- Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala
- “Lo más pertinente" es otro peritaje en Cocula
- El análisis, que será el quinto en el basurero, tendrá que pactarse con los padres de los 43, a fin de saber qué ocurrió con auxilio de la ciencia, señala
La Procuraduría General de la República (PGR) quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero donde, según la primera versión oficial, fueron calcinados los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Aunque varios estudios han desechado esa hipótesis, calificada por el ex procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”, el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera, dijo que un nuevo análisis “puede ser lo más pertinente” para aclarar definitivamente un asunto que ha sido “controvertido”.
Indicó que el nuevo peritaje, que será el quinto en el basurero localizado a 30 kilómetros de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los jóvenes, tendrá que llevarse a cabo tras un acuerdo con los padres de las víctimas.
“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “Pero este es un apartado... no quiere decir que estemos detenidos solo en ello”, dijo en entrevista con The Associated Press.
El fiscal señaló que no están “aferrados a una hipótesis, aunque admitamos que tiene que esclarecerse cada cosa de lo que se dijo al respecto y ahí el trabajo de la ciencia es fundamental”.
Nuevos datos oficiales contradicen algunas de las afirmaciones del ex procurador, por ejemplo las referidas a que los teléfonos de los alumnos fueron quemados junto con los cuerpos en el basurero.
Higuera indicó que alrededor de una docena de celulares se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.
Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre las posibles rutas que tomaron los atacantes cuando detuvieron a los jóvenes, lo que, unido a la utilización de tecnología de rastreo terrestre, ha ubicado cerca de 40 puntos donde se iniciarán en breve nuevos operativos para buscar indicios sobre el paradero de los alumnos o fosas clandestinas.
Los estudiantes fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cártel de Guerreros Unidos, que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.
La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula, donde fueron calcinados en una hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. Sin embargo, expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la PGR cuestionaron la versión oficial.
Dijeron que fue sustentada en testimonios de personas con “serios indicios de tortura” y con elementos sin rigor científico, que se modificaron a lo largo del proceso sin justificación.
También cuestionaron el trabajo del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, a quien los padres de las víctimas acusaron de manipular pruebas. Zerón renunció el 14 de septiembre después de que se le abriera una investigación interna por presuntas irregularidades.
Higuera, que asumió la investigación en junio y cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de las víctimas, subrayó que su objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hasta ahora por la PGR, los expertos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, basándose en pruebas sólidas e irrefutables.
Luego de dos años todavía están prófugos actores clave del crimen y hay pruebas en poder del Ejército que no fueron entregadas a la PGR. Un total de 128 personas han sido detenidas y de ellas 70 están bajo proceso, aunque ninguna por desaparición forzada, sino por secuestro, delincuencia organizada o lavado.
La gran mayoría de los procesados son policías locales, pero también está el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, así como miembros del cártel de Guerreros Unidos.
Los expertos internacionales cuestionaron la actuación de funcionarios estatales, policías federales y militares que estuvieron al tanto de los ataques en el momento en que ocurrían.