El País-Edición México/ Antonio Ortuño

Un político encumbrado, es decir, que ejerce un alto cargo público, sabe que uno de sus mecanismos de defensa ante las crisis de confianza por las que, de forma inevitable, atravesará en su periodo en el poder, es desprenderse de algunos subalternos y dejarlos caer como un señuelo que distraiga y hasta apacigüe a las jaurías de detractores. Buena o malamente, los colaboradores principales de un presidente, gobernador o secretario de Estado suelen operar tal y como los fusibles de las instalaciones eléctricas, que se queman para evitar que todo el sistema se sobrecargue y estalle o arda.

La ultraviolencia en México sigue allí, aunque los medios y el gobierno (y, desde luego, las redes) estén volteando hacia otra parte. Más de 100.000 personas han sido asesinadas en el país desde la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el día 1 de diciembre de 2019. Ese dato espantoso basta para trazar el mapa de una hecatombe. Claro: todo ha salido tan mal en el sexenio que la continuación de la masacre que comenzó hace ya años parece, para muchos, un asunto casi natural. La pandemia ha copado la capacidad de preocupación de las mayorías. Pero la carnicería no se detiene.

Al actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le ha resultado muy redituable, a lo largo de su carrera política, sostener una actitud de crítica y denuncia. Como candidato, como líder opositor, como autoinvestido “adalid moral”, su estrategia le permitió ganarse la simpatía de millones de ciudadanos inconformes con las administraciones del PRI y el PAN.