Fisuras en el régimen

La reforma judicial produjo algo impensable: la división en el obradorismo. Colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, políticos, intelectuales orgánicos, sus columnistas y el periódico oficial, han expresado en público y en privado su desaprobación por sus probables consecuencias y por la forma como se alcanzó la mayoría calificada para lograr su aprobación en el Senado.

Dos argumentos fueron expuestos al Presidente y llegaban al mismo punto, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, cuya selección y promoción sería impulsada por quien tuviera poder y dinero. Aquí se bifurcaban los alegatos. Uno era por la incertidumbre jurídica por la politización de la justicia, por el control sobre el proceso de selección e instrumentos de castigo que iba a tener el Ejecutivo sobre el Poder Judicial y el Legislativo. Adicionalmente, plantearon la facilitación al crimen organizado para comprar jueces. El otro alegato era que con dinero pudiera promoverse a políticos contrarios a la ideología de Morena, con lo cual podrían amenazarlos electoralmente.

López Obrador rechazó los argumentos. Ha insistido que no habrá impacto económico por la reforma y, como reiteró ayer, las inversiones, lejos de haberse suspendido, llegaron este año en sumas sin precedente. En realidad, los 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a los que se refiere son reinversión de utilidades, y apenas 650 millones de dólares es dinero fresco. En cambio, como reportó The Wall Street Journal, se detuvieron 35 mil millones de dólares en inversiones programadas, además de que varias multinacionales –entre ellas una de las principales empleadoras en el país– cerraron plantas o preparan su mudanza fuera de México.

El Presidente está confiado porque no vio ningún impacto en el tipo de cambio, aunque esto se debió a que la inflación en Estados Unidos bajó, debilitando al dólar, y por la probabilidad de que la próxima semana la Reserva Federal baje la tasa de interés. López Obrador está en la negación y la descalificación, pero la calificadora Moody’s, una de las instituciones a las que ha criticado, insistió el miércoles que la reforma podría generar un choque de confianza prolongado, volatilidad e incertidumbre financiera, que elevaría el costo de la deuda, pondría en riesgo el crecimiento, las finanzas públicas y el grado de inversión.

La minoría en torno a López Obrador ganó la discusión interna y uno de ellos fue su brazo en el Senado para operar la sesión del martes y miércoles, Alejandro Esquer, que trabaja como su secretario particular y como senador. Durante el debate Esquer se sentó a un costado del pleno, fue muy discreto y sólo se levantó del escaño para ir al baño. Pero cada vez que el coordinador de Morena, Adán Augusto López, se paraba a cabildear, pasaba por su aduana para consultarle. López Obrador, a través de Esquer, manejó la estrategia.

Esquer fue también quien administró las observaciones contra la reforma que le hicieron llegar al Presidente, y vigiló la puerta para ver a quién dejaba entrar, aun a sabiendas de que iba a alegar en contra. Fue el principal apoyo de López Obrador para que no tuviera duda alguna sobre lo que estaba haciendo, y la correa de transmisión para que las cosas salieran como lo necesitaba.

Una de las estrategias fue conseguir un senador, al menos, que les diera la mayoría calificada. El coordinador de la bancada fue el encargado de conseguirlo y lo logró con el panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Pero el senador se acobardó y pidió licencia por motivos de salud, escudándose en su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, para que diera la cara ante los indignados panistas en el arranque de la sesión.

Causó una conmoción, por el pasado de Yunes Linares y por lo que representa en la historia política de los últimos 30 años, manchada por canalladas contra la izquierda –sabotajes a mítines de Cuauhtémoc Cárdenas–, manipulación de documentos falsos insinuando corrupción de López Obrador, traiciones al PRI –su primer partido–, a la maestra Elba Esther Gordillo –que lo impulsó en el gobierno de Felipe Calderón– y al PAN, además de imputaciones penales por presunta pederastia en complicidad con el empresario Jean Succar Kuri, a quienes la activista y periodista Lydia Cacho denunció en un libro en 2006.

Yunes Linares tiene un pasado de giros políticos a cambio de impunidad para él, sus hijos y su esposa. Con el expresidente Enrique Peña Nieto negoció en 2016 la cancelación de seis averiguaciones previas por lavado de dinero y defraudación, y el no ejercicio de la acción penal a cambio de operar en Veracruz contra Morena y López Obrador. El pleito con él es viejo –lo llamaba “el loco”–, y en 2020 López Obrador ordenó que le reactivaran una carpeta de investigación por operaciones de recursos de procedencia ilícita. Sus hijos y la esposa de Yunes Márquez también tienen carpetas de investigación en curso.

Ante los señalamientos de que el voto fue a cambio de la cancelación de todas las investigaciones, López Obrador aseguró que era falso, lo que se podría comprobar si las fiscalías informan sobre el estado de las investigaciones y garantizan que continuarán el proceso. El fin justificó la inmoralidad de usar a Yunes Linares y a Yunes Márquez para sacar la reforma, aunque López Obrador dejó claro su desprecio por ellos: expulsados de su bancada, Morena no los arropó en la suya; los dejaron sin escaño, parados en el pasillo expuestos a cualquier agresión.

No obstante, su uso político ha resultado imposible de asimilar en sus medios aliados y columnistas a sueldo, que no encuentran justificación política suficiente para apoyarse en una familia tan desprestigiada y sobre la que hay tantas denuncias penales. Rocío Nahle, la gobernadora electa de Veracruz y acérrima enemiga de él, tuvo que tragarse los sapos presidenciales. Citlalli Hernández, que dirigirá el Instituto Nacional de la Mujer, y varias feministas declaradas de Morena en el Senado, igual.

La reforma judicial, en fondo y forma, dejó un mal sabor de boca en el obradorismo. No habrá ruptura, pero con la inmoralidad del actuar presidencial, tampoco puede haber inocencia.