de narcotráfico”, se expone en el Acuerdo de Bloqueo de la UIF 193/2019.
Plaza Lomas se compone de una serie de locales comerciales, una torre de departamentos de nueve pisos, una alberca y un casino.
El congelamiento de cuentas de la UIF no duró mucho. En los años siguientes, las mujeres de la familia Zambada obtuvieron amparos para descongelar sus cuentas bancarias argumentando que sus ingresos son lícitos. Así, en julio de 2022, tres años después del bloqueo de la UIF, el Centro Comercial y Habitacional Lomas formalizó una asamblea de accionistas para legalizar un movimiento sucedido, presuntamente, en noviembre de 1983, en el cual se elevó el capital social de la compañía de 25 millones de pesos a 50 millones de pesos.
El primer golpe financiero a la familia Zambada se dio en mayo de 2007, cuando la OFAC calificó como integrantes de su estructura económica a cuatro hijas y un hijo, su primera esposa y una nuera.
En esta designación también se incluyó a su “mano derecha”, Javier Torres Félix, alias El JT, y a cuatro personas más que trabajaban para sus empresas.
En junio de 2011, el bloqueo alcanzó a sus principales operadores delictivos: Manuel Torres Félix, El M1; Gonzalo Inzunza Inzunza, El Macho Prieto, y los hermanos Avendaño Ojeda: Martín, Héctor Manuel y Sergio. El M1 y Macho Prieto fueron asesinados entre 2012 y 2013, mientras que dos de los hermanos Avendaño fueron detenidos en 2016.
Entre 2014 y 2024, la OFAC expandió su bloqueo a líderes de células delictivas de la facción de Zambada García con operaciones en el norte de México y Centroamérica.
En años recientes, el Departamento del Tesoro acusó a varios líderes de la facción de El Mayo de traficar fentanilo a Estados Unidos y los incluyó en su listado.
Tras negociaciones de cooperación con el gobierno federal estadounidense, al menos 10 integrantes de la familia Zambada y sus empresas han logrado salir de la lista negra de la OFAC.
Por ejemplo, en mayo de 2021, Reynaldo El Rey Zambada García, hermano de Ismael, logró borrar su nombre del listado y el de la empresa familiar Arte y Diseño de Culiacán. En abril de 2022, Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo, consiguió salir del bloqueo junto a su madre, la señora Rosario Niebla, su esposa Zynthya y tres empresas de ella. Reynaldo y Vicente fueron testigos clave en los juicios contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Genaro García Luna.
