Aun en el remoto caso —mucho muy improbable, por desgracia— de que prosperaran las suspensiones emitidas contra la destructiva reforma constitucional al Poder Judicial o su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo previsible es que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum recurrieran al delictivo recurso de desacatar a la Suprema Corte.

Nada frenará la imposición porque el mandatario, su partido, sus legisladores y sus cómplices en el Congreso han violentado el estado de derecho durante casi seis años, trastocando a su capricho la institucionalidad y la legalidad.

Bastaría el excrementicio procedimiento legislativo de las antidemocráticas mayorías diputadiles y senatoriales del oficialismo cuando aprobaron la regresiva, inservible y demagógica reforma para echarla abajo: recuérdese que en la sesión realizada en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca no hubo manera de corroborar que quienes votaron por la aprobación fueran efectivamente diputados, y que en el Senado, mintiéndole al pleno, el coordinador de la bancada de Morena y el presidente de la Mesa Directiva, se cometió la marranada de completar la mayoría que requerían con la compra de un par de traidores al PAN y a Movimiento Ciudadano.

De que el gobierno ignoraría una sentencia de la Corte contra la reforma al Poder Judicial hay una oportuna constancia: ayer se aprobó en San Lázaro el dictamen sobre la propuesta de endosar al Ejército la Guardia Nacional, bajo cuyo mando de facto ha seguido, pese a que el máximo tribunal en abril de 2023, al resolver una acción de inconstitucionalidad, ordenó que a más tardar el 1 de enero de este año (han ya transcurrido casi nueve meses de vencido el plazo) el control de la Guardia Nacional fuera trasladado de la Secretaría de la Defensa a la Secretaría (civil) de Seguridad y Protección Ciudadana.

En este sensible tema, dicho sea de paso, para atizar el linchamiento de los ministros de la Corte, López Obrador les atribuye haber echado abajo la militarización de la GN sin tomar en cuenta que, por su propia iniciativa, el artículo 21 de la Constitución reza desde el 26 de marzo de 2019:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil (…), que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública…”.

Con la misma impunidad que el Poder Ejecutivo ha desacatado sentencias de la Corte (como sobre la detención por más de 36 horas en las cárceles llamadas “estaciones migratorias” en agravio de tseltales (y otras acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales), el Senado ha ignorado los fallos para completar el número de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos Personales, instancia, por cierto, en capilla para ser absorbida y chatarrizada por la Federación y con ello acentuar la turbiedad en el manejo de la cosa pública.

AMLO no mintió: “lo mejor es lo peor que se va a poner…”.