La designación de Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo obedece a intereses de la actual administración estatal.
Dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se encuentran en la mira del Congreso local, no sólo por los señalamientos de la Secretaría de la Contraloría, sino porque la anterior legislatura realizó maniobras legales para garantizar que Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo conservaran su adscripción a las salas especializadas en responsabilidades administrativas y el control de la presidencia del tribunal.
Sus sucesores, que inician funciones mañana, deberán acatar las sentencias.
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) urgió a los diputados salientes a cumplir con las diversas sentencias de controversias constitucionales relacionadas con decretos pensionarios de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Congreso respondió al máximo tribunal que heredará el asunto a sus sucesores, que en unas horas entrarán en funciones.
La comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo, consideró conveniente que haya un proceso de evaluación del desempeño de los comisionados y que los diputados los llamen a clarificar cualquier duda que surja al respecto.
Ahora la abstención de las alcaldías no será contemplada ya como voto a favor; cualquier reforma deberá contar con el voto a favor de dos tercios de los cabildos; en el colmo del cinismo, los diputados señalan que la opción de la afirmativa ficta propició excesos
El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.
Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.
Organizaciones sociales rechazan la designación, a la que consideran inmoral e ilegal.
El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ratificó como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, lo que provocó una serie de reacciones negativas de organizaciones sociales que calificaron como inmoral e ilegal la designación.
El Foro Morelense de Abogados presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el que se abstiene de investigar presuntos actos ilegales perpetrados por los legisladores al aprobar sendos decretos de jubilación de secretarios de despacho y familiares de funcionarios de primer nivel, así como violentar la Constitución.
Nacida en 1976, la exfuncionaria supuestamente acreditó 24 años y cuatro meses de servicio en la burocracia, básicamente en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la pensión por jubilación de la Secretaria de Administración del Congreso local, Martha Patricia Bandera Flores, y se publicó el nombramiento de su relevo.
Buscan a la abogada Adelaida Marcelino Mateos
La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó en libertad a los integrantes del grupo de autodefensa de la comunidad de “El Chivatero”, municipio de Ayala, detenidos la mañana del viernes, y expidió la cédula de búsqueda y localización de su líder, Adelaida Marcelino Mateos, luego de la apertura de la carpeta de investigación.